EL PARA-ISO ECONÓMICO DE URIBE

Los grandes empresarios del país, en términos generales, han tenido un año 2006 de plena bonanza en sus negocios. Así lo ratifican las cifras de la tasa de crecimiento económico anual que llegan al 6% y el aumento en las utilidades o ganancias de bancos, industrias, supermercados y centros comerciales.

COYUNTURA COLOMBIANA
Por Félix A. Posada


ECONOMÍA

EL PARA-ISO ECONÓMICO DE URIBE

Los grandes empresarios del país, en términos generales, han tenido un año 2006 de plena bonanza en sus negocios. Así lo ratifican las cifras de la tasa de crecimiento económico anual que llegan al 6% y el aumento en las utilidades o ganancias de bancos, industrias, supermercados y centros comerciales. La devaluación del dólar ante el peso colombiano ha permitido la entrada a Colombia de todo tipo de mercancías creándose un desequilibrio en la balanza comercial porque es mucho más lo que el país compró en el exterior, que lo que vendió en esos mercados. Pero este dato poco le importa a los altos funcionarios del gobierno que celebran la buena salud de la economía nacional.

Sin embargo, tras esa aparente buena salud se ocultan una serie de enfermedades graves.
La primera, está representada por la inmensa cantidad de dólares que se están “lavando” o reciclando en los círculos financieros procedentes del narcotráfico y de los jefes paramilitares y que algún funcionario calculó en más de 5 mil millones de dólares anuales. Esto explica, en gran parte la pérdida de valor del dólar y la profusión, la abundancia de compras y de ofertas en sectores como la construcción de vivienda lujosa, centros comerciales, automóviles, hotelería y turismo, etc.

Los dólares “lavados” se suman a los que han ingresado al país como consecuencia de la venta de empresas estatales y privadas a grupos de capitalistas internacionales y los que se han recogido por los altos precios de materias primas como el café, el oro, el carbón y el petróleo.

La presente bonanza, entonces, está montada sobre bases muy frágiles. De hecho, los capitalistas extranjeros ya han adquirido las principales empresas de la nación y la administración Uribe ha decidido vender la joya de la corona, la empresa más rentable que le quedaba, “Ecopetrol”, para terminar de cumplir los mandatos neoliberales promocionados por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales.

Los dineros recogidos por la venta de empresas y bancos del Estado, que suman más de 3.800 millones de dólares, se están gastando a manos llenas por el gobierno, no solo para la financiación del presupuesto de las fuerzas armadas, sino para montar programas de subsidios sociales que sin solucionar las verdaderas causas de la pobreza, le ofrecen una solución parcial, pasajera a algunos grupos populares. A la vuelta de pocos años este dinero habrá desaparecido y la única alternativa de los funcionarios estatales será, entonces, apelar a nuevos préstamos que profundizaran el endeudamiento de la nación.



La segunda enfermedad que se oculta tras la aparente bonanza es la profunda desigualdad que existe en la sociedad colombiana, entre una minoría privilegiada que goza de todos los lujos y placeres que da la riqueza y una mayoría empobrecida que se debate día a día entre la pobreza y la miseria. La propia Administración de Impuestos Nacionales ha confirmado que el impuesto de patrimonio que están obligados a pagar los colombianos poseedores de fortunas de más de 3 mil millones de pesos= 1.400.000 dólares, solo lo pagarán 1.500 ciudadanos y unas 5.000 empresas.

Las cifras oficiales, bastante maquilladas por cierto, reconocen un 46,5% de la población colombiana en la pobreza, mientras que estudios independientes hablan de porcentajes que alcanzan el 65%.

Mientras los tres hombres más ricos del país ganan por día más de 800 mil dólares, cerca de 22 millones de colombianos no alcanzan a ganarse 2 dólares, es decir $ 4.200,oo.

El presente gobierno se ha limitado a bendecir esta situación y a ofrecerle a los grandes empresarios del país y del exterior las mejores condiciones posibles para acelerar la acumulación de sus capitales, en la falsa creencia que este crecimiento de la riqueza en manos de unos pocos a la larga beneficiará a toda la población. Precisamente esta tesis o planteamiento de la escuela económica neoliberal ha fracasado en todo el continente latinoamericano y esto explica, en parte, el giro que se viene dando hacia gobiernos progresistas , de izquierda, identificados con políticas económicas contrarias al modelo de globalización neoliberal que se quiso imponer en los años 90.


Por eso no resulta extraña la declaración del hombre más rico del país, Julio Mario Santodomingo, pidiendo una tercera reelección de Álvaro Uribe.

Una tercera enfermedad, que se esconde tras la bonanza es que una parte de la misma está sustentada en los altos precios que las materias primas exportadas por Colombia tienen en los mercados internacionales en esta coyuntura. Sin embargo, la situación ha empezado a cambiar, porque empezó la caída de los precios del petróleo y es muy posible que en un plazo de uno o dos años la demanda, la compra de esas materias por parte de economías como la China y la norteamericana se reduzca y en consecuencia así lo hagan también los precios que en la actualidad se están ofreciendo por esos artículos.

Mientras tanto, persisten, continúan problemas estructurales del modelo neoliberal colombiano como el desempleo, el subempleo, los bajos salarios, la poca creación de empleos productivos. Las estadísticas del gobierno hablan de una tasa de desempleo del 11,5% , pero esta cifra es fruto de una operación que excluye del total de desempleados a los llamados inactivos o personas que se cansaron de buscar empleo que suman casi un millón y de calificar como empleados a trabajadores que declaran laborar apenas unas cuantas horas a la semana.



Otros informes afirman, contradiciendo a las fuentes estatales, que el 61% de los empleos creados en la administración Uribe hacen parte de la economía informal, del llamado “rebusque” y que se han perdido más de 600 mil empleos a lo largo de este gobierno.

El salario mínimo mensual legal fue fijado por el gobierno en $ 433.700, = 200 dólares aproximadamente, salario con el que deberán conformarse unos 4 millones y medio de colombianos en este año 2007 y que no permite la satisfacción de las necesidades básicas de una familia de los sectores populares.

Lo más irónico de esta situación es que existen unos 6 millones de trabajadores que ni siquiera tienen el privilegio de ganar ese salario mínimo mensual.


AMIGO FIEL

La reforma tributaria recientemente aprobada por las mayorías Uribistas en el Congreso, descargó en la clase media y en los sectores populares la mayor parte del paquete impositivo. En efecto, se ajustó el llamado Impuesto al valor agregado o IVA para gravar con el mismo a productos de la canasta familiar como el café, el azúcar, el chocolate, para algunos medicamentos e incluso para servicios públicos como la energía.

Por ejemplo, al comprar café o chocolate se deberá pagar un impuesto del 10% , pero para comprar cerveza este impuesto solo llegará al 3% , lo que indica a las claras las prioridades sociales del gobierno, que con esta medida favorece a monopolios como el inglés de “Sab Miller” asociado con SAntodomingo, promotor ahora de la tercera reelección de Uribe.

La reforma también aprobó la reducción del impuesto de renta, medida que favorece a los grandes empresarios del país y más aún, aceptó que el impuesto se disminuyera aún más si los empresarios reinvertían parte de sus ganancias en la compra de equipos, bodegas, locales para sus negocios.

Mientras tanto, el presupuesto del Estado para este 2007 quedó fijado en la suma de 117,6 billones de pesos= 55.700 millones de dólares. El 48% de este total se dedicará al pago de los gastos administrativos , entre los cuales se destacan las transferencias a los municipios y departamentos para el sostenimiento de los sistemas educativos y de salud que sumarán unos 20 billones de pesos= 9.500 millones de dólares y el pago de los miembros de las fuerzas armadas , que este año tendrán más de 400 mil personas en filas y que ascenderán a no menos de 11 billones de pesos= 5.200 millones de dólares.

El pago de la deuda externa e interna del Estado tomará el 34% del total del presupuesto y para la llamada inversión social restará apenas un 18% de los 117 ,6 billones. Se nota en los años que lleva la administración Uribe una clara tendencia en los presupuestos : Mientras sube progresivamente el gasto militar , bajan los porcentajes de las transferencias destinadas a los municipios y departamentos para el pago de los servicios de salud y de educación.
En efecto, cuando Uribe llegó al poder en el 2002, el total de miembros de las fuerzas armadas era de unos 280 mil y ahora esta cifra llega a los 405.000, representando un aumento del 44% en sus integrantes. Si hablamos en dinero, el presupuesto militar ha crecido pasando de unos 3.500 millones de dólares en el 2002 a unos 5.200 millones en el 2007.


URIBE, EL REGALÓN

Después de haber vendido las principales empresas y bancos que tenía el Estado, Uribe ha tomado como nuevo objetivo de sus políticas privatizadoras a la principal empresa del Estado, “Ecopetrol” , la vaca lechera de las finanzas públicas.

“Ecopetrol”, le entrega al gobierno cerca del 9% de sus ingresos o rentas anuales y el año pasado logró utilidades por más de 3 mil millones de dólares. No obstante esta realidad, Uribe, alegando que a la empresa le falta capital para emprender nuevas exploraciones de pozos productivos, hizo aprobar en el Congreso una ley que faculta al gobierno a poner en venta el 20% de las acciones de “Ecopetrol”, como un primer paso para entregarla a los empresarios privados que ya controlan otros sectores estratégicos de nuestra economía como la producción de energía, el transporte de gas natural, la explotación del carbón, del níquel, etc.

La venta de “Ecopetrol” se convertirá a la larga en una pérdida neta para toda la nación. El dinero que los empresarios privados entreguen a cambio de su control no compensará las rentas que la empresa le entregaba al gobierno e igualmente el Estado perderá un valioso instrumento para fijar las políticas energéticas de la nación. Quedaremos librados a la codicia de los grupos financieros nacionales e internacionales, más interesados en hacer rápidas ganancias, que en preocuparse efectivamente por el futuro desarrollo del país.

Así mismo, este golpe a los intereses públicos se ha completado con el anuncio de la liquidación de la empresa de salud perteneciente al Instituto de los Seguros Sociales. El sistema de salud está dominado por empresarios privados que han hecho de la ganancia, de la utilidad el criterio orientador de ese sistema. Poco importan en el mismo los usuarios, que son vistos como “clientes”, ni el personal médico y paramédico que ha sido rebajado a la condición de piezas que se usan o se cambian en base a la “rentabilidad” que le ofrezcan a los empresarios.

El Instituto de los Seguros Sociales era el último bastión, el último reducto que quedaba en manos del Estado dentro del sistema de seguridad social. Desde comienzos de la administración Uribe se había iniciado una ofensiva contra la existencia del mismo por parte de los altos funcionarios del Estado que lo mostraban como una entidad corrupta, que daba pérdidas continuas y que no merecía seguir existiendo como institución independiente.

Para acelerar su quiebra, el presidente impulsó una pretendida reestructuración que le quitó el control de las clínicas y hospitales que poseía y afirmó al imponerla que con esta medida se salvaría el Instituto.
Ahora, con el pretexto de que la reforma tampoco dio resultado se procedió a liquidar la empresa de salud y a crear una nueva que tendrá propiedad mayoritaria de las Cajas de Compensación, instituciones que le hacían la competencia al ISS.

El 90% de los empleados de la antigua empresa de salud del ISS serán echados a la calle y los 3 millones de usuarios que actualmente tenía pasarán a engrosar las nóminas de los empresarios privados que se han venido enriqueciendo gracias a la privatización de la seguridad social promovida por la ley 100 de 1991 que en ese entonces defendiera con ardentía el senador Álvaro Uribe.

Pero lo que el presidente no ha aclarado es que su gobierno ha sido el principal culpable del deterioro financiero del Instituto al haberle entregado el control directivo del mismo en los departamentos a la clase política corrupta que lo acompaña, muchos de los cuales están apareciendo ahora comprometidos en los crímenes y operaciones de los jefes paramilitares desmovilizados.

Además, el instituto en años anteriores fue descapitalizado, negándose el Estado a pagar las deudas contraídas con el mismo y por el contrario feriando en escandalosas operaciones financieras buena parte del patrimonio de los seguros sociales (Caso Banco Central Hipotecario).



EL TRATADO MAL TRATADO

El Tratado de Libre Comercio que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos firmaron recientemente no parece tener un buen futuro en el Congreso Norteamericano.
Tal como se pronosticaba, el partido de oposición, el Demócrata, ganó las recientes elecciones y se hizo al control de la Cámara y el Senado.

Un buen porcentaje de los congresistas demócratas no solo son aliados de los sindicatos en su país, sino que tienen fuertes cuestionamientos a la política de derechos humanos de presidentes como Alvaro Uribe. Como el presidente Bush, no se molestó en consultar al partido de oposición sobre la firma del tratado, ahora los demócratas han empezado a exigir cambios en el mismo, que incluyen entre otros temas, un capítulo especial que asegure la protección de los sindicalistas colombianos, ante el hecho cierto de que es Colombia la nación donde más dirigentes obreros se han asesinado en el mundo en los diez últimos años.

El propio Uribe sabiendo la tormenta que se le viene encima , ha intentado enderezar las cargas proponiendo, por ejemplo, que se haga un frente común con Perú, Ecuador y Bolivia en el Congreso de los Estados Unidos, para que de un lado se aprueben los tratados ya negociados por el gobierno Bush con Perú y Colombia y , por el otro, se les renueven a Bolivia y Ecuador, cuyos gobiernos no están interesados en firmar Tratados con Estados Unidos, las garantías que tenían muchos de sus productos de no ser gravados con impuestos en el mercado norteamericano como recompensa por perseguir el narcotráfico en sus territorios.(Acuerdo APTDEA)

Por ahora el único logro concreto del gobierno colombiano ha sido la ampliación o prórroga por seis meses de las facilidades que productos de nuestro país como los textiles, la ropa, las flores, los cueros , las frutas tropicales tenían para venderse sin pagar impuestos en el mercado de los Estados Unidos.

Lo real es que la suerte del tratado es muy incierta, máxime que el gran protector de Uribe, el presidente George Bush, es una figura política en decadencia y que una parte de su partido empieza a alejarse de su sombra política en la última parte de su desastroso gobierno.


POLÍTICA


ALVARO, EL TONGO Y EL BORONDONGO

La Corte Suprema de Justicia decidió enfrentar como le correspondía las investigaciones por la complicidad de un gran sector de la clase política en la organización y sostenimiento de los grupos paramilitares, tal y como se venía denunciando desde hacía varios años por parte de instituciones de derechos humanos, algunos medios de comunicación y dirigentes como el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro.

Los datos hallados en un computador decomisado a uno de los subalternos del jefe paramilitar del Cesar y Magdalena, “Jorge 40”, han sido claves para agilizar las investigaciones.

Los primeros procesados fueron los jefes Uribistas del departamento de Sucre, García, Merlano y Morris, quienes fueron detenidos por la Corte acusados de múltiples delitos. En el caso de García se le sindica de haber ordenado una serie de masacres en ciertas regiones del departamento para favorecer sus intereses electorales.

Los llamados a indagatoria han seguido con otros líderes, también Uribistas y también de departamentos de la Costa Atlántica, región donde los grupos paramilitares han ejercido un control político bastante fuerte y entre los que se destaca el senador del departamento del Cesar, Alvaro Araujo, hermano de la ministra de Relaciones exteriores, situación que originó un fuerte debate en el Congreso y aliado cercano del comandante “Jorge 40”.

El presidente Uribe, mientras de labios para afuera declara su completo apoyo a las investigaciones de la Corte , se ha movido detrás de bambalinas para tratar de restarle impacto político a estas investigaciones y a las que podrían surgir de las “ confesiones “ de los jefes paramilitares desmovilizados , que empiezan a ser procesados bajo la mal llamada ley de Justicia y de Paz.

Esto explica, que sin mediar consultas haya hecho transladar a la Cárcel de seguridad de Itaguí (Antioquia) , a estos jefes que se encontraban gozando de una semi libertad en un centro vacacional cercano a la ciudad de Medellín. Se habían filtrado declaraciones con amenazas veladas de algunos de los capos, que podían poner en peligro el futuro político del propio Uribe, si se descubrían las relaciones que años atrás mantuvo con algunos de ellos.
El translado a la cárcel, pese a las protestas de los jefes paramilitares, en la práctica fue una advertencia del jefe del gobierno para que midieran sus palabras, porque en caso contrario no vacilaría en extraditarlos a los Estados Unidos, situación que los atemoriza porque perderían de un tajo propiedades, influencia política y la posibilidad de legitimarse como parte de la clase dominante en la sociedad.

El primer cabecilla paramilitar en iniciar su “confesión” ha sido Salvatore Mancuso, líder de los paramilitares en Córdoba, Urabá , Norte de Santander y en una época cercano aliado del fallecido , Carlos Castaño. Mancuso, está pedido en extradición por narcotráfico por los Estados Unidos y también está siendo solicitado por las autoridades italianas al descubrirse que es parte principal de una red de tráfico de cocaína hacia ese país.

En su declaración ha confesado la autoría de decenas de crímenes entre los que se cuentan una serie de masacres como las de Ituango (Antioquia), donde tuvo, según lo ha explicado, el apoyo del comandante de la brigada del ejército en ese departamento para cometer las matanzas contra la población civil, crímenes por los que ha sido ya condenado el Estado Colombiano por la Corte Interamericana de Justicia. El gobernador del departamento en ese entonces era Alvaro Uribe, gran amigo y aliado del comandante de la brigada, que falleció hace unos años.

Además, Mancuso ha aclarado que tenía en su nómina de pagos a buena parte de la oficialidad de las fuerzas armadas de las zonas donde sus grupos criminales operaban y reveló algunos pactos y alianzas hechas con dirigentes políticos de esas regiones.

Por ejemplo, los medios de comunicación revelaron el documento del pacto que políticos de la Costa Atlántica firmaron con los paramilitares en el 2001 en Santafé de Ralito (Córdoba) , comprometiéndose a apoyar el proyecto político de Mancuso, Castaño y demás jefes paracos, “para construír la Nueva Colombia”.

Mancuso, también admitió haber ordenado, entre otras , la muerte de un ex alcalde de Cúcuta (Norte de Santander) y de un candidato de izquierda a la gobernación de ese departamento.

Todas estas gravísimas noticias se conocieron en los medios de comunicación gracias a las filtraciones que algunos privilegiados asistentes a las declaraciones de Mancuso hicieron. La Fiscalía se había opuesto a que estas confesiones tuvieran todo el despliegue informativo que se merecen, alegando razones jurídicas, pero como lo han manifestado muchos críticos del proceso se necesita darle espacio y protagonismo a las víctimas en el desarrollo de estas diligencias, si se pretende, como sostiene el gobierno ofrecerles Verdad, Justicia y Reparación.

Ante el aumento de las críticas, gobierno y fiscalía optaron, finalmente, por autorizar la transmisión en televisión de las “confesiones”. Pero surgió una nueva polémica entre los que defienden la transmisión en directo de las sesiones y los que alegan que las “confesiones” deberían ser editadas para evitar la manipulación que los jefes “paracos “podrían hacer de sus intervenciones al tener acceso sin restricciones a un medio tan poderoso como la televisión.


ES difícil que los jefes paramilitares se atrevan a denunciar los nombres de quienes apoyaban financiera y políticamente sus actividades criminales desde la gran empresa y los partidos políticos. En la práctica, se podría haber hecho un pacto entre ellos y el gobierno: Se confiesa una parte de los delitos, pero no se toca en las confesiones a las “personalidades” de la política y de los grandes grupos económicos que los auxiliaron y financiaron. A cambio, en el peor de los casos recibirán una condena de ocho años, que con el tiempo que han pasado detenidos y otras gabelas jurídicas puede quedar reducida a dos o tres años efectivos de reclusión.

De esta manera se salva la credibilidad del presidente y de sus principales aliados, mientras se deja en buena parte de la opinión la idea de que se ha cumplido cabalmente con la ley de “Justicia y Paz”.



SIGUE LA RUMBA

Muchos de los mandos medios y de la tropa de los grupos paramilitares presuntamente desmovilizados han vuelto a ejercer su poder armado en las zonas donde tenían influencia, apremiados en algunos casos por el incumplimiento del gobierno a las promesas de ayuda económica, capacitación y empleo, en otros, por la codicia de hacerse al control de los cultivos de coca, los “laboratorios” y las rutas de comercialización de la cocaína.

Como ha sido denunciado oportunamente en algunos medios de comunicación, la cifra de desmovilizados de los grupos paramilitares que el gobierno triunfalistamente calculó en más de 30 mil, no se acercan en realidad ni al 50% de esta cifra. Muchos de los “desmovilizados” fueron reclutados de afán en las barriadas de las ciudades para darle un mayor impacto propagandístico a las ceremonias presididas por el Comisionado de Paz y los jefes “paracos”.

En otros casos, los jefes dieron órdenes para que se guardaran la mayor parte de las armas y que grupos selectos de sus combatientes volvieran a sus tareas de vigilancia y control.

De hecho, no todos los líderes paramilitares estuvieron de acuerdo con acogerse a la ley de “Justicia y Paz”. Algunos, encabezados por Vicente Castaño han rechazado esa ley como insuficiente, porque no les ofrece suficientes garantías jurídicas para librarlos en un futuro de una posible extradición a los Estados Unidos.

El paramilitarismo sigue vigente en gran parte del país con la aparición de los nuevos grupos, que algunos estudiosos llaman de “tercera generación”(La primera la formaron los grupos creados por el cartel de Medellín en los años 80, la segunda , la forman los que se han desmovilizado el año pasado) y con el rechazo que han hecho de las ofertas del gobierno un sector de los antiguos cabecillas.

Los asesinatos entre subalternos y jefes de sicarios de uno u otro bando solo certifican que la criminalidad desatada por el fenómeno paramilitar difícilmente menguará, disminuirá, mientras no se afronte por parte del Estado un proceso integral de paz , que se acompañe de unas profundas reformas sociales y políticas.
MAMBRÚ PERDIÓ LA GUERRA

El presidente Uribe ha renovado sus promesas de combatir y vencer militarmente al grupo guerrillero de las FARC, con el apoyo de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien está usando ese alto cargo para tratar de ganar prestigio político e imagen en el país, como el posible sucesor de su jefe en el 2010.

Como esta fórmula le sirvió a Uribe en los años anteriores para ocultar los graves errores y fallas en materia de programas sociales de su gobierno, sus relaciones poco transparentes con los grupos paramilitares y los numerosos casos de corrupción cometidos por sus subalternos, ha apelado a la misma en la confianza que le seguirá siendo útil para conservar su imagen.

Dadas las condiciones de nuestra geografía nacional y la misma extensión del territorio es iluso creer que se puede derrotar a un grupo armado que ha demostrado a través de más de 40 años una gran habilidad para replegarse y atacar utilizando el elemento sorpresa y el conocimiento que tiene de las áreas donde opera. Sin embargo, políticamente esta promesa resulta rentable para el presidente porque le permite disfrazar el fracaso de su administración en problemas como el empleo, la inversión social, la lucha contra la corrupción.

Además , con este manejo político se minimiza, se disminuye el impacto que pueden causar en la ciudadanía las informaciones sobre casos de torturas dentro de las fuerzas armadas, los asesinatos por “error” de civiles, los falsos “positivos” , o falsas informaciones sobre atentados terroristas frustrados o guerrilleros y delincuentes dados de baja cuando en realidad los atentados eran preparados por algunos oficiales militares deseosos de ganar méritos para su hoja de vida y los “guerrilleros” dados de baja eran personas comunes y corrientes sin ninguna pertenencia a grupo u organización armada alguna.

Las FARC, por su parte, están tratando de copar, de volver a controlar algunas zonas que los grupos paramilitares desmovilizados han abandonado y esta situación, a su vez, ha hecho que sectores empresariales de esas regiones reclamen de nuevo la presencia de las “Autodefensas”, ante la aparente incapacidad del ejército oficial por ejercer dominio territorial en esas zonas. De hecho, se han venido presentando enfrentamientos de todo tipo entre la guerrilla y las tropas del Estado, que incluyen combates , emboscadas, atentados dinamiteros, campos minados, con un alto número de muertos en ambos bandos, situación que demuestra cuan alejadas de la realidad están las promesas triunfalistas del presidente sobre el desarrollo de la guerra.

Una cosa es que el Estado haya recuperado el control de regiones vecinas a los grandes centros urbanos y económicos del país y otra muy distinta es que tenga dominio sobre la inmensa área de selvas y montañas que componen buena parte de nuestra extensión nacional.

Las posiciones guerreristas del gobierno y de las FARC han frustrado hasta ahora cualquier posibilidad de entendimiento para llegar a un acuerdo humanitario que permita la liberación de los líderes políticos y oficiales y suboficiales de la policía y del ejército que la guerrilla tiene retenidos desde hace varios años, a cambio de algunos miembros de las FARC recluídos en las cárceles del Estado. La afortunada fuga del ex ministro Fernando Araujo de un campamento de la guerrilla aprovechando un enfrentamiento armado con el ejército, le ha servido de pretexto a Uribe y a su ministro Santos para insistir en la posibilidad de un rescate armado de los retenidos, hecho que en la práctica significaría una condena de muerte para la mayoría de los secuestrados.

Pese a las presiones de gobiernos como el de Francia, el presidente se ha mostrado reacio a negociar seriamente con los líderes guerrilleros y se ha dedicado, en cambio, a explotar políticamente el problema dando a entender un día que si está interesado en el acuerdo humanitario, para el siguiente desmentir las esperanzas creadas.

Uribe, sabe que su prestigio está basado en las posiciones guerreristas que ha asumido. La paz no es rentable para su proyecto político autoritario y conservador. Mientras exista la amenaza de la guerrilla, el presidente podrá seguir haciendo méritos ante grandes sectores del país como el hombre providencial, como el caudillo que la nación necesitaba.

Las FARC, entre tanto, se han aislado políticamente del sentir de las mayorías populares. Su insistencia en la vía armada para la toma del poder va en contravía de las nuevas realidades sociales que se están experimentando en Colombia y en Latinoamérica, donde movimientos democráticos de izquierda y de centro izquierda se han tomado el poder a través de la vía electoral o se están fortaleciendo para convertirse en alternativa de poder como es el caso del Polo Democrático Alternativo.

Así como afirmamos que el Estado no puede derrotar, aplastar militarmente a la guerrilla, también debemos afirmar que las FARC no tienen la menor oportunidad de hacerse al poder del Estado a través de la lucha armada.

Estas verdades las saben y las reconocen muchos colombianos, pero las ignoran o desconocen los líderes del gobierno y de la guerrilla.


ENTRE TU DUDA Y LA MÍA

El proceso de diálogo entre el gobierno Uribe y el segundo grupo guerrillero, ELN, que se venía adelantando con la mediación de Cuba, entró en una etapa de ambigüedad, de indefinición. El Comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, ha reclamado de los comandantes del ELN que definan si están interesados en negociar con el gobierno su posible desmovilización, ante la posición de estos de dejar en suspenso las conversaciones.

Sin embargo, la coyuntura que vive la organización guerrillera no es nada fácil. De un lado, tienen la alternativa de seguir la lucha armada siendo conscientes que con la capacidad militar que poseen, bastante disminuída por la acción de los paramilitares y de las propias FARC , están a la larga condenados o a convertirse en socios menores de las mismas FARC o a irse agotando lentamente en una guerra de atrición o de desgaste.

La segunda alternativa es igualmente compleja, porque negociar una desmovilización con un gobierno conservador, alineado con los Estados Unidos y cuyas políticas económicas han favorecido y siguen favoreciendo claramente a los grandes empresarios del país en contra de los intereses de los sectores populares del país, representaría el mayor triunfo político para Uribe, que podría así excusar sus alianzas con el paramilitarismo y significaría una especie de traición a todas las ideas radicales de cambio que el grupo ha promovido desde su creación en 1963 y por los que tanta sangre se ha derramado.

DE hecho, en departamentos como Arauca y Nariño ya están sufriendo los ataques de las FARC con un saldo de decenas de muertos, como advertencia letal de las consecuencias que sufrirían si aceptan la negociación que les propone el gobierno.
Pero también es cierto que los cambios que se están produciendo en América Latina están abriendo nuevos horizontes para movimientos civilistas de izquierda como el Polo Democrático y esta es una realidad que los movimientos armados no se pueden dar el lujo de ignorar.

Ante este dilema es apenas lógico que la dirigencia del ELN busque ganar tiempo en procura de llegar a un consenso para el rumbo político a seguir en los próximos años.



MOVIMIENTO POPULAR

BUCHE PLUMA NA MÁS

Pese a los anuncios del gobierno la situación de los derechos humanos en el país continua siendo crítica. En zonas como Arauca, Norte de Santander, Chocó, ha continuado la acción criminal en contra de dirigentes campesinos, cívicos, indígenas.
La población desplazada sigue siendo una cruel realidad en nuestro país y la propia Corte Constitucional ha censurado el manejo que el gobierno le ha dado al gigantesco problema humanitario que representan millones de personas hacinadas en los cinturones de miseria de pueblos y ciudades, después de haber perdido no solo sus propiedades, sino también el tejido de relaciones comunitarias, familiares que habían construido en sus lugares de origen.

El proceso mal llamado de “Justicia y Paz” con los jefes de los principales grupos paramilitares puede terminar por la serie de irregularidades, tratos de favor e impunidad que lo rodea en que el propio Álvaro Uribe pueda ser procesado por la Corte Penal Internacional , después de haber terminado su mandato.

Las políticas antipopulares del gobierno están igualmente reflejadas en las verdaderas “masacres” laborales que está promoviendo en entidades como el Instituto de los Seguros Sociales, y en otras clínicas y hospitales que han debido cerrar sus puertas ante la indiferencia del Estado condenando al desempleo a miles de personas, para beneficiar con estos cierres a los empresarios privados del sistema de salud.

Situaciones similares de despidos masivos se están registrando en otras instituciones gubernamentales y a esta represión laboral se agregan las condiciones cada vez más difíciles en que los trabajadores deben cumplir sus tareas sometidos a la reducción de los salarios y de los demás pagos y garantías de estabilidad que anteriormente tenían.
La parcialidad del Estado a favor de los empresarios es evidente en casos como la mina de carbón del Cerrejón (Guajira) propiedad de las multinacionales Billington, Glencore, etc, que están obteniendo grandes utilidades, mientras promueven la subcontratación y el trabajo a destajo de no menos de 3 mil trabajadores.

Las cifras en el caso del carbón de la Guajira son claras: La tonelada se está vendiendo a 68 dólares y los costos de producción no llegan a los 25 dólares, incluido el pago de las regalías a la Nación, el Departamento y los municipios. La utilidad de la empresa en el 2006 habiendo exportado unas 28 millones de toneladas podría estar llegando a los mil millones de dólares, pero entre tanto, la mayoría de sus trabajadores no gozan de unas mínimas condiciones de estabilidad y seguridad sociales.

Por eso no son extraños los porcentajes de extrema pobreza o de miseria que las mismas entidades reconocen para la mayoría de los departamentos. Así, por ejemplo, departamentos supuestamente más importantes económicamente como Antioquia y Cundinamarca tienen porcentajes de extrema pobreza del 20% y más de su población.
Boyacá, que tiene grandes recursos minerales, industriales, comerciales, a la vez es el departamento que más extrema pobreza posee con un escandaloso 41%.

Otras regiones como Tolima, Nariño, Huila, Cauca, muestran cifras superiores al 25%.
Cambiar estas realidades será imposible , mientras se continuen defendiendo con las políticas del Estado la voracidad y privilegios de los grandes consorcios y grupos financieros.


LA VOZ DEL AMO

El caso del periodista Freddy Muñoz, perteneciente al canal “TeleSur”, un canal creado con el apoyo del gobierno venezolano para ofrecer una alternativa noticiosa en el continente, quien fue detenido por la Fiscalía acusado de complicidad en varios atentados terroristas y liberado después de 52 días de prisión, es diciente de las arbitrariedades y peligros que sufren los comunicadores que pretenden informar independiente y críticamente sobre la realidad de nuestro país.

Situaciones de amenazas contra sus vidas están viviendo, igualmente, muchos periodistas en las regiones alejadas de la capital, donde la ley que impera es la ley del silencio establecida por los llamados “señores de la guerra”.

A nivel nacional, los grandes medios en radio y televisión, propiedad de grupos financieros muy cercanos al presidente, han optado por autocensurarse y no transmitir las informaciones que puedan hacerle daño a la imagen y a la credibilidad de Uribe. Cuando obligados por las circunstancias deben hacer públicos algunos de los muchos escándalos de corrupción protagonizados por empleados del gobierno, se cuidan de salvar la figura del presidente y evitan comprometerlo en terrenos bastante peligrosos para él como sus relaciones con los paramilitares.

A cambio de esta solidaridad, los dueños de los canales de televisión “Caracol” y “RCN”, se han visto favorecidos en sus negocios con la exención o reducción de los impuestos que deben pagar (caso Julio Mario Santodomingo) o con precios extraordinariamente altos para los productos que elaboran y en los que tienen un virtual monopolio ( caso Ardila Lulle y el etanol que fabrica como combustible para los vehículos que circulan por el país).

POLO A TIERRA

Las elecciones para el Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo ofrecieron una cifra de participación altísima de sus miembros en todo el país, más de medio millón de votos, número que demuestra la importancia y significación que este movimiento de izquierda está logrando en la nación.

Ahora bien, dentro del Polo coexisten muchas tendencias políticas, algunas de ellas con grandes puntos de discrepancia en la manera de entender y asumir la situación social y política colombiana.

Son conocidas , por ejemplo, las profundas diferencias que hay entre el Senador Gustavo Petro, opositor férreo del gobierno Uribe y firme aliado de Chávez y el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, quien ha liderado una alcaldía que a juicio de Petro no ha hecho suficiente énfasis en lo social y en marcar distancias con la administración de Uribe y de sus antecesores en el gobierno de la capital.

Todas estas situaciones remarcan, destacan aún más la necesidad de tener a Carlos Gaviria como presidente de la organización, ya que sin lugar a dudas es el líder más respetado y con mayor prestigio y credibilidad con que cuenta el Polo en la actualidad.
Su prestigio y carisma pueden ayudar a impedir que las diferencias entre las diferentes fracciones del movimiento conduzcan a divisiones que serían suicidas para las posibilidades que se tienen de convertirse en alternativa de poder en el 2010.

Por ahora ha quedado claro que el Polo irá con sus propios candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores en Octubre próximo, pero que no descarta la posibilidad de hacer coaliciones con grupos o movimientos independientes en los departamentos y municipios donde las realidades electorales así lo exijan.

Sin embargo, el gran cuello de botella es Bogotá. Por ahora, el Polo no parece tener un candidato con el suficiente arrastre popular para enfrentársele a un Enrique Peñalosa quien aspira al cargo por una serie de partidos del Uribismo. Los ataques del presidente Uribe a los principales dirigentes del polo llamándolos "terroristas vestidos de civil", son un indicativo de los tiempos difíciles que se vienen para el movimiento, por parte de unos sectores conservadores asustados por las consecuencias del proceso de "justicia y paz" con los paramilitares.