UNA BONANZA EN APUROS

El “enfriamiento” que ha tenido la economía de los Estados Unidos , con la explosión de deudas sin pagar y de muy difícil cobro en sectores como las hipotecas o préstamos para vivienda y las tarjetas de crédito, está resintiendo también el modelo financiero que el gobierno colombiano ha venido promoviendo y protegiendo en estos años.

COYUNTURA COLOMBIANA
Por Félix A. Posada R.

ECONOMÍA


UNA BONANZA EN APUROS

El “enfriamiento” que ha tenido la economía de los Estados Unidos , con la explosión de deudas sin pagar y de muy difícil cobro en sectores como las hipotecas o préstamos para vivienda y las tarjetas de crédito, está resintiendo también el modelo financiero que el gobierno colombiano ha venido promoviendo y protegiendo en estos años.

En efecto, este modelo se basa en la llegada de capitales del exterior que han tenido dos opciones principales para hacer sus “inversiones” en el país: Comprar empresas ya establecidas, con mercados asegurados, que no ofrecen el menor riesgo de pérdidas como son los casos bastante publicitados de la cervecera “Bavaria”, “Coltabaco”, “Telecom”, “Almacenes Éxito”;
O prestarle el dinero al propio Estado Colombiano a través de bonos y certificados que se venden en la Bolsa de Valores y que ofrecen intereses más altos que los que normalmente se pagan en los mercados de Estados Unidos y de Europa.

En ninguna de estas opciones los capitalistas están creando empleo productivo en la nación, o están arriesgando sus dineros para abrir nuevas fuentes de riqueza. Por el contrario, se están comportando como los clásicos especuladores financieros, que se desplazan por todo el mundo en búsqueda de las mayores tasas de rentabilidad sin comprometerse socialmente con los países a donde están llevando sus dineros. Con la misma facilidad con la cual entraron sus dineros a una nación, con esa misma facilidad, los sacan, ante cualquier motivo de alarma.

La gran llegada de dólares a Colombia, producto de la acumulación de estos dineros especulativos, del lavado de las fortunas vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo y de los altos precios de materias primas que exporta Colombia, como el petróleo, el carbón, el níquel, creó una bonanza de la que se lucraron sectores vinculados a la banca, la industria de la construcción, la importación de automóviles y artículos de lujo.
La moneda colombiana, el peso, se revaluó, ganó valor frente al dólar y , amplios sectores industriales y agrícolas que dependen de la exportación de sus productos vieron reducidos sus ingresos y en peligro sus tradicionales mercados internacionales al no poder competir con precios bajos frente a la oferta de productores de otros países y al recibir cada vez menos pesos por los dólares ganados con sus ventas en el exterior.

Esta situación se ha visto reflejada en el despido de cientos de empleados en industrias como la de las flores, el banano, los cueros y en la inundación de artículos procedentes principalmente de China e India en los mercados colombianos, cuyos bajísimos precios han arruinado a los productores locales.


El gobierno Uribe presentó esta bonanza como la señal más clara del éxito de su gestión económica. Los grandes empresarios se apresuraron a aplaudir estas declaraciones y unos y otros destacaron que la tasa de crecimiento de la economía de más del 6% en el primer semestre de 2007, indicaba un record histórico para el país y el despegue hacia una era de gran prosperidad. Pero lo que se olvidaron de aclarar es que esta tasa de crecimiento está basada en el sector financiero que aumentó en un 42% su producción en este período.

Sin embargo, al presentarse la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, muchos de los inversionistas extranjeros que estaban en nuestro país, liquidaron apresuradamente esas inversiones y se lanzaron a conseguir dólares para adquirir bonos o certificados de deuda del gobierno norteamericano. La razón para ese cambio es muy sencilla: Cuando se presenta una crisis o un amago de crisis en la economía mundial, la cadena financiera se revienta por los eslabones más débiles, en este caso los llamados países del Tercer Mundo como Colombia. En este caso , los inversionistas prefieren asegurarse comprando bonos de deuda de los Estados Unidos, porque saben que dentro del capitalismo de hoy , es muy difícil , por no decir imposible , pensar en una bancarrota del gobierno de esa superpotencia.

Con la salida de los inversionistas de nuestro país, el dólar empezó nuevamente a ganar terreno frente al peso colombiano, aunque algunos observadores calculan que este fenómeno no durará mucho tiempo y que las aguas volverán a asentarse tal como lo estaban hasta hace unos pocos días.

Con la rebaja de las tasas de interés en Estados Unidos ordenada por el Instituto de la Reserva Federal, la situación volvió a su etapa inicial: Regreso de los inversionistas a Colombia, y revaluación del peso hasta que se desate la próxima crisis.

La crisis de las hipotecas que se está viviendo en los Estados Unidos tiene un gran parecido con las crisis financieras que padecimos a finales del siglo pasado en Colombia. Allá como acá, los bancos prestaron alegremente dineros sin estudiar debidamente los recursos que sus clientes tenían para pagarlos.

Con el ánimo de multiplicar sus ganancias los bancos norteamericanos le revendieron esas hipotecas a otros grupos financieros y estos, a su vez, a otros, en una cadena de la felicidad que parecía no tener fin. Sin embargo, con el alza de los intereses en ese país, un buen grupo de los dueños de las casas hipotecadas se empezaron a “colgar” o a atrasar en el pago de las cuotas y empezaron a perder sus viviendas, tal como sucedió y sigue sucediendo en nuestra nación con el fracaso del sistema UPAC y el de su reemplazante, el de UVR.

El pánico se apoderó de no pocos financistas, al considerar que tenían perdidas parte de sus inversiones y ese contagio se extendió a una buena parte de la economía mundial, incluyendo Colombia.

Todas estas situaciones nos revelan la fragilidad o debilidad del sistema o modelo económico del país, montado sobre la especulación financiera y la exportación de materias primas, incapaz de crear empleo productivo a largo plazo y ofrecerle alternativas reales de desarrollo a la sociedad colombiana en su conjunto.
El resultado práctico del sistema es que en la actualidad el 0,001 % de los colombianos tienen cerca del 40% de la riqueza nacional o, en otras palabras, que unos 4200 individuos tienen más dinero y propiedades que 25 millones de habitantes del país.

Otro ejemplo es el hecho que de cada 100 colombianos en capacidad de trabajar, solo unos 30 tienen un empleo con las mínimas condiciones de seguridad y de estabilidad social y laboral. El empleo que se ha creado en años recientes, es un empleo precario, mal pagado, por fuera de la red de seguridad social, que se vincula al llamado sector informal de nuestra economía, al popular “rebusque”.

Las cifras oficiales mezclan este tipo de empleo informal con el formal para asegurar que la tasa de desempleo se está reduciendo en el país y permitirle, así, al presidente Uribe sacar ganancias políticas con las pretendidas bondades de su mal llamado “programa social”.


LA TORTA CLIENTELISTA

El presupuesto del Estado colombiano para el próximo año 2008 sumará cerca de 126 billones de pesos= 63 billones de dólares aprox.. De esa enorme cifra, un 52% se destinará a financiar los gastos administrativos del gobierno, entre los cuales sobresalen los gastos militares. Estos ascenderán a unos 12 billones de pesos= 6 billones de dólares y permitirán incorporar otros 40 mil policías y soldados a las fuerzas militares que llegarán a tener más de 430 mil miembros en sus filas. El aumento desmesurado del número de policías y soldados se puede entender si tomamos en cuenta que cuando Uribe se posesionó del gobierno en 2002, se contaba con un número de 280 mil, lo que quiere decir que en cinco años de administración el presidente ha aumentado en un 35% el total de soldados, policías y demás miembros de las fuerzas militares.

A los gastos militares “normales” habrá que sumarle unos 3,8 billones de pesos= 1,9 billones de dólares que se invertirán en forma extraordinaria para la compra de aviones, helicópteros y, en general nuevas armas y apoyo logístico para las tropas.

Pero mientras el gasto para la guerra crece, la inversión en necesidades básicas de la población como la salud y la educación disminuye. Para el 2008, las transferencias a los departamentos y municipios para pagar el sostenimiento de estos servicios seguirán reduciéndose, de acuerdo a la ley que hizo aprobar en el Congreso el gobierno nacional, en contra de los principios de descentralización y autonomía de los gobiernos locales que señala la Constitución de 1991. Se entregarán por ese concepto unos 19 billones de pesos= 9,5 billones de dólares, pero si se hubieran cumplido los acuerdos de 1991 esa cifra tendría que haber ascendido a unos 42 billones de pesos= 21 billones de dólares.


Para el pago de la deuda externa e interna del Estado, se destinará el 34% del presupuesto. Debemos recordar que el Estado colombiano es el principal cliente de la banca privada del país, el principal deudor. Se calcula que la deuda interna suma más de 108 billones de pesos= 54 billones de dólares, cifra muy superior a la que se tiene prestada con la banca internacional. Esto explica las relaciones tan solidarias que existen entre los principales financistas del país y las altas autoridades del gobierno.
La alta rentabilidad de los bancos depende en buena parte del pago puntual de intereses y capitales por parte del Estado.

Que este negocio marcha bien lo demuestran las utilidades de las entidades financieras que en el primer semestre de 2007 sumaron más de 2,8 billones de pesos= 1,4 billones de dólares, un aumento del 16% en relación al mismo período del año pasado.
Volviendo al estudio del presupuesto estatal para el año 2008, podemos concluir que solo quedará un magro, un pequeño 14% destinado a la inversión social. Una parte de este dinero será administrado directamente desde las oficinas de la presidencia, para financiar planes y programas asistencialistas como “Familias en acción”, que a base de regalos de dinero y ayudas de ocasión para algunos sectores empobrecidos, le aseguran a Uribe una base social para seguir maquinando o manipulando su posible tercer período al mando del Estado.

De hecho el gasto público se ha desbordado durante el actual gobierno, contradiciendo las promesas que se hicieron en el 2002 de luchar contra el clientelismo y la corrupción.

Los ministerios y las principales entidades públicas se han repartido como si se tratara de un botín entre los diferentes grupos y partidos oficialistas, premiando con las mejores tajadas burocráticas a los líderes y movimientos que se hayan mostrado más obsecuentes, más serviles con los deseos e intereses del presidente.

No menos de 2 mil millones de dólares anuales pierde el Estado por los falsos contratos, las trampas y los robos de los dineros públicos que efectúan los jefes políticos Uribistas y sus subalternos. Con ese dinero podrían construirse unas 120 mil viviendas populares, para ayudar a solucionar el déficit de 1.600.000 viviendas que hay en el país, o se hubieran podido crear 20 mil o 30 mil empleos para la inmensa masa de desocupados que hay en la nación.


PROSPERIDAD AL DEBE

En el primer semestre del 2007 se registró un gran bajón en las exportaciones del país, fruto en parte de la revaluación del peso colombiano, pero también de la equivocada política oficial que ofrece plenas garantías a la acción de los especuladores financieros nacionales y extranjeros. Una prueba clara de esta situación es que el 95% de las transacciones que se realizan en la Bolsa de valores de Bogotá corresponden a compras y ventas de monedas extranjeras y a la negociación de bonos o certificados de deuda del gobierno. La compra de acciones de las empresas privadas es una actividad complementaria y muy reducida en el monto total del dinero que se mueve en esa entidad.

El país está gastando más dólares comprando mercancías y servicios en el exterior, que los que gana por la venta de sus productos. Esto se llama técnicamente “déficit en la balanza de pagos”. Ese déficit se ha encubierto, se ha disfrazado, con la entrada de los dineros de los inversionistas internacionales que prestan sus capitales al Estado a cambio de jugosos intereses. Sin embargo, de prolongarse esta situación, la crisis se reflejará en el aumento de la inflación o costo de vida y del desempleo.
El gasto del gobierno se ha sostenido gracias al continuo y creciente endeudamiento y a los dineros que han ingresado por la venta de empresas y entidades del Estado a empresarios privados. En la práctica con la venta de estas empresas se ha feriado, se ha entregado sin escrúpulos a los grandes grupos financieros, industrias e instituciones para cuya creación y consolidación se necesitó un gran esfuerzo económico y social por parte de anteriores gobiernos y de la propia ciudadanía.

Los altos funcionarios de la actual administración presentan esta entrega como una muestra del avance y progreso de nuestra economía y como una consecuencia natural del modelo de desarrollo que se ha impuesto en el mundo.

Sin embargo, las privatizaciones hechas sin ningún control por parte de otros gobiernos en Latinoamérica, África, Asia han probado ser bastante negativas para el efectivo adelanto de las economías de esos países. A cambio de monopolios estatales se han montado monopolios privados, que son más voraces e insensibles a las necesidades de las poblaciones empobrecidas. Un caso destacado de este fenómeno es el del millonario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del planeta, quien empezó a hacer su fortuna cuando el presidente Salinas le regaló el monopolio de las comunicaciones telefónicas en ese país.

Acá en Colombia, también se vienen consolidando esos monopolios privados con la generosa ayuda de la administración Uribe. El mismo Slim, por ejemplo, se está apoderando de la televisión por cable; “Caracol” propiedad de Julio Mario Santodomingo y “RCN”, cuyo dueño es Carlos Ardila Lulle, tienen controlada la televisión abierta y se niegan a aceptar un tercer canal que les haga competencia. Los bancos se están concentrando en cuatro o cinco grupos financieros: Sarmiento Angulo, Suramericana, Bolívar, General Money, Gillinsky., Social.

Los grandes almacenes están quedando en manos de dos grupos franceses, Casino y Carrefour y de un grupo colombiano, Olímpica, de la familia Char.

La última entrega del gobierno ha sido la de la empresa más rentable e importante con la que contaba el Estado, “Ecopetrol”. El año pasado arrojó utilidades por más de 1,5 billones de dólares, pero pese a esta situación, el presidente y sus asesores siguieron adelante con el proceso de su privatización. Para “dorar la píldora” al gran público idearon una estrategia publicitaria que disfrazara los verdaderos intereses de los grandes grupos de capitalistas nacionales y extranjeros que quieren hacerse al control de esa compañía. El gobierno, inicialmente, puso en venta el 20% de las acciones valoradas en más de 5 mil millones de dólares. Una parte, el 10%, se ofreció a toda persona que quisiera adquirirlas, incluso con facilidades de pago. El otro 10% será comprado por inversionistas institucionales como fondos de pensiones, de cesantías, de inversión.

El presidente ha presentado esta maniobra como una muestra del “capitalismo popular”, que aspira a promover en su gobierno, como una democratización de la empresa más importante del país. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que tras la venta de ese primer 20%, vendrá luego la venta etapa por etapa del resto de las acciones, venta que se hará a los grandes “pulpos” financieros e industriales que tienen el dinero en la mano para hacer esas compras. El pretexto para liquidar la presencia del Estado en “Ecopetrol” ha sido la necesidad que tiene la empresa de recapitalizarse y contar con buenos recursos financieros para adelantar exploraciones de nuevos pozos en Colombia y en el exterior, ya que los que actualmente explota están agotándose.

En la medida que se necesite invertir más dinero en “Ecopetrol”, los pequeños accionistas incapaces de hacer los nuevos aportes que se les solicitan, irán perdiendo peso y valor en la empresa hasta terminar desapareciendo de la misma.

Lo más paradójico de esta historia es que “Ecopetrol” nació de las luchas obreras y populares que reclamaban en los años 40 la creación de una empresa estatal, que administrara la concesión de Barrancabermeja (Santander) en poder de la “Tropical Oil Company”, compañía subsidiaria de la “Exxon” de Estados Unidos y cuyo contrato de 30 años vencía en 1951. El gobierno Uribe, entonces, está devolviendo el reloj de la historia para colocarnos de nuevo ante la misma realidad colonialista que se vivió en el negocio del petróleo en nuestro país en 1921, argumentando que la privatización es la vía para hacer competitiva a “Ecopetrol” en el mundo actual.

Las garras privatizadoras del gobierno también se extendieron al Instituto de los Seguros Sociales. La consigna de la actual administración era destruir la presencia del Instituto en el sistema de salud y asegurarle a los grandes grupos financieros que se han apoderado de la seguridad social el control absoluto de esos servicios, servicios que para ellos no pasan de ser un negocio con el que buscan enriquecerse , sacrificando la asistencia a los pacientes y la calidad de todo el sistema.

El Ministro de Protección Social, Diego Palacio, ordenó la toma policial de las principales clínicas y centros sanitarios todavía administrados por el Instituto en el país con el pretexto de que daban pérdidas y estaban dirigidos por administraciones corruptas, olvidando que el propio gobierno había nombrado en su momento a esas directivas . Luego procedió a anunciar la venta de las instalaciones al mejor postor, sin importarle el trauma laboral y social que causaba con esas brutales decisiones.


Pero no es para menos el apresuramiento del ministro y de sus consejeros por liquidar la participación estatal en el Sistema de salud y de seguridad social, en general, si se tiene en cuenta que los dineros invertidos en salud tanto de origen público como privado sumarán más de 15 billones de pesos= 7,5 billones de dólares en el próximo año y que los Fondos de Pensiones Privados que hoy tienen capitales acumulados por más de 25 billones de pesos= 12, 5 billones de dólares, quieren hacerse también al control de los más de tres millones de afiliados que todavía quedan en las filas del Instituto de los Seguros Sociales y que les representarían una nueva inyección de capital por más de 5 billones de pesos= 2,5 billones de dólares, para sus inversiones en el mercado financiero colombiano e internacional.

El sistema de seguridad social se ha convertido para los grandes banqueros del país en un recurso fácil, abundante y gratuito para hacerse a unos capitales que les permiten fortalecer sus inversiones, sin el peligro de arriesgar su propio dinero en las mismas. En otras palabras, en los Fondos de Pensiones y de Cesantías, los ahorradores corren con las pérdidas de las malas inversiones y los banqueros se llevan buena parte de las ganancias cuando estas se presentan.

Ante todas estas ventajas es apenas lógico que los grandes magnates o multimillonarios de Colombia: Santo Domingo, Sarmiento, Ardila estén apoyando y reclamando un tercer período de gobierno para el presidente Uribe. Nunca habían disfrutado de una época de tan grandes ganancias como en los años que han transcurrido de esta administración.


DEL AHOGADO, MÁS QUE EL SOMBRERO

Pese a los pronósticos optimistas de los altos funcionarios del gobierno es muy improbable que el Congreso de los Estados Unidos apruebe el Tratado de Libre Comercio con Colombia en lo que resta del año. Previendo esta posibilidad y adelantándose a una posible dilación de esa aprobación hasta el año 2009, el presidente Uribe ha cambiado de estrategia comercial y política y se ha apresurado a firmar Tratados de Libre Comercio con países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala, que aunque tienen economías pequeñas pueden convertirse en un buen mercado para una serie de artículos colombianos que no tienen entrada en las naciones ricas del planeta.

Así mismo ha impulsado la idea de firmar un Tratado con la Unión Europea en el que estarían involucrados los países de la Comunidad Andina: Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Colombia y posiblemente Venezuela que estudia su regreso a esta asociación tras la serie de problemas políticos que ha enfrentado para hacer su publicitada entrada al MERCOSUR, por parte, especialmente, de los Congresos de Brasil y Paraguay.

Los acercamientos entre Uribe y Chávez y las buenas relaciones entre los dos gobiernos no son gratuitas. Para Colombia, Venezuela representa el segundo mercado exportador después de los Estados Unidos. Con dos ventajas adicionales : La primera, que el intercambio comercial con el país vecino está creciendo y este año subirá a más de 3 mil millones de dólares y la segunda, que grandes sectores de la industria nacional han encontrado en Venezuela un mercado muy oportuno para vender bienes y servicios que difícilmente podrían ofrecerse en Europa y Estados Unidos. Los empresarios antioqueños, muy cercanos políticamente a Uribe, tienen grandes inversiones e intereses en ese país y esta realidad económica apuntala o fortalece la buena relación que existe entre los presidentes de ambos países.

Volviendo al caso del posible Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hay que advertir que esta Comunidad de naciones, el segundo bloque económico más importante del mundo, exige a los países con los que firma este tipo de acuerdos el cumplimiento estricto de una serie de políticas en derechos humanos, protección a los sindicalistas, medio ambiente, trabajo infantil, que el gobierno colombiano y sus principales aliados en teoría dicen respetar , pero en la práctica violan y pasan por alto descaradamente. Seguramente, también en esta negociación se presentarán problemas muy similares a los que se han registrado en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el Tratado de Libre comercio con este país.

Los hechos son tozudos. De cada 100 niñ@s que hay en Colombia, unos 20 están obligados a trabajar para ganarse el sustento propio y el de sus familias. Más de 57 se encuentran en la pobreza y unos 23 están por fuera del sistema escolar. Unos 11 mil menores de 15 años de edad están militando en grupos armados ilegales, de guerrillas o de paramilitares

Y si hablamos de las personas mayores de 65 años de edad, la situación es igualmente difícil. Solo 2 de cada 10 ancianos reciben una pensión de jubilación. De los 3.800.000 mayores de 65 años que hay en la actualidad en Colombia, el 79% se encuentran en la miseria y en la pobreza. El gobierno , dentro de sus programas asistencialistas , entrega auxilios mensuales que oscilan entre los 40 mil y los 75 mil pesos= 20 a 37 dólares , a unos 400 mil ancianos, dineros que son solo un aporte cosmético a un gravísimo problema social que es consecuencia de las estructuras injustas que se tienen en el país.

Más del 75% de las personas que trabajan y cotizan a la seguridad social tienen sueldos mensuales inferiores a $ 800.000= 400 dólares y solo el 1,2% de los asalariados declaran ingresos superiores a $ 2.500.000= 1.250 dólares, lo que demuestra, de un lado, la poca capacidad de consumo de la población empleada y del otro las extremas diferencias que existen entre la minoría de más altos ingresos y los ingresos promedio de la mayoría.









POLÍTICA


EL NUEVO CIRCO DE LA REELECCIÓN

Varios de los más cercanos colaboradores y amigos del presidente Uribe han empezado a ambientar en los medios de comunicación la posibilidad de un tercer período para el mandatario, argumentando que su administración ha sido tan eficaz y el control del orden público tan satisfactorio, que no existe en la actualidad ningún líder político que pueda reemplazarlo y cumplir un trabajo tan destacado en la conducción del Estado.
Sin embargo, para legalizar esta nueva pretensión de Uribe, el presidente va a encontrar obstáculos más difíciles de superar que los que tuvo que vencer para su primera reelección.

En primer lugar, aunque el Congreso tiene mayorías Uribistas, estas mayorías están fragmentadas o divididas en unos ocho grupos o movimientos algunos de los cuales están liderados por personajes que de una u otra manera han demostrado su ambición por suceder al actual presidente en el 2010. Tales son los casos del Senador Germán Vargas Lleras, jefe de “Cambio Radical” y de los ministros Juan Manuel Santos, del llamado partido de la “U” y Carlos Holguín, del partido Conservador.

Si la reforma legal que autorizó la reelección por una sola vez estuvo a punto de fracasar en el 2005 cuando se tramitó, será mucho más difícil lograr un paso exitoso de la misma para autorizar la reelección por segunda vez.

En segundo lugar, la estrategia o política de Seguridad Democrática en la que ha basado Uribe el manejo exitoso de su imagen dentro de la población, está mostrando grietas, quiebres profundos. El principal grupo guerrillero, FARC, aprovechando el proceso de reorganización de los paramilitares, ha intentado recuperar territorios y hacer presencia de nuevo en zonas que había tenido que abandonar en años anteriores. En departamentos del Sur occidente del país como Nariño, Cauca y Putumayo se ha fortalecido económica y militarmente gracias al control que ejerce o comparte con otras organizaciones armadas en los campos de cultivo de la coca y en las tareas de procesamiento de la hoja de esa planta y la producción y embarque al exterior de la cocaína.

Las FARC, no están vencidas militarmente como lo proclama la propaganda oficial y aunque han perdido mucho prestigio político entre la población en general por la suma de acciones que han cometido violando el llamado Derecho Internacional Humanitario: secuestros, extorsiones, asesinatos de líderes comunitarios y dirigentes políticos, masacres, continúan siendo una amenaza importante para la estabilidad del sistema de gobierno actual. No para creer que puedan tomarse el poder del Estado, pero si para considerar que la única manera de resolver el conflicto político militar que ha soportado Colombia en los últimos 40 años pasa necesariamente por una negociación directa entre las autoridades del Estado y los jefes de esta guerrilla.

En otras palabras, es evidente que las FARC no tienen el poderío que ostentaban en buena parte de los años 90, pero también es cierto que distan mucho de estar derrotadas o totalmente acorraladas como Uribe y los mandos militares del gobierno lo repiten.
El presidente, con la gran habilidad que lo caracteriza para manejar los medios de comunicación y eludir los escándalos o errores que pueden afectar su imagen, ha logrado hasta ahora “pasar de agache” ante los errores o fallas que muestra la Seguridad Democrática en muchas partes del país. El agua sucia de la gestión la ha recibido en su mayor parte el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Santos, es un controvertido político nacido en una de las familias que simbolizan la vieja oligarquía que ha gobernado al país, propietaria del principal diario nacional, “El Tiempo”. Deseoso de fortalecer su candidatura presidencial aceptó el Ministerio de Defensa, creyendo que a través de la gestión exitosa de seguridad, se convertiría en un favorito de la opinión pública. Sin embargo, muy al contrario de lo que esperaba le ha tocado enfrentar una serie de escándalos que ponen de presente los profundos niveles de corrupción que existen en las fuerzas militares y de policía.

Dentro de esa serie de escándalos están la destitución de altos oficiales del Ejército en el departamento del Valle acusados de estar al servicio de los carteles del narcotráfico de esa región; la interceptación telefónica hecha por sectores de la Policía a funcionarios públicos, periodistas, dirigentes de la oposición , que se tradujo en la remoción de 12 generales de esa institución , sin que quedara aclarado el papel del presidente y del propio Santos en la autorización de esas interceptaciones;
oficiales detenidos y procesados por la Fiscalía por su vinculación a los grupos paramilitares; los falsos anuncios de combates victoriosos contra la guerrilla con la presentación de cadáveres de los presuntos rebeldes muertos , que luego , tras algunas investigaciones de la Fiscalía , se comprobaba que pertenecían a ciudadanos respetuosos de la ley y el orden y otra larga lista de golpes contra el prestigio de las Fuerzas Armadas y del propio gobierno.

La oposición representada en el Partido Liberal y en el Polo Democrático ha enfilado sus baterías contra Santos y lo ha hecho objeto de varios debates y de un intento de censura a su gestión en el Congreso. El Ministro, sin querer queriendo como dice el dicho popular, ha servido de mampara o de dique protector del presidente , quien en circunstancias normales debería haber sido responsabilizado por la opinión pública de toda esta serie de escándalos y negociados que reafirman las denuncias que los organismos de derechos humanos en Colombia y en el exterior han venido haciendo sobre las acciones criminales de un sector de las Fuerzas Armadas, en complicidad con grupos del narcotráfico y del paramilitarismo.

Los principales medios de comunicación, propiedad de los grupos financieros que se han beneficiado de la gestión política de Uribe, se han encargado de tender una cortina de protección o seguridad alrededor de la persona del presidente, censurando o silenciando las voces de la oposición que critican o cuestionan la responsabilidad presidencial en esta serie de escándalos y que lo acusan , inclusive, de tener pactos o acuerdos con los principales capos o jefes paramilitares.

Esta cortina es más visible en los canales y en las cadenas de televisión y radio comerciales donde con pocas excepciones la figura de Uribe inspira un temor reverencial y una complicidad mal disimulada en los periodistas que hacen las veces de directores u orientadores de los noticieros de esos medios.

Gracias entonces a esa protección de los medios y a las propias habilidades en el manejo de su imagen, el presidente ha logrado conservar unos altos índices de favorabilidad en las encuestas de opinión, que lo motivan a pensar en la posibilidad de un tercer período de gobierno, sin interesarle que esa nueva reelección “caudillista”, termine de quebrar el débil marco institucional que todavía regula la vida política del país.

El hecho de haberse atrevido Uribe a insinuar al joven ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias como su posible sucesor es otra jugada del presidente para motivar a sus seguidores a insistir con más fuerza en la posibilidad de la tercera elección. consecutiva. Arias, un tecnócrata conservador, no tiene ni el peso,. ni la experiencia política necesarias para reemplazar a su “patrón”, pero se ha caracterizado por el excesivo servilismo hacia el presidente a quien trata de imitar inclusive en la forma de hablar y de dirigirse con vehemencia y agresividad a los públicos con quienes se ha enfrentado en su tarea de alto funcionario.


DE CASCABELES, GATOS Y RATAS

El proceso de aplicación de la mal llamada ley de “Justicia y Paz” con los jefes de los grupos paramilitares recluidos en varias cárceles del país, sigue marchando en medio de muchas contradicciones y situaciones complejas, producto de la manera como se negoció por el gobierno y se aprobó en el Congreso.

De un lado, atendiendo presiones de las autoridades norteamericanas que se hacían cada vez más difíciles de eludir o pasar por alto por parte del gobierno, el presidente ordenó el traslado de dos de los principales capos del paramilitarismo y el narcotráfico, “Don Berna” y “Macaco” , de la cárcel de Itaguí a la Cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). En el caso de “Macaco” se autorizó la extradición del mismo a los Estados Unidos donde es solicitado por varios tribunales acusado de delitos conexos con el narcotráfico, una vez sean cumplidos los trámites ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre “Don Berna” también pesa una orden de extradición que hasta ahora no se ha hecho efectiva. Ambos capos, de acuerdo a informaciones de las agencias de seguridad de Colombia y de los Estados Unidos, habían seguido manejando sus redes criminales desde la cárcel, ordenando asesinatos, embarques de cocaína, distribución de poderes y dineros dentro de sus organizaciones que seguían activas pese a la publicitada “desmovilización” que supuestamente habían hecho en meses anteriores.

“Don Berna”, un ex aliado de Pablo Escobar en los años 80, ha montado un verdadero imperio criminal en Medellín y el departamento de Antioquia , que controla actividades tan diversas como los juegos de azar, el transporte urbano , las empresas de vigilancia privada, haciendas y plantaciones.

Entre tanto “Macaco”, otro narcotraficante convertido en jefe paramilitar, es el jefe de redes de delincuentes que controlan territorios como el sur de Bolívar, el Magdalena medio, Risaralda, Putumayo. Uno y otro han contado para establecer ese poder con la complicidad de políticos y empresarios tradicionales de esas regiones.

Si se efectúa la extradición de estos dos “Señores de la Guerra”, Uribe, podría reclamar ante sus críticos en Colombia y sobre todo en los Estados Unidos, que no tiene una política complaciente, tolerante, con los paramilitares procesados por la ley de “Justicia y Paz”. “Macaco” y “Don Berna” se convertirían en los chivos expiatorios, en las piezas que se sacrifican ante las presiones norteamericanas, para salvar los acuerdos de impunidad que el gobierno negoció con los principales jefes del paramilitarismo en Santafé de Ralito.

Así parecen haberlo entendido los compañeros de esos dos capos, quienes no han hecho sentir sus protestas y reclamos por la nueva suerte que le espera a sus colegas. De hecho, las divisiones y tensiones entre los jefes recluidos en la cárcel de Itaguí, habían crecido a tal punto que se temía el asesinato de algunos de ellos por obra de sus propios compañeros.

Estas divisiones obedecen a muchos motivos: el control de las redes del narcotráfico, la disputa por haciendas y otras propiedades, el negociar o no con las autoridades norteamericanas un arreglo a los problemas judiciales que la mayoría tiene en los Estados Unidos, confesar o no confesar los crímenes cometidos en las versiones libres ante los fiscales de la ley de “Justicia y Paz”.

Estas tensiones se complican aún más si se toma en cuenta que han aparecido en diversas regiones colombianas nuevos grupos emergentes de paramilitares, que los medios de comunicación han dado en llamar “Águilas negras”. Algunos de estos grupos responden a las órdenes de los capos “desmovilizados”, pero otros son dirigidos por líderes que se negaron a someterse al proceso jurídico negociado con el gobierno o por subalternos de los antiguos capos que quieren aprovechar el vacío de poder que se ha creado para enriquecerse y ejercer su propio dominio criminal en esas regiones.

Aunque el gobierno ha intentado minimizar, o no destacar esta nueva presencia criminal, lo cierto es que el fenómeno paramilitar con toda su secuela de atrocidades, saqueos, rapiña y crímenes contra la población civil continua vigente en muchas partes de la nación. Sin embargo, el presidente en discurso ante las Naciones Unidas se atrevió a decir que “ya había desaparecido el paramilitarismo en el país”.

Mientras tanto la aplicación de los procedimientos judiciales de la ley de “Justicia y Paz” marcha a paso de cangrejo, por la escasez de funcionarios y de presupuesto para agilizar los trámites. Se calcula que para recibir las versiones libres de los 2970 jefes y subjefes paramilitares beneficiados con esta ley al ritmo actual se necesitarán no menos de 59 años.

En la práctica, los capos que han entregado sus versiones libres a los fiscales, con algunas excepciones se han negado a reconocer la autoría de la mayoría de los miles de crímenes que se les adjudican. Por el contrario, no han tenido inconveniente en declararse “Víctimas “de la inseguridad y de la violencia y algunos han reclamado, inclusive, que su verdadero papel fue el de buenos ciudadanos que “salvaron” la democracia y el orden político en el país.

Muchos de los testigos que querían denunciar a los jefes paramilitares por sus crímenes han sido amenazados o asesinados. La mayoría de los bienes o propiedades que voluntariamente han entregado los capos como supuesta “reparación “ a las víctimas tienen problemas jurídicos, o están en mal estado o no corresponden con la oferta hecha por sus dueños.

De otro lado, para evitar que más de 19 mil paramilitares de base desmovilizados por órdenes de sus jefes perdieran la libertad y otros beneficios jurídicos como consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema que los hacía culpables del delito de concierto para delinquir agravado, el gobierno estudió varias fórmulas. Una primera que surgió fue la de presentar una ley al congreso para reconocer a todos los paramilitares como sediciosos o delincuentes políticos, reconocimiento que salvaría a los jefes recluidos en Itaguí y en otras cárceles de la extradición a los Estados Unidos y prácticamente les garantizaría de una vez y sin mayores trámites la total impunidad.

Ante las múltiples críticas que esta iniciativa recibió, finalmente el presidente y su ministro del Interior, Carlos Holguín, se transaron por otra opción que consiste en declarar a los paramilitares de base culpables del delito de Concierto o asociación para delinquir simple, que es excarcelable en nuestra legislación.

Todos estos ires y venires muestran a las claras la red de complicidades que desde años atrás se han creado entre la clase política tradicional, a la que pertenece Uribe, y el fenómeno paramilitar , que se ha alimentado de fuentes como la corrupción gubernamental, el narcotráfico y el latifundismo o concentración de la propiedad de la tierra.

Mientras tanto, las investigaciones de la Corte Suprema contra los congresistas comprometidos en la parapolítica siguen avanzando. Entre los llamados a rendir indagatoria en estos días está el senador Mario Uribe, pariente y socio político del presidente, quien conoce muchos secretos “incómodos” del mandatario colombiano.


MAMBRÚ SIGUE EN LA GUERRA

En este período se han intensificado los operativos militares en el conflicto que se libra entre las tropas del Estado y la guerrilla de las FARC. El gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan con la participación de más de 15 mil soldados para tratar de copar las zonas que ha usado como retaguardia o “escondite “estratégico la guerrilla en los últimos años en el Sur oriente del país. Como consecuencia de estos operativos , se ha registrado la muerte de varios jefes subalternos de las FARC y la destrucción de un buen número de campamentos, que tanto el presidente como su ministro, Juan Manuel Santos, han reclamado como éxitos políticos en su gestión de llamada “seguridad Democrática”.

Las FARC a su vez han atacado en zonas claves de la cordillera central (departamentos del Quindío y Tolima) donde no hacía presencia desde los años 90.

Lo único cierto de todo esto es que dada la voluntad militarista de ambas partes , esta guerra se extenderá en los próximos años aumentando la herencia de desolación y muerte que ha dejado ya este largo conflicto, sin que ninguno de los bandos pueda lograr la victoria total que ambicionan.

Uribe, se ha negado, por ejemplo, a hacer el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle, que las FARC exigen como condición necesaria para hacer el intercambio humanitario de los políticos, militares y policías que tienen secuestrados desde hace varios años y entre los que destaca la figura de la ex candidata presidencial, Ingrid Betancur, por líderes guerrilleros presos en las cárceles del Estado.

La intransigencia de las partes en esta negociación ya arrojó un saldo trágico con la muerte de 11 de los 12 diputados de la Asamblea del departamento del Valle, que la guerrilla tenía en su poder desde hacía unos cinco años. Es muy posible que la muerte de estos políticos haya sido producto , como alegan los voceros de las FARC , de un combate o asalto que un grupo armado hiciera contra el frente guerrillero que los tenía retenidos, ya que no tiene ninguna explicación política lógica que los subversivos los hayan asesinado por simple capricho , cuando representaban para ellos una pieza política importante de negociación y presión ante el gobierno.

Pero la muerte de los diputados señala aún más la urgencia de aclarar una salida pronta al intercambio humanitario. En este sentido la movilización popular que el profesor Gustavo Moncayo, padre de uno de los policías secuestrados , logró despertando las simpatías entre miles de personas por un acuerdo humanitario , al hacer a pie más de mil kilómetros entre su pueblo natal, Sandoná ( Nariño) y Bogotá, fue un hecho clave que sirvió para que el presidente Uribe aceptara la propuesta de la senadora liberal , Piedad Córdoba, de pedir la mediación del presidente Hugo Chávez de Venezuela, para tratar de lograr el deseado acuerdo.

Chávez visitó a Bogotá y tras dialogar con el presidente colombiano se comprometió a luchar por lograr no solo un rápido acuerdo para el intercambio humanitario, sino por colaborar en una salida política al conflicto político militar que vive nuestro país.

Entre los gobiernos de Colombia y Venezuela existen magníficas relaciones políticas y económicas, a pesar de las profundas diferencias ideológicas entre uno y otro mandatario. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia y tanto Uribe como Chávez, por ahora, se necesitan mutuamente.

Chávez, a través de la gestión humanitaria busca fortalecer su imagen como líder latinoamericano y por la vecindad con Colombia a su gobierno le convendría la desactivación del conflicto que se vive en nuestro país en vista de las repercusiones sociales, políticas, de orden público que este ha traído para las zonas fronterizas venezolanas.

Uribe, a su vez, ha encontrado en Chávez, una posibilidad para bajarle peso a las presiones de gobiernos extranjeros como el de Francia. Francia ha insistido de todas las maneras posibles en que el presidente Colombiano facilite la realización de un acuerdo humanitario que libere a las personas secuestradas y en especial a quien más le interesa al presidente francés, Nicolás Sarkozy, la ex candidata Ingrid Betancur. Ingrid, tiene la nacionalidad de ese país y su liberación se ha convertido desde hace años en una causa política muy importante para el gobierno y la ciudadanía de ese país europeo.




SUPERMERCADO ELECTORAL

Las elecciones para escoger gobernadores departamentales, alcaldes municipales, concejos y asambleas, están marcadas como las de años recientes por la intervención de las mafias políticas asociadas al paramilitarismo, el narcotráfico y en algunos municipios a las guerrillas. La mayoría de los parlamentarios detenidos por la Corte Suprema de Justicia han estado manipulando desde las cárceles no solo los acuerdos políticos para concretar a los candidatos a los diferentes cargos, sino los resultados electorales en departamentos como Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar, Bolívar en una muestra descarada de corrupción y desprecio por la ley.

Solo en las grandes ciudades y con muchas limitaciones se puede hablar de un sector independiente del electorado relativamente significativo. En Bogotá, contra lo que podía esperarse meses atrás, la disputa por la alcaldía se presenta bastante cerrada entre el candidato del Uribismo, Enrique Peñalosa y el candidato del Polo Democrático, el ex senador Samuel Moreno.

Peñalosa, quien ya fue alcalde, despierta resistencias en muchos sectores por sus maneras arrogantes de enfrentar las decisiones administrativas y por los errores técnicos y económicos que se presentaron en el montaje de grandes proyectos como el “Transmilenio” de transporte urbano.

Moreno, ha hecho fortuna política en Bogotá, como nieto del ex presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla. En contra de lo que decían las encuestas le ganó con amplitud la consulta interna del Polo para elegir candidato a la conocida dirigente y ex ministra María Emma Mejía. Sin ser un personaje dotado de gran carisma, ni de excelsas dotes intelectuales, ha logrado emparejar la carrera electoral con Peñalosa.

Para el Polo es vital no perder la alcaldía de Bogotá, que ha sido una magnífica vitrina política para proyectar la imagen del partido a sectores de la ciudadanía que veían a sus líderes con desconfianza y aún con temor. De hecho, exceptuando la gobernación de un departamento como Nariño, que se asegura ganará el ex senador Antonio Navarro, de perder Bogotá, el Polo quedaría sin mayor base de representación política regional en el país, lo que debilitaría, sin dudas las perspectivas de triunfo de una candidatura presidencial en el 2010.

A esta situación deben añadírsele las graves tensiones que se han presentado entre los diferentes sectores o matices que conforman el movimiento, en relación a los criterios que se deben adoptar frente a las FARC, las amenazas que han hecho contra algunos líderes de la propia coalición y en general sobre la lucha armada. En otras palabras, si el Polo debe declarar a las FARC como una fuerza enemiga de su proyecto político o si debe tomar una actitud neutral ante los llamados actores armados del conflicto que sufre el país.

Lo cierto es que una disolución o división del polo terminaría beneficiando a todos los sectores extremistas de la nación , tanto en la izquierda como en la derecha política, fortaleciendo las soluciones militaristas y autoritarias que promueven para los problemas que padece nuestra sociedad.

En la mayoría de los municipios y departamentos, las candidaturas propuestas se presentan como resultado de coaliciones electorales donde se dan las alianzas más insólitas. Estas alianzas son fruto de las relaciones políticas entre los diferentes grupos de poder en cada departamento , que son muy diferentes a las que se manejan a nivel nacional y de la propia fragmentación o debilidad de casi todos los partidos y movimientos actualmente existentes.

Esto explica que candidatos de izquierda como Navarro en Nariño, cuenten con el respaldo del partido Uribista, “Cambio Radical”, dirigido por el senador Germán Vargas, reconocido líder de la derecha nacional.

O que en el departamento de Santander, Horacio Serpa ex candidato presidencial y rival de Uribe en las dos últimas elecciones, se presente a la gobernación en nombre de una coalición donde están no solamente el partido Liberal, sino la mayoría de los partidos Uribistas.

En realidad lo que está en juego es la administración de los presupuestos regionales que aseguran a quienes los controlan el convertirse en los primeros empleadores y determinadores de inversiones, contratos y gastos en general, en la mayoría de los departamentos y municipios donde la industria y otras actividades comerciales son inexistentes o muy débiles.







MOVIMIENTO POPULAR


COMO EN LA RANCHERA, LA VIDA NO VALE NADA

El número de homicidios ha vuelto a crecer en varias regiones del país, como consecuencia de la aparición o reorganización de las llamadas bandas emergentes del paramilitarismo , que se disputan el control de las redes de extorsión y criminalidad que existen en muchas ciudades y regiones alimentadas por el narcotráfico y la corrupción política.

Departamentos como Cesar, Huila, Tolima, Cundinamarca, Cauca, Valle, presentan un aumento del número de asesinatos con respecto al 2006. En Cesar se pasó de 159, a 310, mientras en el Huila se aumentó de 244 a 342. Hay que tener en cuenta que los datos del 2007 solo comprenden hasta el mes de agosto, por lo que al terminar el año las cifras serán más contundentes aún.

Cali es la ciudad que registra un mayor número de homicidios con más de 1.026 en lo corrido del año. Ciudades intermedias como Cúcuta, Valledupar, Santa Marta, Pereira, Buenaventura presentan también aumentos considerables. En Cúcuta, por ejemplo, no se registraban 300 asesinatos desde el año 2002. Cúcuta y Pereira presentan tasas muy altas de asesinatos de 43 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio en América Latina, que es el continente con mayor violencia de este tipo en el mundo, es de 25 por cada 100 mil habitantes.

Lo curioso es que el año 2007 había sido propuesto por el gobierno nacional como el año de la vida y , es precisamente en este período cuando se nota un alza en el número total de asesinatos en el país. Colombia y Guatemala continúan siendo los países de América Latina con mayor número de muertes violentas en proporción al número de sus habitantes.

Esta ubicación no es gratuita: Guatemala padeció una larga y cruel guerra civil hasta hace unos diez años, pero tras la firma de los acuerdos de paz no se desarrolló un proceso eficaz de reconciliación, justicia y reparación a las víctimas. Los militares, principales responsables de la oleada de crímenes presentada no fueron judicializados y sus actuaciones quedaron en la impunidad y el olvido. Gracias a esa impunidad, se fortalecieron los grupos paramilitares asociados a las mafias del narcotráfico, han proliferado, abundado, las pandillas juveniles y todo tipo de formas delincuenciales.

En Colombia se vive un fenómeno similar de impunidad con las organizaciones paramilitares, que respaldadas por la clase política y empresarial cometieron todo tipo de crímenes contra la población civil, sin que sus actuaciones hayan merecido hasta ahora un efectivo proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Además, hay un incremento en el número e influencia de las pandillas barriales en las ciudades y los carteles del narcotráfico pese a las publicitadas capturas de algunos capos, siguen haciendo su presencia criminal y desestabilizadora dentro de la estructura social colombiana


El gobierno insiste en que la situación de los derechos humanos ha mejorado, pero tales declaraciones contrastan con la realidad de inseguridad que se vive en campos y ciudades. El dinero que genera el narcotráfico continúa siendo un imán irresistible para cientos de personas que prefieren jugarse la vida en los vericuetos tenebrosos de las redes criminales por lograr una riqueza y un poder “fáciles”, que aceptar una realidad cotidiana de trabajo duro y en la mayoría de las veces mal pagado.

Las élites, las clases política y empresarial del país , han enseñado este camino del atajo ético a los sectores populares y esto explica el ambiente de escepticismo, de cínica indiferencia de muchos grupos de la población cuando los gobernantes nacionales y regionales hacen llamados contra la corrupción y el desorden moral de la nación.

Las Iglesias, especialmente la Católica, también han empezado a ser víctimas de ese escepticismo de una parte de la ciudadanía. Mientras sus líderes hacen llamados a la paz, a la reconciliación, a luchar contra el crimen y la corrupción, algunos de ellos toleran con uno u otro pretexto la pederastia o abuso de menores de edad y otras conductas reprochables en los sacerdotes a su cargo, como ha sido denunciado ruidosamente en los medios de comunicación en días recientes.

El asesinato de líderes campesinos, de defensores de derechos humanos ha continuado en varios departamentos del país, sin que el gobierno central se de por enterado de la situación. Antes bien, el presidente y sus consejeros más allegados están creando un clima de opinión político favorable a justificar los crímenes contra miembros de la oposición civil al acusar sin ningún fundamento a los líderes del Polo Democrático de seguir simpatizando con la acción armada de la guerrilla.

En este sentido se está repitiendo lo que sucedió en los años 80, cuando destacados voceros oficiales de la época afirmaron que el partido de izquierda “Unión Patriótica” era el brazo desarmado de las FARC. Estas declaraciones promovieron, sin duda alguna, el asesinato de 3.500 dirigentes del partido en medio de la más perfecta impunidad, crímenes que ahora le representarán al Estado Colombiano una condena en los Tribunales internacionales y el pago de una gigantesca indemnización económica a los familiares de las víctimas de esa matanza.

Lo peor de toda esta situación es que muchos integrantes del Polo están ayudando al debilitamiento del partido con los enfrentamientos y las polémicas que se han presentado sobre la actitud a seguir frente a las acciones de las FARC. Algunos como Gustavo Petro, alegan que las directivas han sido tímidas en la condena del grupo guerrillero, mientras el propio jefe de la coalición, Carlos Gaviria, advierte que él ha sido claro en esa condena, pero al mismo tiempo asegura, que no le interesa convertirse en obstáculo para la candidatura presidencial de ningún compañero, o en un pretexto para dividir al movimiento.

Otro punto muy grave de la polarización que quiere hacer el gobierno contra líderes de la izquierda y contra sectores de la oposición en general es el convertir la libertad de pensamiento en un delito político, como lo deja ver el Consejero presidencial, José Obdulio Gaviria. Gaviria, en un artículo de prensa, condenó las teorías sobre la violencia que un profesor de la Universidad Nacional, Oscar Mejía, expusiera ante sus alumnos, diciendo que eran justificadoras de las acciones de la guerrilla., y que en “el pensamiento empezaba el pecado”.
En este caso también es visible otro hecho no menos grave: El espionaje que se hace en las aulas o salones de clase de las universidades estatales por parte de “acuciosos” funcionarios del régimen.