¿ADELANTE PRESIDENTE?

Los resultados de la gestión del presidente Uribe en sus primeros cuatro años de gobierno no pueden ser más negativos tanto en lo social, como en el fortalecimiento real del aparato productivo de la economía.

COYUNTURA COLOMBIANA
Por Félix A. Posada

ECONOMÍA

¿ADELANTE PRESIDENTE?

Los resultados de la gestión del presidente Uribe en sus primeros cuatro años de gobierno no pueden ser más negativos tanto en lo social, como en el fortalecimiento real del aparato productivo de la economía.

En efecto, varios estudios que han salido en días recientes afirman , por ejemplo, que los ingresos de la mayoría de los trabajadores han disminuído en un 10,6% en los dos últimos años y que la concentración de la riqueza en una minoría privilegiada ha aumentado. De los 68 mil personas e instituciones que compran y venden acciones en la Bolsa de Valores de Bogotá , unas mil controlan más del 70% del capital de las empresas que se cotizan en la Bolsa.

En Bogotá, la ciudad más importante del país y que tiene las mayores y mejores fuentes de empleo, las situaciones de desigualdad son bastante dicientes. El 40% del dinero que se produce o que se mueve en la ciudad es propiedad del 7% de sus habitantes. El ingreso promedio del 10% de la gente más rica de la ciudad es 49 veces más grande, que el recibido por el 10% de los más pobres.

Otra investigación nos revela que los altos ejecutivos de las grandes empresas nacionales ganan unas 50 veces más dinero que los trabajadores asalariados comunes y corrientes. Solo el 2% de la población trabajadora colombiana gana sueldos superiores a los $2.600.000 mensuales, aproximadamente 1130 dólares.

La agricultura también ha sido una de las grandes perdedoras en la administración de Uribe. Según datos oficiales, mientras en 1994 se tenían 4.623.745 hectáreas sembradas en todo el país , en el 2002, cuando se posesionó Uribe , esa cifra había bajado a 3.343.072 hectáreas y para el 2005 se había reducido aún más a un total de 3.066. 311 hectáreas.

Como consecuencia de esta reducción de los cultivos, en los dos últimos años se han perdido un 9% de los empleos agrícolas, situación que seguramente se agravará cuando entre en operación el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

De lo negociado en este Tratado, que está ahora para el estudio del Congreso Norteamericano, se han venido conociendo algunos detalles significativos de las inmensas ventajas que el gobierno Uribe le entregó a ese país en áreas como la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, se le dio vía libre a la importación del maíz amarillo, el trigo, la soya, el arroz, la papa, el frijol, que los cultivadores de Estados Unidos producen con grandes subsidios o ayudas económicas de su gobierno.


Así mismo se aceptó la venta en Colombia de carne de gallinas “viejas”, carne que no tiene mercado en los propios Estados Unidos.

Este mismo caso se repite para la carne de res, ya que los negociadores colombianos tuvieron que aceptar a última hora las presiones de los norteamericanos permitiendo la importación de carne de reses viejas alimentadas con concentrados hechos a base de huesos y otros elementos de origen animal, que tienen el peligro de favorecer la transmisión de enfermedades como la de las “vacas locas”.

Mientras tanto, los industriales colombianos del azúcar que esperaban vender una cuota de 500 mil toneladas anuales de ese producto en el mercado de los Estados Unidos, han tenido que conformarse con una cuota mínima de 50 mil toneladas.

Ahora bien, la aprobación del Tratado en el Congreso de los Estados Unidos no es cosa segura. En Noviembre próximo habrá elecciones para renovar la Cámara de representantes y parte del Senado y es muy probable que el partido de oposición, el Demócrata, retome el control de la Cámara. Los Demócratas, en general, no han sido muy amigos de aprobar tratados de libre comercio , que según ellos, perjudican los intereses de los trabajadores sindicalizados de su país.

Al vencerse el 31 de diciembre de este año el acuerdo llamado “APTDEA”, mediante el cual los Estados Unidos le permitía a los países andinos, entre ellos Colombia, vender en esa nación sin pagar impuestos de importación una gran cantidad de productos que en el caso nuestro comprendían artículos como los textiles, las confecciones de ropa, los cueros, las flores, etc, y no tener aprobado en el Congreso Norteamericano para esa misma fecha el Tratado de Libre Comercio como es la situación más probable, los exportadores colombianos tendrán que entrar a pagar impuestos y esto los obligará a subir precios y tal vez a empezar a perder clientes ante las ofertas más baratas de competidores de otros paises.

Recordemos que el APTDEA fue una especie de premio que el gobierno de los Estados Unidos le dio a los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, por cumplir al pie de la letra las políticas norteamericanas sobre represión al narcotráfico. Pero como ya ha quedado claro por parte de la administración Bush no hay ninguna posibilidad de que el APTDEA sea renovado.

El presidente Uribe , que está muy ligado política y económicamente a los intereses de los textileros e industriales de la ropa de Antioquia, ha intentado acelerar el trámite de la aprobación del tratado, pero la única ayuda que ha recibido en ese sentido del gobierno norteamericano es la promesa de que todos los impuestos que paguen los exportadores colombianos a partir del 1 de enero de 2007 , les serán devueltos una vez sea aprobado el tratado en el congreso de los Estados Unidos.

De todas estas realidades se deduce, se concluye, que el saldo social neto para nuestro país será bastante desfavorable. Se perderán, por uno u otro motivo miles de empleos tanto en el campo, como en las ciudades, situación que agravará la precariedad de un mercado laboral donde el 61% de los empleos son empleos temporales, sin ninguna garantía de seguridad y estabilidad para los trabajadores.

En contraste, la administración Uribe solidaria con los empresarios agrícolas que pueden ver afectados sus intereses económicos con el Tratado de libre comercio, ha reservado en el presupuesto del 2007 una partida de subsidios o donaciones de 200 mil millones de pesos= aproximadamente 87 millones de dólares , que desde ahora ha creado un intenso forcejeo entre los gremios que quieren llevarse una parte de ese jugoso botín.


CON MANO DURA

La reforma tributaria presentada por el gobierno a consideración del congreso ha sido recibida con críticas y protestas no solo de los sectores de la oposición, sino también de una parte de los propios aliados de Uribe. Las principales cargas de impuestos en esta reforma están dirigidas a la clase media y a los sectores más pobres de la población, mientras que los grandes empresarios se ven favorecidos con nuevas exenciones o reducciones en el pago del impuesto de renta al poder deducir o descontar del mismo, por ejemplo, el costo de las maquinarias, de los equipos que hayan comprado supuestamente para aumentar su producción.

Entre tanto, la ampliación del impuesto del IVA= Impuesto al valor agregado a una nueva serie de artículos de diario consumo de los grupos o estratos populares, recorta aún más la poca capacidad de compra de estos sectores. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acosado por los líderes Uribistas en el Congreso aceptó a regañadientes sacar de la lista del IVA a productos alimenticios básicos como la carne, los huevos, la leche, las papas, el arroz, pero insistió en aplicar el tributo a decenas más que aunque no son tan básicos como estos, si son importantes en la canasta familiar.

Además, la clase media, fiel sostenedora del proyecto político del presidente y de su triunfante reelección, se vió recompensada por el gobierno con tarifas o porcentajes de descuento más altos en el llamado impuesto de retención en la fuente , que se aplica a los sueldos que pasan de determinada cantidad de dinero . Además, el Ministro plantea no seguir reconociendo ciertas deducciones o descuentos que estos grupos de clase media tradicionalmente han tenido por los aportes obligatorios y voluntarios que hacen a los fondos de pensiones o por las deudas que han contraído para adquirir vivienda.

El chaparrón de impuestos también quiere afectar los intereses de las Fundaciones y Asociaciones que se dedican a impulsar la cultura y el arte en el país, eliminando las exenciones o perdones de impuestos que desde años atrás se concedían a las empresas privadas que donaban dinero para financiar actividades como el cine, el teatro, la música, etc. En esa misma lógica, el Ministro pretende desmontar la ley de apoyo al cine nacional impidiendo en la práctica que los directores y productores nacionales puedan seguir contando con los auxilios económicos que el Estado les estaba entregando para el fomento de ese arte tan importante en el país.
No contentos con estos atropellos, los técnicos del Ministerio han propuesto que se empiece a cobrar el impuesto a la renta a todo tipo de fundaciones, de corporaciones y de asociaciones sin ánimo de lucro , que en su mayoría desarrollan programas sociales entre poblaciones empobrecidas, vulnerables, excluídas, a quienes el Estado ni atiende, ni acompaña en sus necesidades y carencias.

Mientras tanto el clientelismo político y la corrupción en las instituciones del gobierno continúan en medio de la complicidad del presidente y de sus altos asesores, quienes de labios para afuera condenan todas estas prácticas, pero de labios para adentro las usan cada vez con mayor atrevimiento para consolidar alianzas y ganar respaldos para su gestión administrativa.

Las luchas, las trifulcas entre los partidos y grupos que hacen parte de la coalición política que respalda a Uribe, se han intensificado en estos meses, como consecuencia natural del deseo de sus líderes de ver recompensadas su “lealtad” con la dirección o control de los ministerios y organismos del Estado más “jugosos “ burocrática y financieramente .
El objetivo real de muchos de ellos no es solo aprovechar clientelistamente esas instituciones del gobierno, sino la de irse fortaleciendo para quedar en la posición más ventajosa posible con miras a las futuras elecciones presidenciales del 2010.

Pero todas estas maniobras, intrigas y luchas de poder tienen un costo altísimo para la nación que se refleja en obras públicas mal diseñadas o peor construidas, en servicios sociales que no se prestan o se prestan deficientemente, en la negligencia, incompetencia y desinterés de muchos funcionarios que no se sienten responsables de su trabajo ante la ciudadanía, sino ante el patrón o “cacique” a través del cual consiguieron su empleo.
No es de extrañar entonces, que la suma de todo este quehacer político corrupto le cueste al Estado y a los paga impuestos no menos de 2 billones de dólares anualmente.

De otro lado, el presupuesto del gobierno nacional para el año 2007 muestra un gran aumento de la llamada “inversión social”, pero al revisar con más detenimiento las partidas solicitadas por ese concepto buena parte de las mismas están destinadas a reforzar las prácticas clientelistas del Estado en forma de mayores subsidios o donaciones económicas a algunos sectores de la población, de programas asistencialistas a los más pobres, que son controlados u operados por los subalternos políticos de los jefes de los distintos movimientos Uribistas , compra de armas, etc.

En efecto, el presupuesto suma un total de 117 billones de pesos= 50.800 millones de dólares aproximadamente, de los cuales el 49,5% serán destinados a los gastos de funcionamiento, incluyendo dentro de ellos el pago de las pensiones a los empleados públicos y afiliados del Instituto de los Seguros sociales por un valor cercano a los 9 billones de pesos= 3900 millones de dólares; las transferencias a los municipios y departamentos para cubrir los costos de los maestros y empleados del servicio de salud y los gastos militares.

Estos últimos ascienden a unos 6 billones de dólares y si se compara esta cifra con la que existía en el 2002 tendremos que han crecido en los cuatro años del gobierno de Uribe más de un 30%. De hecho, el número de miembros de las Fuerzas militares y de policía ha aumentado en este período en más de 120 mil, pasando de 280 mil en el 2002 a cerca de 415 mil para este 2006.

El 34% del presupuesto del año 2007 se destinará a amortizar, a cubrir intereses y capital de la gigantesca deuda externa e interna que acumula el Estado. La deuda con los bancos y prestamistas colombianos sube a unos 108 billones de pesos en la actualidad= 47 mil millones de dólares y sigue creciendo año tras año, volviéndose en la práctica impagable. Esta dependencia del gobierno de la financiación de los banqueros nacionales explica la gran solidaridad que los altos funcionarios de la administración muestran hacia los intereses, reclamos y demandas de ese sector de la economía.

La deuda con bancos y prestamistas del exterior asciende a unos 68 billones de pesos= 29.500 millones de dólares. Todo esto quiere decir que el Estado arrastra una deuda total interna y externa de más de 76 mil millones de dólares, que ni siquiera 10 reformas tributarias como la que hoy se propone alcanzarían a cubrir.

Para la inversión social queda un 16,5% del presupuesto, pero como lo decíamos anteriormente en este porcentaje están incluidos los 200 mil millones de pesos de subsidios a los sectores perjudicados por el Tratado de Libre Comercio; más de 2 billones de pesos= 870 millones de dólares que el gobierno afirma que destina para subsidiar el precio de la gasolina , gasolina, cuyo precio al público sube implacablemente mes a mes; y varios billones de pesos que se irán a invertir en programas asistencialistas que pretenden en vano solucionar los problemas de hambre y de miseria de millones de colombianos.


REMATE AL MEJOR POSTOR

Los sectores estratégicos, más importantes de la economía nacional , están cayendo en manos de los inversionistas extranjeros, ante el afán del gobierno por deshacerse de sus empresas e industrias y las políticas que se han trazado para favorecer la entrada de los capitales internacionales al país.

Ahora bien, los inversionistas más que invertir en la creación de nuevas empresas y de fuentes de trabajo productivo, se han limitado a apoderarse de las empresas que están funcionando con buenos rendimientos económicos y un mercado asegurado. Así, por ejemplo, se han apoderado del grupo cervecero “Bavaria”, de la compañía de tabaco “Coltabaco”, de la refinería de Cartagena que era propiedad de “Ecopetrol”, de la compañía estatal de comunicaciones “Telecom”, de bancos como “Granahorrar”, etc.

En esta oleada de entregas a los capitales internacionales privados , el gobierno Uribe ha manifestado su voluntad de privatizar a la empresa más rentable del país, “Ecopetrol”, sacando a la venta en la bolsa de valores un 20% de sus acciones. “Ecopetrol” aportó a las rentas del Estado el año pasado unos 7 billones de pesos= 3040 millones de dólares, suma equivalente a lo que se pretende recoger con la nueva reforma tributaria. El gobierno alega que la privatización de la empresa es necesaria para darle “capital fresco”, dinero de los nuevos inversionistas , para que pueda explorar con mayor intensidad posibles yacimientos petroleros en el país, ante la posibilidad muy cierta de que en el año 2012 pasemos de ser exportadores a importadores de ese mineral.

Lo que callan los funcionarios del gobierno es que al entrar los inversionistas privados, así sea inicialmente con un 20% de las acciones, las utilidades de la empresa que antes se giraban a la tesorería del Estado, serán administradas para provecho propio por parte de los nuevos dueños de “Ecopetrol”.

Esa misma intención de favorecer a los grandes empresarios privados es visible en el anuncio de la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales .El Ministro de Protección Social, Diego Palacios, ha afirmado que en las condiciones actuales el Instituto no puede continuar por las grandes pérdidas económicas que arrastra. La solución podría ser crear una nueva institución o varias instituciones que no tuvieran las cargas financieras que pesan sobre la actual.

Pero en la práctica lo que se busca es crear las condiciones para que los más de 4 millones de afiliados en salud y pensiones se vean obligados a retirarse de este sistema estatal de seguridad pública y pasen a engrosar la nómina de clientes de las empresas y fondos privados de salud y de pensiones.

Que el negocio de la seguridad social para los capitalistas nacionales e internacionales es un negocio excelente lo demuestran hechos como el crecimiento desmesurado en propiedades y ganancias de varias empresas de salud o el que los fondos privados de pensiones y de cesantías se hayan convertido en los principales inversionistas del país con más de 60 billones de pesos= 26000 millones de dólares acumulados.

Además, estos fondos privados están protegidos por la ley del embudo: Las ganancias son para sus propietarios, las pérdidas para los usuarios. Ante la caída de la Bolsa de valores de Bogotá, los usuarios de los fondos, según los directivos de los mismos, perdieron más de 2 billones de pesos= 870 millones de dólares, mientras que los propios fondos sumaban utilidades por 94 mil millones de pesos= 40 millones de dólares.



POLÍTICA


EL GOBIERNO DE LOS COMPADRES

El triunfo amplio obtenido por Uribe en la reelección y el control mayoritario del Congreso que supuestamente consiguió hacían creer que su segundo mandato se iniciaría sin muchos contratiempos, ni dificultades políticas. Pero, a juzgar , por la suma de escándalos de corrupción que han afectado a altos funcionarios del Estado y a las fuerzas militares y por los enfrentamientos internos dentro de los propios partidos y movimientos Uribistas , la imagen de un presidente fuerte y de un amplio prestigio popular empieza a desmoronarse.

Funcionarios del Estado, como el superintendente de notarías, “compadre” de Uribe, han debido renunciar acusados de haber montado una red de extorsiones en dinero y en especie con los notarios del país para favorecer, por ejemplo, la campaña electoral de su hermano, el actual presidente de la Cámara, Alfredo Cuello.

En el Ejército , una sucesión de denuncias y de hechos delictivos comprobados como la masacre de policías efectuada por miembros de un batallón de alta montaña en el departamento del Valle cumpliendo órdenes de capos del narcotráfico,; el asesinato de campesinos que luego eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate por oficiales del departamento de Antioquia; la intervención criminal de algunos de sus miembros en ajustes de cuentas del mundo de la mafia en Barranquilla ; las torturas a que eran sometidos en su entrenamiento militar jóvenes reclutas en el departamento del Tolima, que siempre eran calificados por los comandantes como “hechos aislados” han terminado por poner en duda ante la opinión pública los procesos de reorganización que se han dado en las fuerzas militares siguiendo la política de la “seguridad Democrática”.

Pero el incidente que demostró el grado total de corrupción a que se ha llegado en algunos círculos del Ejército, fue la denuncia hecha por varios medios de comunicación , que tras una serie de investigaciones comprobaron que buena parte de los atentados terroristas cometidos en Bogotá y en sus alrededores en los días anteriores a la segunda toma de posesión del presidente Uribe, habían sido organizados por oficiales de la brigada de la capital para ganar méritos en sus hojas de vida y de paso cobrar las recompensas por la oportuna denuncia de los mismos.

Uribe, ha puesto en duda las denuncias de los medios de comunicación alegando que no existen pruebas para condenar a los oficiales y por el contrario ha reclamado de los medios el “no filtrar estas informaciones al público”, porque le hacen daño a los procesos de investigación que adelanta la Fiscalía, lo que en la práctica significa una invitación a que la prensa se autocensure en materias que afectan el prestigio del gobierno y de las fuerzas armadas.

Ahora bien, como lo manifiestan muchos observadores esta serie de actos de corrupción entre los militares , parecen una consecuencia lógica de las exigencias que Uribe ha descargado sobre la oficialidad, los soldados y policías rasos para cumplir los indicadores de gestión, los resultados que se les piden en la estrategia de seguridad democrática.
Los ascensos entre los oficiales se están concediendo a quienes puedan ofrecer mayor número de “positivos” en sus hojas de vida, es decir a los que muestren un mayor número de guerrilleros muertos en combate o atentados terroristas desmontados, etc. Además , las recompensas en dinero que se entregan a los informantes civiles ha creado una red de complicidades entre informantes y oficiales, para denunciar y cobrar recompensas por hechos que no se han producido o que se han “ fabricado” para ganarse el dinero que el gobierno ofrece.

De otro lado, Uribe reforzó su gabinete o equipo de ministros con dos “pesos pesados” de los partidos que lo acompañaron en la campaña de la reelección: Juan Manuel Santos, codueño del principal periódico del país, “El Tiempo”, primo del vicepresidente y jefe del llamado “Partido de la U”, formado en su mayoría por ex integrantes del Liberalismo y que se presume son el grupo más cercano políticamente al presidente;
Carlos Holguín, ex senador del Valle del Cauca, presidente del Partido Conservador y firme aliado de Uribe a lo largo de los primeros cuatro años de gobierno.

Santos fue nombrado ministro de Defensa y Holguín, ministro del Interior. Ambos no han ocultado su ambición de ser los sucesores de Uribe en el 2010 y los nuevos cargos les pueden servir para ganar imagen y credibilidad entre la llamada opinión pública.

Sin embargo, el terreno aparentemente ganado por estos líderes ha despertado las suspicacias, los temores de otros posibles candidatos a la presidencia dentro de la coalición Uribista, como el senador Germán Vargas, jefe del partido “Cambio Radical”, que empiezan a ver en estos y otros nombramientos una parcialidad del presidente en contra de sus aspiraciones. Esto explica, entonces, que Vargas haya hecho alianza con el Liberalismo en varias votaciones claves en el Congreso y que en algunas entrevistas haya insinuado la posibilidad de regresar a ese partido antes de las elecciones del 2010, rompiendo la actual coalición de gobierno.

En el propio partido de la U , las divisiones, rivalidades y maniobras clientelistas, han llevado a que se rompa la unidad de la bancada en el congreso y algunos de sus miembros voten a favor de los intereses de otros movimientos para seleccionar , por ejemplo, los miembros de la nueva Corte Electoral. Estas deserciones fueron además recompensadas por los movimientos favorecidos con “ regalitos” no inferiores a los 30 millones de pesos= 13 mil dólares para cada uno de los desertores.

Uribe, quien había prometido acabar con la politiquería y la corrupción en su gobierno, ha hecho de su administración un escenario de todo tipo de transacciones y operaciones clientelistas. Incluso, los grupos que habían sido expulsados de la campaña reelectoral por su presunta conexión con los dineros del paramilitarismo, fueron reintegrados a la coalición de gobierno con todos los honores, entregándoseles altas posiciones en institutos y ministerios.

Mientras tanto, el Partido Liberal bajo la conducción del ex presidente César Gaviria, está demostrando desde la oposición solidez y claridad en sus actuaciones como bancada en el Congreso , aprovechando con habilidad las divisiones internas del Uribismo y planteando debates contra las políticas del gobierno eficaces, bien estructurados
El Polo Democrático, por el contrario, está enfrascado en una serie de luchas internas entre sus diferentes sectores ante la próxima realización de su Congreso Nacional. Cada vez son más visibles las diferencias entre el sector que lidera el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón y los que encabezan los senadores Gustavo Petro y Jorge Robledo.

Garzón, ha declarado que de ser candidato a la presidencia en el 2010, buscaría armar o crear una coalición de centro, moderada, que no apareciera como opuesta radicalmente a las políticas de Uribe, sino como promotora de unas nuevas políticas sociales similares a las que ha impulsado desde la alcaldía.

Petro, por su lado, ha cuestionado las políticas sociales del alcalde Garzón en Bogotá, expresando que no han representado el cambio que esperaba un buen sector de la ciudadanía identificado con los planteamientos del Polo y que por el contrario se han limitado a ser la continuidad de las llevadas a cabo en anteriores administraciones.

En la práctica, lo que parece estarse produciendo es un alejamiento del alcalde Garzón del Polo Democrático y un acercamiento a otros partidos como el Liberalismo y una aceptación de ese alejamiento por parte de otros sectores del Polo, que desean presentar una propuesta política en el 2010 más identificada con los planteamientos de líderes como Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia.


EL PARA-ISO DE LOS PARAS

Tal como se preveía el gobierno Uribe a través de la expedición de unos decretos, volvió a concederle a los jefes paramilitares los generosos beneficios que les daba la mal llamada ley de “Justicia y Paz” aprobada por el gobierno y que habían sido invalidados por la Corte Constitucional.

Para disimular el desconocimiento que se hace de la sentencia de la Corte, y tratando de aplacar las presiones de la embajada de los Estados Unidos, Uribe ordenó que los comandantes de las “Autodefensas” se concentraran en un campamento vacacional del oriente del departamento de Antioquia. Con esta medida también se evita que los medios de comunicación siguieran publicando o divulgando imágenes y noticias de los derroches de lujo y de consumo que estaban haciendo algunos jefes paramilitares en clubes sociales, centros comerciales, hoteles, etc, que ponían en evidencia la legitimación que el gobierno estaba haciendo de sus poderes y riquezas conseguidas criminalmente en la guerra y en el narcotráfico.

Los nuevos decretos no exigen de los jefes paramilitares la confesión plena de todos sus delitos, ni someten a esta exigencia de la confesión plena el derecho a tener una pena alternativa máxima de ocho años de prisión por todos sus crímenes como lo pedía la sentencia de la Corte Constitucional.

Además, el gobierno deja a la libre voluntad de los procesados el indemnizar con sus bienes legales e ilegales a las víctimas y les concede el beneficio de descontar de la pena alternativa el tiempo que han estado concentrados en Santafé de Ralito y ahora en La Ceja durante esta negociación. Se insiste en que las penas alternativas podrán pagarse en colonias agrícolas y no en cárceles de alta seguridad.

Para completar las ventajas legales, la administración Uribe les renueva su reconocimiento como delincuentes políticos y de esta manera les otorga un seguro contra la amenaza de extradición a los Estados Unidos, donde la mayoría de los comandantes paramilitares están acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.

Ahora bien, pese a todo este cuadro jurídico favorable algunos jefes “paracos” se han mostrado renuentes, poco diligentes para aceptar la orden de concentración en el campamento vacacional expedida por el gobierno.

Por ejemplo, “Jorge 40”, líder de los paramilitares del Cesar, Magdalena y Guajira, exigió y obtuvo la presencia de una comisión del Congreso para cumplir la orden del gobierno. No es extraña esta solicitud si se entiende el inmenso poder político y económico que tiene este “comandante” en esas regiones de la Costa Atlántica y las relaciones de compadrazgo y amistad que mantiene con muchos de los políticos Uribistas de esa zona.

Una serie de documentos incautados a uno de sus subalternos ha dejado al descubierto su autoría intelectual en una cadena de asesinatos cometidos contra dirigentes sindicales, maestros, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios en Barranquilla y otras ciudades, así como la red de extorsiones y negocios montadas alrededor de los presupuestos de varios municipios e instituciones oficiales.

Otro de los remisos a cumplir la orden de concentración expedida por el gobierno es Vicente Castaño, que según la confesión de algunos de sus antiguos hombres de confianza, fue el autor intelectual de la muerte de su hermano Carlos Castaño, ex jefe político de las “Autodefensas” en el país.

El asesinato fue aprobado por los demás comandantes ante el temor de que Carlos Castaño negociara con el gobierno de los Estados Unidos una serie de garantías para él y su familia más cercana, a cambio de denunciar las actividades, rutas de exportación, contactos en el exterior que en su calidad de narcotraficantes tenían sus antiguos colegas.

Uribe, al insistir en el cumplimiento de los puntos acordados en la negociación de Santafe de Ralito con los jefes paramilitares, desafiando las advertencias y los comentarios de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que han calificado esa negociación y la ley de “justicia y paz” como unos procesos fraudulentos que les conceden la impunidad por sus crímenes y les otorgan legitimidad política y social a estos verdaderos “señores de la guerra” , corre dos riesgos graves:

a)Perder el apoyo del Congreso de los Estados Unidos para nuevos planes y programas del gobierno , si los Demócratas como se presume se hacen al control de la Cámara de representantes en las elecciones del mes de noviembre . Dentro del partido Demócrata, que es el partido de oposición al presidente Bush , hay un fuerte núcleo de líderes que han denunciado y condenado las políticas de derechos humanos de la administración Uribe.

b)Que ante la falta de voluntad del gobierno para castigar los crímenes cometidos por los paramilitares y para cumplir con el proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas, sean denunciados tanto el presidente Uribe como los jefes paramilitares ante organismos como la Corte Penal Internacional en los próximos años.


Hay también un hecho cierto: Si verdaderamente se tratara de desmantelar el aparato paramilitar como alega la propaganda oficial y de dar un paso real en la consecución de la paz para el país, podrían aceptarse algunas de las concesiones jurídicas que se les han hecho a los jefes de esos grupos.

Pero el proceso de negociación no va en esta dirección. Por ejemplo, se ha sabido que algunos de los jefes paramilitares han dado instrucciones a varios de sus subalternos más cercanos para que mantengan las actividades de control y vigilancia armada de los territorios que están en su poder con una parte de las tropas que supuestamente ya se desmovilizaron.

Además ,mediante la utilización de testaferros y documentos ficticios o falsos de compra venta en las notarías , han ocultado la mayoría de sus propiedades para eludir o no cumplir las demandas de reparación e indemnización a las víctimas que les pudiera hacer la justicia colombiana.

Igualmente, se han cuidado de desaparecer testigos o pruebas que puedan involucrarlos en las masacres y demás crímenes que cometieron gentes armadas a su servicio.
En estas condiciones, los únicos ganadores del proceso serán estos “Señores de la Guerra”, a quienes el gobierno Uribe les está facilitando el camino para que se incorporen sin tapujos y disfraces, sin intermediarios ni emisarios, como parte clave de la clase dominante del país tras el “purgatorio” de las penas alternativas pagadas en condiciones de privilegio.

Con muy pocas excepciones estos “Señores de la guerra” hacen también parte de los carteles que manejan el narcotráfico en Colombia y esto explica lo que muchos comentaristas afirman: Que este proceso de negociación equivale al triunfo de la cultura mafiosa en la nación con todas las terribles consecuencias que este triunfo significa.


¿QUE SE PUDRAN?

El gobierno a pesar de las declaraciones que el presidente hace una y otra vez de su buena voluntad para concretar el intercambio humanitario entre los políticos y militares secuestrados por el grupo guerrillero FARC desde hace más de cuatro años y algunos de los comandantes de esa organización presos en las cárceles del Estado , ha vacilado en dar pasos efectivos que ayuden a satisfacer las condiciones exigidas por los rebeldes para hacer ese canje.

Las FARC, a su vez, no se han mostrado tampoco muy flexibles a las presiones y llamamientos de los familiares de los secuestrados y de los intermediarios que han tratado de facilitar el acuerdo entre gobierno y guerrilla.

Tal vez el temor de Uribe a emprender un diálogo directo con las FARC sea el de que esta situación le devolvería protagonismo político al grupo subversivo , a quien ha tratado reiteradamente de ser solo una organización de “bandidos narco terroristas”.

Sin embargo, las renovadas presiones nacionales e internacionales para que se produzca el anhelado canje y la intermediación del ex candidato Alvaro Leyva solicitada por el presidente pueden crear las condiciones para que empiecen los diálogos entre las partes y se resuelva de una vez por todas este caso que revela la profunda crisis humanitaria , de la vigencia de los derechos humanos,que padece el país.

Mientras tanto, aunque el gobierno de los Estados Unidos renovó la ayuda para el llamado “Plan Colombia” con aportes de 700 millones de dólares anuales, los resultados del plan han sido fuertemente cuestionados, puestos en duda, por instituciones y sectores políticos norteamericanos.

El Plan pretendía , de un lado, disminuír los cultivos de coca en el país y reducir , entonces , la cantidad de cocaína exportada desde Colombia a los Estados Unidos y Europa. Con esta reducción de los cultivos y de las exportaciones se le quería dar un fuerte golpe económico a las FARC , que tienen en el narcotráfico una de las mayores fuentes de financiación.

Del otro, también se quería fortalecer a las fuerzas militares y de policía del Estado Colombiano para que se apoderaran de territorios en el Sur del país , que en los últimos años han estado bajo el control de los grupos guerrilleros..

En el primer aspecto, los resultados no son muy positivos. Si bien los cultivos han disminuido en regiones como Putumayo, se han extendido a otros departamentos, donde se están sembrando nuevas y más productivas variedades de la planta de coca
Las fumigaciones han sido costosas, ineficaces y peligrosas para la vida animal y vegetal de muchas regiones.

Colombia continúa siendo el primer productor mundial de cocaína. El año pasado se exportaron unas 850 toneladas de esa sustancia, lo que representa , incluso, un aumento con relación a la producción de años anteriores.

En cuanto a los operativos militares contra la guerrilla de las FARC, como el llamado “Plan Patriota”, los resultados tampoco han sido los esperados por las autoridades de Colombia y de los Estados Unidos. Las FARC han logrado resistir la ofensiva, cambiando de estrategias y de tácticas para evitar los enfrentamientos a campo abierto donde las tropas oficiales tienen todas las ventajas militares. De hecho, siguen controlando áreas del Caquetá, el Putumayo, el Guaviare, la Costa Pacífica y ahora están intentando copar algunas zonas donde los paramilitares se han desmovilizado parcialmente o se han replegado.

El gobierno y las FARC insisten en sostener una guerra de desgaste, que no puede dejar a ningún bando como vencedor, porque se ha llegado a un punto en el que ni las tropas del Estado pueden derrotar totalmente a las fuerzas de la guerrilla, ni mucho menos, esta tiene el poder militar y político para tomarse por la vía de las armas el control del Estado.

Tarde o temprano se impondrá una negociación entre las partes, pero mientras tanto el país y la población civil seguirán pagando el costo del enfrentamiento. Algunos estudios hablan de que la guerra le cuesta a Colombia anualmente cerca de 5 mil millones de dólares representados en la pérdida de cultivos, secuestros, extorsiones, daños a construcciones civiles, desplazamientos, paros armados, etc.

En relación con el segundo grupo guerrillero, ELN, continuan los pre diálogos en Cuba entre los representantes del grupo y del gobierno. El presidente está interesado en que se aceleren las conversaciones, porque tales avances le permitirían manejar políticamente las concesiones y favores jurídicos entregados a los paramilitares , mostrándose como un gobernante justo y equilibrado que habla y negocia por igual con las organizaciones armadas de extrema derecha y extrema izquierda.

El ELN, aunque no está derrotado militarmente, tampoco tiene el poder para convertirse en una amenaza seria a la estabilidad del Estado. En algunos departamentos como Arauca sostiene una sangrienta lucha con las FARC por el control del territorio. En estas circunstancias, sufriendo el acoso de los paramilitares y de las propias FARC, es lógico que la Comandancia central de la organización explore salidas políticas como una posible negociación con el Estado para tratar de salvar, así sea en parte, su vigencia y protagonismo políticos.








MOVIMIENTO POPULAR


CON EL CORAZÓN PARTIDO

En estos meses se han incrementado las amenazas a los activistas de derechos humanos en el país como lo han denunciado varias organizaciones nacionales e internacionales. Los asesinatos selectivos contra líderes populares, campesinos, indígenas, se han seguido produciendo en medio de la indiferencia de las altas autoridades del Estado, que en el mejor de los casos se pronuncian condenando el hecho y anunciando “investigaciones exhaustivas” que no conducen a ningún resultado concreto.

Muchos de estos crímenes son cometidos por grupos paramilitares que cuentan con la complicidad o el auxilio de ciertos sectores de las agencias de seguridad del Estado, como quedó denunciado en el escándalo que hace unos meses le costó su cargo al director de la policía de seguridad del gobierno , “DAS”.

Los documentos hallados en un computador de propiedad de uno de los subalternos del jefe paramilitar de la Costa Atlántica, “Jorge 40”, son también muy dicientes de la influencia y poder que estas organizaciones armadas irregulares tienen en las estructuras administrativas del Estado y de la forma como se han convertido en los jueces supremos de las regiones condenando a muerte a todas las personas a quienes consideran ideológica y políticamente contrarias a sus intereses.

El presidente Uribe y el Vicepresidente Santos no se cansan de afirmar en cuanta oportunidad se les presenta que la situación de derechos humanos en el país ha mejorado en relación a la situación que se presentaba en el 2002. Presentan estadísticas como, por ejemplo, la disminución del número de asesinatos, de secuestros, de masacres en el 2005 para tratar de comprobar sus afirmaciones.

En realidad tras esa disminución en las estadísticas se oculta un hecho incontrastable: Que en las principales ciudades del país, en los sectores populares urbanos, existe un control político y social muy intenso de los grupos paramilitares y sus aliados. Tras unos años de guerra y de duros enfrentamientos, los paramilitares han establecido su propia paz en esos barrios.

Mientras tanto, en algunas regiones donde abundan los cultivos de coca y el dominio territorial no es tan claro por parte de los paramilitares las tasas de asesinatos, desapariciones continuan siendo muy altas.

En esas regiones como Nariño, Costa Pacífica, Catatumbo, la complicidad entre las tropas del Ejército y los paramilitares ha sido total a juzgar por algunos testimonios y denuncias que se han publicado en ciertos medios de comunicación.

No resulta extraño, entonces, que el Estado colombiano venga siendo condenado reiteradamente por la Corte Interamericana de Justicia , en una serie de procesos iniciados por familiares de las víctimas de masacres y asesinatos cometidos por grupos paramilitares en varias regiones de la nación.
Es hora de escuchar a las víctimas de esta inmensa crisis humanitaria, social y política que ha padecido el país en estos años. Las cifras son significativas:
8.449 personas han sido asesinadas en masacres desde 1993;
844 indígenas, 433 maestros, 419 sindicalistas, 243 concejales, 28 periodistas, 74 alcaldes asesinados desde el año 2000;
7600 desparecidos desde 1993;
Más de 2 millones de desplazados

De otro lado, es necesario precisar que la desmovilización de los grupos paramilitares publicitada por el gobierno, no ha pasado de ser en ciertas zonas una inocentada. Estos grupos , bajo otro nombre y nuevos líderes, continúan operando abiertamente , seducidos, atraídos por las inmensas ganancias que les reportan actividades como el narcotráfico. En algunos casos se ha denunciado una verdadera connivencia o acuerdo de negocios entre paramilitares, guerrilleros, carteles mafiosos y autoridades del Estado para repartirse el mercado y las ganancias de esa actividad que le produce una entrada anual a la economía nacional superior a los 3 mil millones de dólares.


La tarea de vigilancia y monitoría de los derechos humanos cumplida por la misión de las Naciones Unidas en Colombia ha sido vista con suspicacia y “mala leche” por los altos funcionarios del Estado, que juzgan sus denuncias y recomendaciones como parcializadas en contra del gobierno e indiferentes a los logros y avances que supuestamente la administración Uribe ha hecho en estas materias.

Esto explica, entonces, las presiones del gobierno colombiano para que la misión de las Naciones Unidas pierda ese carácter de vigilancia y monitoría y se convierta en una oficina “asesora” de la administración Uribe en el tema de los derechos humanos. Por ahora y tras muchas negociaciones el gobierno ha aceptado la continuación de la misión por un año , pero la intención del presidente y el vicepresidente es muy clara: Acallar, silenciar voces internacionales como las de la misión de las Naciones Unidas , que se han convertido en voces de denuncia incómodas para un gobierno que está interesado en ocultar las realidades terribles de intimidación y muerte que se siguen viviendo en grandes zonas del país.