EL REINO DE LAS MARAVILLAS


Los voceros del gobierno siguen insistiendo en las bondades y eficaces resultados de las políticas económicas aplicadas en estos últimos años, haciendo oídos sordos a las advertencias y recomendaciones de muchos observadores y analistas que miran con preocupación el futuro financiero del país.

COYUNTURA COLOMBIANA
Para los meses de enero, febrero y marzo de 2008
Por Félix Posada Rojas


ECONOMÍA

EL REINO DE LAS MARAVILLAS


Los voceros del gobierno siguen insistiendo en las bondades y eficaces resultados de las políticas económicas aplicadas en estos últimos años, haciendo oídos sordos a las advertencias y recomendaciones de muchos observadores y analistas que miran con preocupación el futuro financiero del país.

De un lado, el gobierno Uribe ha incrementado notablemente el gasto y no precisamente para ampliar o mejorar los servicios básicos de salud, educación y vivienda a las mayorías de la población. El gasto militar es el principal responsable de ese aumento, porque para este año 2008 el mismo llegará a la suma de 9.700 millones de dólares= más de 20 billones de pesos, una cifra superior a la que el Estado transfiere a los departamentos y municipios para pagar maestros y servicios de salud.

A esos 9.700 millones de dólares hay que agregarles 1.700 millones de dólares más= 3, 6 billones de pesos que se usarán para la compra de armas y que insólitamente aparecen no como gasto administrativo, sino como inversión social del gobierno.

De hecho la compra de estas armas va a representar el 65% de la inversión social que el gobierno central ha dispuesto para este año. Esta desproporción muestra a las claras la prioridad o importancia que el presidente Uribe le da a sus planes militaristas, en perjuicio de los programas sociales que necesita un país donde 2 de cada 3 habitantes se encuentran en la pobreza.

Colombia es uno de los países del mundo donde en proporción al tamaño de su economía más dinero se gasta en lo militar. El 6,3% de todo lo que produce nuestra economía en un año corresponde a este tipo de gastos, mientras en Estados Unidos con guerras en Irak y Afganistán a bordo ese porcentaje de gastos solo llega al 4,04%.

En plena época de la llamada “Violencia” o guerra civil de 1948 a 1953 el gasto militar en Colombia llegó al 2,2% del producido total de la economía y durante la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-57) alcanzó apenas el 1,5%.

El aumento del gasto militar en el gobierno de Uribe ha ido de la mano con un aumento en el número de soldados, policías y demás agentes de defensa y seguridad reclutados. En el año 2002 cuando llegó el actual presidente al poder había 3,8 soldados por cada mil habitantes. Ahora tenemos más de 5 soldados por esos mismos mil habitantes.

Todo esto se entiende mejor si tenemos en cuenta que de los 566 mil cargos o empleos que dependen directamente del gobierno nacional, 460 mil o sea el 81% de tales empleos estarán ocupados en este año 2008 por gentes vinculadas a las tareas de defensa, seguridad y policía.

En otras palabras la administración Uribe ha convertido el Estado Colombiano en un “Estado gendarme “ , en un Estado Policía. Este aumento desproporcionado del llamado “pie de fuerza” también se verá reflejado en los próximos años en el pago de las pensiones a los militares y policías que se vayan retirando del servicio. Por cada peso que se gasta en lo militar hay que hacer un fondo o reserva de 47 centavos para cubrir las pensiones de los militares jubilados.

Si bien puede afirmarse que los grupos guerrilleros han perdido cualquier posibilidad de tomarse el poder por la vía armada, debe reconocerse que no están derrotados o aplastados completamente como se pretende hacer creer triunfalistamente a través de los medios de comunicación. Estudios recientes demuestran que por cada 100 guerrilleros retirados del conflicto por muerte o desmovilización, los grupos subversivos logran reclutar 84 nuevos combatientes, lo cual hace surgir muchas dudas sobre la eficiencia de esta lucha ya que el retiro o eliminación efectiva de un guerrillero le está costando al Estado la no despreciable suma de 1.500 millones de pesos= unos 800 mil dólares aproximadamente.

En contraste el gobierno ha anunciado que dará una compensación económica de 18 millones de pesos= unos 9 mil dólares aproximadamente a cada una de las 130 mil víctimas del conflicto político militar en el país que están inscritas en las listas oficiales, suma que resulta irrisoria para los muchos huérfanos y viudas que perdieron no solo a sus padres y esposos , sino sus tierras y pequeñas propiedades a manos de los cabecillas de esos grupos armados irregulares que controlan o tienen en su poder más de 6 millones de hectáreas y fortunas que superan los 6 mil millones de dólares.



LA SAGRADA LEY DEL EMBUDO

El sector agropecuario refleja con mucha claridad las realidades negativas de la desigualdad social y la falta de oportunidades económicas para los grupos empobrecidos que ha creado el modelo económico que se viene aplicando a lo largo de este mandato.

Los seis mil grandes hacendados y empresarios agrícolas protegidos por los subsidios y préstamos con bajos intereses que les suministra generosamente el gobierno Uribe tienen el control de más de 50 millones de hectáreas de tierra en el país. Mientras tanto los 3 millones de campesinos que poseen fincas de menos de 20 hectáreas apenas controlan unas 7 millones de hectáreas , extensión que se sigue reduciendo en la medida que las difíciles condiciones de financiación de la producción , la violencia y las amenazas de los grupos armados irregulares van desplazando o desalojando de esas propiedades a los campesinos.

Si aceptamos las muy discutibles cifras del gobierno que hablan de 2.266.000 desplazados por la guerra en estos últimos 15 años , que han perdido más de 1.700.000 de hectáreas y a los cuales este gobierno solo les ha devuelto 55 mil hectáreas podremos comprender en función de cuales intereses está operando la maquinaria política y financiera del Estado en el campo.

Casos como el de la hacienda de Carimagua en el departamento del Meta, cuya extensión de 17 mil hectáreas estaba destinada a ser repartida entre los campesinos desplazados de la región y que violando esta disposición pretendían ser “alquilados “ a grandes empresarios por cuenta del ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, ilustran la terrible ley del embudo que rige, que gobierna nuestra sociedad.

Según el ministro solo las gentes que tienen dinero e influencias pueden explotar grandes extensiones de tierras. Los campesinos deben conformarse, de acuerdo a esta teoría, con ser empleados como peones en las haciendas y sentirse agradecidos con los “patrones” que se han dignado ofrecerles ese trabajo.

Esta concepción “señorial” de la propiedad es la que ha alimentado el conflicto político militar desde hace más de 50 años en las áreas rurales. En los años 40 los terratenientes y jefes políticos conservadores con el apoyo de los grupos paramilitares de la época , los llamados “pájaros”, expulsaron a decenas de miles de campesinos de sus propiedades en las zonas cafeteras para quedarse con esas tierras que tenían una gran rentabilidad económica por los altos precios que ese producto había alcanzado en los mercados mundiales.

La resistencia de los campesinos a este despojo violento patrocinado desde la legalidad del Estado originó el fenómeno de los grupos guerrilleros que hasta el día de hoy hacen parte del paisaje político colombiano.

En lugar de ayudar a desactivar las causas del conflicto los funcionarios del actual gobierno están empeñados en continuar con el mismo problema creando más injusticias con las decisiones arbitrarias que asumen a favor de los grandes dueños de los capitales agrarios.

Otro de esos intentos fue el de la ley forestal, que afortunadamente fue rechazada por la Corte Constitucional que la encontró con graves vacíos o fallas de fondo y de forma. La ley había sido impulsada por el Ministro Arias en el Congreso contando con el apoyo de los parlamentarios Uribistas , desconociendo los reclamos que muchos sectores le habían hecho al texto de la misma . En el texto se desconocían los derechos de posesión sobre sus territorios ancestrales a las comunidades indígenas y afroamericanas y se le daban plenas garantías a las grandes empresas forestales, agropecuarias, mineras para explotar a su amaño los bosques, las selvas del país , las fuentes de agua sin que el Estado quedara con autoridad para intervenir y moderar esa explotación.

En otras palabras lo que Arias pretendía era entregar a los grandes capitales financieros e industriales nacionales e internacionales las inmensas reservas de recursos naturales que todavía guarda el país, bajo el pretexto de acelerar el desarrollo y traer nuevas inversiones a Colombia.

Este capitalismo depredador que solo piensa en la rentabilidad y en el lucro inmediato ha sido el verdadero causante de la prolongación del conflicto político militar que sufre el país.
Otra variante de ese capitalismo es el que ha nacido en medio de la rapacidad, de la violencia que acompaña la explotación de los cultivos de coca y de amapola y de todos los negocios que se involucran en el llamado narcotráfico.

De un lado, el narcotráfico ha sido el motor de la acción criminal de los grupos armados irregulares en Colombia en estos años. De este sector ha nacido, ha salido un buen porcentaje de la clase terrateniente que se ha beneficiado del desplazamiento masivo de millones de campesinos y de las masacres y asesinatos selectivos que han acompañado ese desplazamiento.

El dinero del narcotráfico ha permeado, ha penetrado todas las clases y estamentos o grupos de la sociedad, aumentando o fortaleciendo la delincuencia, la violación de los derechos humanos y la cultura del dinero fácil en la nación. No menos de 3 mil millones de dólares circulan anualmente en el país gracias a este negocio y cerca de millón y medio de colombianos dependen directa o indirectamente en ciudades y campos de los ingresos que genera esta actividad ilegal.

También a su sombra se han enriquecido grupos financieros de la banca, el comercio, la construcción, la venta de propiedades, la hotelería, e incluso las multinacionales norteamericanas que venden de un lado las sustancias químicas necesarias para procesar la cocaína y del otro los tóxicos con los cuales el gobierno colombiano patrocinado por los Estados Unidos intenta fumigar y acabar los cultivos.

Colombia, pese a las fumigaciones con glifosato, continua siendo el primer productor mundial de cocaína, según lo ha reconocido la propia Secretaría de Estado Norteamericana. Hay no menos de 75 mil hectáreas de estos cultivos en el país, que con los avances “tecnológicos” que han hecho los cultivadores para conseguir variedades del arbusto de coca que den más cosechas al año y sean más resistentes a los tóxicos y a las fumigaciones permiten producir entre 700 y 800 toneladas anuales de cocaína, más o menos la misma cantidad que se producía con 120 mil hectáreas en el año 2.000.

Entre los años 2002 a 2006 se fumigaron 710 mil hectáreas y se erradicaron efectivamente solo 24 mil hectáreas de cultivos, lo que quiere decir que para erradicar 1 hectárea se necesita fumigar 30 hectáreas. Esta erradicación , entonces, resulta no solo ruinosa desde el aspecto económico para el gobierno colombiano, sino que trae consigo gran cantidad de daños ecológicos y ha sido punto de fricción, de tensión permanente con el gobierno Ecuatoriano por las fumigaciones que se han hecho en esa frontera sin medir las consecuencias de los males que para la población humana, la fauna y la flora de ambos países han traído esos operativos.

La gran hacienda, el narcotráfico, el paramilitarismo y el desplazamiento masivo de campesinos hacen parte de un mismo proceso social, que ha sido animado o tolerado por las altas autoridades del gobierno como “daños colaterales” o secundarios causados por el éxito relativo de su lucha militar contra los grupos guerrilleros.

Mientras no se promueva y ponga en práctica una reforma agraria integral que no se limite solo a repartir tierras entre los campesinos, sino que los asista y provea de recursos y ayudas para convertir sus propiedades en empresas rentables, será fantasioso creer que podrá debilitarse el negocio del narcotráfico en el país. El campesino abandonado por el Estado no encuentra en muchas regiones del país otra opción para ganarse la vida que la de vincularse a alguna de las etapas de producción y comercialización del narcotráfico, bien como cultivador, como “raspachín” o recogedor de la hoja de coca, como “laboratorista”, transportador de la mercancía o miembro de los grupos armados que “protegen” o controlan los campos de cultivo y las rutas de exportación de la cocaína.

Un gobierno empeñado en proteger a los grandes capitales rurales y urbanos, nacionales e internacionales y para el cual el campesino no tiene ninguna visibilidad o importancia en sus planes de desarrollo, está alentando con esas políticas la permanencia del narcotráfico en la vida social y política de la nación.



LO QUE IMPORTA VENEZUELA

Los grandes medios de comunicación, que son caja de resonancia de la clase empresarial del país , han difundido entre el ciudadano común y corriente la idea de que la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos será la salvación, la puerta definitiva para lograr el desarrollo de nuestra economía.

En la actualidad una gran cantidad de productos colombianos pueden entrar libres de impuestos a ese país , gracias a la extensión de las preferencias que el acuerdo Aptdea nos ha concedido desde hace varios años por el cumplimiento de las políticas contra el narcotráfico ordenadas por los gobiernos norteamericanos. En la práctica esto equivale a que estuviera en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio.

El año pasado exportamos a Estados Unidos productos por 10.300 millones de dólares y un 72% de ese dinero correspondió a exportaciones de materias primas como petróleo, carbón y café. Las exportaciones industriales que tienen lo que los economistas llaman un “valor agregado”, es decir que han sido elaboradas por trabajadores o mano de obra colombiana como los textiles, confección de ropa, productos metal mecánicos han ido perdiendo terreno en los Estados Unidos ante la competencia de otros países como la China, la India o las naciones Centroamericanas.

En cambio las exportaciones a Venezuela han crecido aceleradamente y el año pasado sumaron 5.210 millones de dólares, convirtiéndose en nuestro segundo socio comercial. La gran ventaja de este comercio es que a Venezuela le vendemos productos agro industriales o manufacturados como autos, químicos, alimentos procesados, textiles, etc que crean empleo productivo en nuestra nación y que no tienen mercado en ningún país desarrollado sea en Europa o en Norteamérica.

Perder el mercado venezolano equivale a quebrar un gran sector de la industria nacional y resultan insólitas las declaraciones de algunos amigos y voceros del gobierno que en la pasada crisis diplomática hablaban arrogantemente de cerrar nuestras exportaciones a ese país y buscar nuevos mercados para las mismas, ignorando que esos “nuevos mercados” no existen. México, Brasil, Argentina, por ejemplo, son competidores nuestros en ese mismo tipo de productos y de ninguna manera permitirían o facilitarían nuestras exportaciones a sus territorios. Los países centroamericanos tampoco son una alternativa válida por el tamaño reducido de sus mercados y porque ya muchos de ellos están copados por la producción mexicana.
A pesar de estas realidades y seguramente más por una cuestión de prestigio político el gobierno Uribe ha seguido insistiendo en la aprobación del Tratado con los Estados Unidos contando con el abierto respaldo del gobierno Bush.

El propio Bush ha hecho declaraciones afirmando que la aprobación del Tratado en el Congreso de su país es de gran importancia para proteger los intereses de los Estados Unidos en Latinoamérica y ha calificado a Uribe como su principal aliado en el continente. Además, ha intentado utilizar la reciente crisis diplomática entre Ecuador, Venezuela y Colombia como un arma política para convencer al Congreso de acelerar la aprobación de ese acuerdo comercial.

Toda esta suma de presiones se ha complementado con un informe de derechos humanos sobre Colombia expedido por la Secretaría de Estado del gobierno Bush donde se habla de “avances “en el respeto de los derechos humanos en nuestro país.

Sin embargo, las realidades que se viven y se sufren en Colombia han entrado a desmentir esas afirmaciones. En los últimos días han sido asesinados 6 sindicalistas en diferentes partes de la nación, uno de ellos en Bogotá que estaba vinculado al sindicato del “Citibank” en Colombia. El “Citibank” es el principal banco de los Estados Unidos.
Coincidencialmente los líderes asesinados fueron promotores de las marchas realizadas el 6 de marzo pasado en solidaridad con las víctimas de los grupos paramilitares y de las agencias de seguridad del Estado.

Y otra coincidencia es que se hayan multiplicado las amenazas e intimidaciones contra los principales organizadores de esas marchas , que fueron respaldadas no solo por sectores de la izquierda , sino por muchas universidades, grupos cívicos, medios de comunicación, intelectuales y gentes del común que no tienen ninguna vinculación con los sectores de izquierda en el país.

Los asesinatos y las amenazas sirven para confirmar tristemente lo que muchos congresistas opositores a Bush y pertenecientes al Partido Demócrata han denunciado una y otra vez en relación a la situación de los derechos humanos en Colombia. Los líderes sindicales y, en general los trabajadores de nuestro país no tienen las libertades básicas para defender y promover sus derechos y la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un Tratado de Libre Comercio en esas condiciones, serviría solamente para legitimar y perpetuar esa situación de injusticia y de persecución violatoria de los derechos humanos de los sindicalistas y de la ciudadanía en general.



SE VENDE HASTA EL HONOR

El gobierno actual se ha empeñado en privatizar todos los servicios sociales que antes prestaba el Estado directamente a la población , sin importar si tales privatizaciones traerán resultados negativos para esa misma población a la que se pretende servir.

El sistema de salud es un caso muy a propósito de esta situación. El Ministro de Protección Social, Diego Palacios, desmanteló el Instituto de los Seguros Sociales entregándole las clínicas y centros de salud de ese Instituto a empresarios privados alegando que así se “mejoraría “ el servicio a los usuarios. Poco le importó no solo destruír la estabilidad laboral de decenas de médicos y funcionarios de la salud de esos establecimientos, sino también dejar perder la experiencia acumulada desde el punto de vista administrativo y científico en dichos establecimientos.

Los usuarios del sistema de salud en Colombia han quedado en manos de empresas privadas , quienes como es natural buscan la máxima rentabilidad o utilidad económica en la prestación de los servicios , ignorando las necesidades de los pacientes y de sus empleados. Esto explica las grandes ganancias de estas empresas en el llamado sector “contributivo” , el que atiende a los empleados que cotizan mensualmente para recibir este servicio. Estas empresas cubren un “mercado” de más de 14 millones de personas y un “negocio “ que suma más de 7 billones de pesos= 3, 8 billones de dólares
La peor parte de esta situación se vive en el sistema subsidiado o de “Sisben” que presta servicios a los usuarios más pobres, desempleados o subempleados, que no cotizan al sistema y que es financiado directamente por el Estado.

Nominalmente más de 14 millones de personas están afiliadas a esta modalidad, pero como se ha venido comprobando por diferentes investigaciones y denuncias miles de estos usuarios no existen o no reciben efectivamente los servicios de salud que se les deben prestar. Los dineros de esta modalidad son administrados por alcaldías y gobernaciones , muchas de las cuales no solo han malversado los fondos, sino que han facilitado la creación de empresas prestadoras de salud vinculadas con los jefes de los grupos paramilitares y con políticos amigos de estos , que han encontrado en la salud subsidiada una nueva fuente de enriquecimiento en departamentos de la Costa Atlántica, los Santanderes, los Llanos Orientales.

Decenas de miles de millones de pesos se han desviado del sistema de salud para fortalecer el aparato clientelista y criminal de políticos y paramilitares. Cálculos moderados hablan de un desvío de más de 700 mil millones de pesos= 370 millones de dólares, mientras otros elevan esa cifra a casi 2 billones de pesos= más de mil millones de dólares.

Lo peor de este desangre es que hay más de 14 millones de personas en el país que no reciben ningún tipo de asistencia en salud y están completamente desprotegidas en este servicio básico.

Así mismo,el sistema de pensiones de jubilación , la mayor parte del cual está en manos de bancos y grupos financieros , ha declarado pérdidas por cerca de 2 billones de pesos en sus inversiones. El problema es que estas inversiones se hacen con los dineros que los usuarios depositan en sus cuentas de pensiones y que el negocio funciona de tal manera que los dueños de los fondos participan de las utilidades cuando las hay, pero cuando se registran pérdidas como en este caso, estas las asumen los clientes.

Este sistema ha resultado un instrumento fácil, barato y oportuno para que los grandes empresarios del país y del exterior puedan tener capitales a su disposición sin arriesgar dinero propio y logren “apalancar “, en otras palabras financiar las inversiones que sus grupos financieros quieren hacer en las diferentes áreas de la economía. El capital acumulado en los fondos puede fácilmente llegar a más de 40 billones de pesos= 21 mil millones de dólares.

La entrega de las propiedades y de los intereses del Estado se ha dado en otros sectores estratégicos de la economía nacional, por ejemplo en la industria petrolera donde la compañía estatal “ Ecopetrol” ha iniciado un proceso de privatización , mientras se ferian alegremente concesiones de exploración del mineral por millones de hectáreas a las compañías extranjeras.

Las centrales termoeléctricas, todavía en poder de algunos departamentos, han querido ser vendidas por el gobierno central a empresarios privados y solo algunos recursos jurídicos de última hora interpuestos por algunos grupos de esas regiones han impedido concluir esas ventas.

En palabras claras ya le queda muy poco por vender al Estado Colombiano y como lo veíamos en otra parte de este análisis el Estado ha pasado de ser un proveedor de servicios sociales para buena parte de la población a convertirse en un Estado gendarme o policía al servicio del gran capital nacional e internacional.



POLÍTICA

EL REINO DE LA BARBARIE

El plan militarista del gobierno Uribe y la obsesión del propio presidente por derrotar a la guerrilla de las FARC han podido tener consecuencias trágicas para la paz del continente, si la muy oportuna “Cumbre de las Américas“ realizada en República Dominicana con la asistencia de los presidentes de la región , no hubiera desactivado muchas de las tensiones que se presentaron entre los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

En esta ocasión la crisis se presentó a raíz de la violación de la soberanía del Ecuador hecha por tropas colombianas que atacaron por tierra y aire el campamento del líder guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, que se encontraba ubicado en la provincia de Sucumbíos del vecino país., matándolo a él y a otros 22 compañeros.

En un principio Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron la sangrienta operación como el mayor éxito en la historia de la guerra contra los grupos subversivos. Reyes, era el segundo hombre de las FARC detrás del mítico fundador de ese grupo Manuel Marulanda. Hacía las veces de canciller o jefe de las relaciones políticas nacionales e internacionales de la organización y su nombre y figura eran claves para iniciar cualquier gestión de paz con los subversivos, incluyendo entre ellas el acuerdo humanitario para hacer el canje entre políticos y militares prisioneros de las FARC y guerrilleros encarcelados en las cárceles del Estado.

Los medios de comunicación del país saludaron el éxito de la operación con alborozo, haciendo hincapié en la figura providencial de Uribe gracias a cuya voluntad y talento político se había logrado dar este golpe que acababa con el mito de que los altos jefes de las FARC no podían ser atrapados, ni eliminados.

Uribe confirmando la operación se atrevió a agradecer “la comprensión y colaboración “de su colega Ecuatoriano el presidente Rafael Correa, para ayudar a combatir al “narcoterrorismo”. Sin embargo, Correa , tras una investigación hecha por las Fuerzas Armadas Ecuatorianas sobre lo realmente sucedido en el campamento de Reyes, reaccionó indignado ante las declaraciones de Uribe, acusándolo no solo de haberle mentido en la información inicial del operativo, sino de haber violado descaradamente la soberanía del Ecuador y haber promovido una masacre en su país.

Uribe, animado por el respaldo de los empresarios, los medios, la mayor parte de los Obispos Católicos , de los congresistas y en general de buena parte de la población cuyos sentimientos guerreristas habían sido hábilmente fortalecidos a través de la radio y la televisión , en lugar de reconocer el abuso cometido contraatacó a Correa, dando a conocer por intermedio del Director de la Policía Colombiana , el supuesto contenido de unos computadores que habían sido tomados a Raúl Reyes y que mostraban una cercanía de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con las FARC.

Para ese momento, el presidente venezolano Hugo Chávez se había declarado solidario con Correa y había aprovechado la ocasión para insistir en sus ataques contra Uribe y su política favorable a los planes norteamericanos de desestabilización de los gobiernos progresistas en América Latina.

Correa, indignado por los nuevos ataques del gobierno colombiano, suspendió relaciones con el gobierno Uribe y expulsó al embajador de Colombia de suelo ecuatoriano. Idénticas medidas tomó el presidente Chávez, complementadas con la movilización de tropas a la frontera con Colombia.

Uribe recibió el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que consideró como un “derecho del gobierno colombiano en su lucha contra el terrorismo “el operativo hecho contra Reyes , quien era líder de un grupo terrorista internacional. En ese sentido , la administración Bush estaba usando términos o palabras parecidas a las que ha usado para justificar sus intervenciones en Irak o Afganistán o las de su aliado Israel en el medio Oriente.

La histeria nacionalista se profundizó en Colombia alentada por casi todos los medios de comunicación, que promovían el odio no solo contra los grupos guerrilleros, sino contra los presidentes Correa y Chávez y contra aquellos colombianos que veían la crisis bajo otra visión y se oponían a las aventuras militaristas de Uribe. Los índices de popularidad subían para el presidente, mientras en Latinoamérica con muy pocas excepciones los presidentes cerraban filas alrededor del presidente Ecuatoriano Correa y la defensa de la soberanía de su país.

Envalentonado por el apoyo que recibía en Colombia Uribe cometió un segundo error al amenazar con llevar a la Corte Penal Internacional al presidente Hugo Chávez por el supuesto patrocinio y colaboración que, según los computadores encontrados a Raúl Reyes, tenía con el grupo “narcoterrorista“ de las FARC. El problema para Uribe es que él mismo no tiene mucha autoridad moral para hacer esas acusaciones, ya que su gobierno ha sido denunciado en muchas ocasiones por las organizaciones de derechos humanos en Europa, Estados Unidos y América Latina por su complicidad con las acciones criminales de los grupos paramilitares.

Nicaragua hizo más compleja la crisis diplomática al anunciar su presidente Daniel Ortega la ruptura de relaciones con Colombia. Nicaragua tiene un diferendo con Colombia por la posesión del mar territorial que está frente a sus costas y frente a las de las Islas de San Andrés y Providencia. Además Ortega es un gran aliado del líder venezolano Chávez.

La Cumbre de las Américas que estaba programada para estos mismos días en que se presentó este delicado enfrentamiento, se convirtió en el espacio afortunado que permitió aplacar o moderar la crisis entre Colombia y sus vecinos. Pese a que Uribe repitió las acusaciones contra los gobiernos de Ecuador y de Venezuela sobre su supuesta complicidad con los guerrilleros de las FARC, sus argumentos no tuvieron mayor eco dentro de sus colegas latinoamericanos. La mayoría se alineó con la posición de defensa de la soberanía ecuatoriana de Rafael Correa y gracias a la actitud conciliadora de Chávez que sorprendió a muchos observadores , pudo lograrse el consenso sobre un documento o declaración final aceptable para todas las partes y que fue recibido en medio de abrazos , sonrisas y promesas de amistad por Uribe, Chávez, Ortega , que habían llegado con los ánimos alterados a la Cumbre.
De todos estos episodios quedan en claro varios elementos:

+El gobierno Uribe se está aislando diplomáticamente en América Latina, “se está quedando solo”, por la excesiva dependencia y obsecuencia o servilismo con las políticas de un gobierno como el de Bush , que está muy desprestigiado tanto en los Estados Unidos como en el mundo . La Asamblea de cancilleres de la OEA= Organización de Estados Americanos, ratificó esa situación al “rechazar” unánimemente, con la sola excepción de los Estados Unidos, la violación colombiana a la soberanía Ecuatoriana

+Las políticas guerreristas de Uribe van en contravía de los acuerdos de paz que apoyan la mayoría de los gobiernos latinoamericanos para solucionar el conflicto político militar que sufre Colombia. Ningún país vecino quiere “colaborar” en la guerra de Uribe.

+La política de Seguridad Democrática está asesorada por funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos e Israel , que pretenden hacer de Colombia la punta de lanza para desestabilizar un régimen como el de Chávez que se ha convertido en un verdadero “dolor de cabeza” para los intereses norteamericanos en la región. Esta influencia se hizo visible en el montaje del operativo contra Reyes , que contó con la ayuda de la tecnología militar de los Estados Unidos y en la posterior utilización de los presuntos archivos del guerrillero muerto para entrar a desacreditar e infamar al gobierno Chávez y a gobiernos también progresistas como el de Correa.

+Chávez , sorteó hábilmente la crisis. Si hubiera persistido en un enfrentamiento militar con Uribe hubiera creado el pretexto que necesitaba el gobierno Bush para intervenir con sus tropas en Colombia y Venezuela. Chávez comprendió a tiempo la trampa que se le estaba tendiendo y por esa razón optó por buscar un acercamiento con el gobierno colombiano a pesar de las profundas diferencias políticas e ideológicas que los separan.

+Hay sectores del gobierno , como el liderado por el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, empeñados en profundizar la crisis con los países vecinos, porque consideran , de un lado , que la crisis les permite sacar ventajas políticas para posibles candidaturas presidenciales y , del otro, porque tienen compromisos con las agencias de seguridad de los Estados Unidos que desean a toda costa encontrar el pretexto para calificar al gobierno venezolano de “ gobierno terrorista” para justificar la intervención militar en ese país.

+Una buena parte de la población colombiana apoya el militarismo Uribista y su política de “Seguridad Democrática”. Se ha hecho del odio visceral al enemigo , de la intolerancia y de la violencia contra el disidente , contra el que piensa diferente a lo que propone el presidente , motivos de exclusión y de discriminación. Es muy peligroso el camino que se está recorriendo y que ha sido estimulado por el gobierno y los medios de comunicación.

La paz para este pensamiento guerrerista no pasa de ser para la mayoría Uribista más que una falacia, una mentira tras la cual se quieren amparar los “enemigos” de la “democracia”.

Esto explica, que incluso sacerdotes y Obispos Católicos no tengan escrúpulos para celebrar y alegrarse con la muerte de Reyes y de sus compañeros y que el cadáver de este haya sido exhibido sin ningún reato ante las cámaras de televisión una y otra vez en medio de la complacencia de periodistas y funcionarios del gobierno.

Como bien lo dijo la presidenta Argentina Cristina Kirchner en Santo Domingo: “La ilegalidad no puede combatirse desde la legalidad del Estado con mayor ilegalidad” y esto es lo que viene ocurriendo en el país desde que empezó la “Seguridad Democrática”.

Para combatir a los grupos subversivos se ha apelado al terror igualmente criminal de los grupos paramilitares. Para eliminar a los jefes de la guerrilla se han violado fronteras de países vecinos, se han promovido asesinatos y todo tipo de acciones violatorias del llamado derecho humanitario.

Un caso revelador de esta tendencia es la recompensa de 5 mil millones de pesos = 2 ,7 millones de dólares que el gobierno piensa pagar a un ex guerrillero que traicionó a su jefe, uno de los comandantes más importantes de las FARC, Iván Ríos, lo asesinó junto a su compañera cuando estaban dormidos y como prueba de su crimen cortó la mano derecha del finado para llevarla a los oficiales de las Fuerzas Armadas Estatales.

El asesino no solo recibirá la recompensa, sino que el Fiscal General, Mario Iguarán , se atrevió a declararlo inocente de cualquier investigación por las muertes cometidas al afirmar que como “la vida no valía nada en la guerrilla”, la Justicia no tenía por que preocuparse por procesar penalmente al ex guerrillero.

En otras palabras con toda esta suma de actitudes se le está dando una cruel lección al pueblo colombiano: El valor de la vida y de la muerte en el país dependen del origen social y de la situación política de los asesinos y de los asesinados. Es la legalización de la barbarie y de la guerra a muerte.


LA VOZ DE LOS CAUTIVOS

Si bien las FARC han perdido militar y políticamente su capacidad para tomarse el control del Estado por la vía armada, siguen teniendo poder e influencia en algunas regiones del país, poder que no puede ser subestimado por el triunfalismo gubernamental.

Uribe y sus asesores han desechado cualquier opción de negociación con los subversivos, aún las que se requieren para lograr el canje o intercambio humanitario entre los políticos y militares que tiene secuestrados la guerrilla y los jefes rebeldes que tiene presos el Estado en sus cárceles.

El presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba, contra el querer del gobierno Uribista, insistieron en continuar las negociaciones con las FARC para obtener la liberación de las personas secuestradas y lograron sacar del horrendo cautiverio que padecían a dos ex senadores y dos ex representantes a la cámara. Sin embargo los reclamos de los liberados porque se concretara cuanto antes el intercambio humanitario para salvar a sus ex compañeros de prisión del martirio que están sufriendo, quedaron ahogados, silenciados, por las aventuras militaristas del gobierno en Ecuador.

Ingrid Betancur , la ex senadora y ex candidata presidencial colombo francesa , es la figura más conocida dentro del grupo de personas que permanecen en poder de las FARC después de más de seis , siete, diez años de secuestro. Francia ha presionado al gobierno colombiano para que se agilicen las gestiones de negociación, pero la muerte de Raúl Reyes paralizó de momento cualquier avance en las mismas.

Sin embargo, el ex senador Luis Eladio Pérez, una de las personas recientemente liberadas, ha presentado una fórmula al presidente Francés Nicolás Sarkozy, que podría facilitar el canje sin necesidad de cumplir con las exigencias de despeje de los municipios de Pradera y de Florida en el departamento del Valle que reclama la guerrilla y que Uribe se niega rotundamente a aceptar.

Las FARC, sin duda alguna, están sufriendo una de las peores crisis desde su fundación en el período 1964- 1966. La ofensiva Estatal, combinada con la acción de los paramilitares que siguen operando en muchas regiones, les ha hecho perder regiones enteras donde antes ejercían el control político y económico total . Ha crecido el número de desertores o desmovilizados; muchos frentes o grupos de combatientes se encuentran asediados, disminuídos e incomunicados con los jefes de la organización; y varios cabecillas de frentes han sido víctimas de los ataques bien planificados de las tropas del gobierno.

Pero pese a esta crisis es muy poco probable que el presidente Uribe obtenga la rendición incondicional de las FARC. Es muy posible que la guerra se prolongue en medio de pequeños combates, emboscadas y asesinatos selectivos, mientras la población civil continua sufriendo las consecuencias de los bombardeos, de los cercos y de los operativos militares.

Una solución inteligente que podría ayudar a parar o disminuír la barbarie y los horrores que se viven en el país como consecuencia del conflicto sería la de concretar un acuerdo para el intercambio humanitario con la ayuda de la mediación internacional y la de asumir esta primera negociación como un paso o etapa para llegar a un acuerdo o solución pacífica de la guerra entre los grupos subversivos y el Estado Colombiano.
Pero el falso patriotismo que impulsa el gobierno y los aparentes buenos resultados de su estrategia militar en la que se aplica el cruel refrán de que en la guerra todo vale , hacen muy improbable esperar un cambio del presidente hacia una solución negociada del enfrentamiento con las organizaciones guerrilleras.

El ELN, el segundo grupo guerrillero, con el que el gobierno Uribe estaba adelantando un acercamiento bajo la mediación del gobierno Cubano , ha reiterado su voluntad de paz, pero diferenciándola de la paz con rendición incondicional que pretende conseguir el presidente colombiano de la organización subversiva. En la propuesta de paz Uribista no se contempla ningún compromiso para adelantar o promover reformas sociales y políticas que amplíen la democracia del país y justifiquen por así decirlo la desmovilización y el regreso a la vida legal del ELN.

Mientras tanto para hacer más complejo el panorama político desde hace varios meses se han venido dando enfrentamientos armados entre los propios grupos guerrilleros FARC y ELN en varios departamentos del país no solo por el control político y militar de esas zonas, sino porque las FARC acusan de “traidores” a la causa revolucionaria a los “Elenos” debido a los diálogos que han tenido con el gobierno Uribe.



LA LEY PARA MIS AMIGOS

El presidente y sus principales asesores se han empeñado en lanzarle todo tipo de salva vidas jurídicos a los jefes paramilitares que están siendo procesados bajo la ley de “Justicia y Paz” y a sus cómplices dentro de la clase política, que a su vez están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.

Para salvar a los capos de cualquier persecución judicial en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico , están otra vez ambientando en el Congreso colombiano la iniciativa de considerar a los paramilitares como “sediciosos” , o sea como rebeldes o delincuentes políticos y no simplemente como delincuentes comunes como los calificó la Corte Constitucional.

En la práctica esto quiere decir que como delincuentes políticos los jefes paramilitares podrían merecer la impunidad o perdón total de sus múltiples crímenes contra la población civil , perdón que se haría extensivo a los parlamentarios amigos del presidente hoy detenidos o procesados por la Corte Suprema por su complicidad con esos grupos y líderes terroristas.

Uribe entiende que de ser extraditados algunos de los jefes paramilitares a los Estados Unidos podrían “cantar” o delatar muchos hechos, relaciones y alianzas que comprometerían no solo a amigos muy cercanos del presidente, sino al presidente mismo.

Lo cierto es que a pesar de las publicitadas desmovilizaciones de los grupos paramilitares, buena parte de ellos se han vuelto a reorganizar bajo el apodo de “Águilas negras” y otros apelativos parecidos en varias regiones del país, retomando las actividades criminales que los hicieron tristemente célebres.

Mientras el gobierno quiere tender un manto de impunidad sobre la llamada “Parapolítica”, la Corte Suprema reafirmando su independencia e integridad continua adelantando las investigaciones contra los Congresistas comprometidos en ese tema. En días recientes han sido detenidos varios “peces gordos” de la política Uribista como Ciro Ramirez, senador del departamento de Boyacá y promotor de la reelección del presidente y el representante del Caquetá, Luis Fernando Almario.

También están siendo investigados una serie de políticos de los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, entre los cuales el más conocido es el socio y pariente del presidente, el ex senador Mario Uribe, quien renunció a su cargo para eludir la acción de la Corte y tratar de conseguir un manejo más favorable para su proceso por parte de la Fiscalía General.

Lo curioso es que pese a la gravedad de toda esta situación y a que muchos de los acusados han sido aliados y cercanos amigos de Uribe , este , protegido por los medios de comunicación y por su propia habilidad política, ha capeado el escándalo sin que el mismo le trajera pérdida de popularidad o de prestigio entre el ciudadano del común.
La estrategia de apostarle el capital político a la llamada “Seguridad Democrática” y , en especial a la guerra contra las FARC, le ha servido a la perfección al presidente para cubrirse o blindarse de cualquier situación negativa en los procesos de la “parapolítica” fingiendo que las complicidades de sus amigos con los grupos paramilitares son asuntos o problemas exclusivos de ellos en los cuales él no ha tenido arte , ni parte alguna.

Tan exitosa ha sido la estrategia, que algunos aliados de Uribe han montado la campaña para una tercera elección del presidente para el período 2010-2014, reelección que obligaría a un nuevo cambio constitucional con un tortuoso proceso de recolección de firmas, aprobación de un referendo en el congreso y convocatoria para la votación del mismo a toda la ciudadanía.

Uribe , fiel a su estilo calculador, no ha querido pronunciarse claramente sobre esa campaña dejando que los medios de comunicación y los empresarios y políticos aliados sigan ambientando su permanencia en el poder por otros cuatro años , de tal manera que cuando le llegue el momento de “aceptar ese nuevo sacrificio” lo haga conmovido por los llamados y reclamos de la ciudadanía que lo considera un líder irremplazable para el país.

En otras palabras, si se presenta una nueva reelección Uribista , Colombia , en nuestro concepto, estaría transitando el azaroso camino de la dictadura en nombre de un programa militarista que nos seguirá arrastrando en un conflicto sangriento que no tiene otra salida real que un acuerdo negociado de paz. Mientras tanto ese programa continuará agravando las desigualdades económicas, que serán a su vez la semilla de nuevas rebeldías y problemas en el futuro cercano.







MOVIMIENTO POPULAR

LAS ÁGUILAS DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Las marchas realizadas en varias ciudades del país y del exterior el pasado 6 de marzo para manifestar la solidaridad con las víctimas de los grupos paramilitares y de los llamados crímenes de Estado , en las que participaron miles de personas de todos los estratos y sectores sociales , fueron no solo oportunas , sino necesarias. Demostraron que una buena parte de nuestra población no ha perdido el sentido de la justicia y de la equidad, ni los sentimientos de indignación frente a la tragedia que millones de colombianos anónimos han sufrido a manos de grupos y personas que hoy se ubican muy cerca del poder político y económico.

Estas marchas de marzo tenían tanta justificación como las marchas de febrero que fueron intensamente promovidas por el gobierno, los medios de comunicación y los empresarios y que se presentaron como una expresión de rechazo a los secuestros y demás actos criminales de las FARC contra la población civil.

Lo insólito es que voceros de la administración Uribe y amigos muy cercanos del presidente hubieran señalado las marchas contra los paramilitares como eventos organizados por la subversión y se hubieran atrevido a calificar a los participantes como idiotas útiles de los grupos guerrilleros. Con estos ataques pretendían ignorar la gravísima crisis humanitaria que se ha presentado en Colombia por la acción criminal de las bandas paramilitares y de sus aliados en el Estado que han sido autores de decenas de masacres, de centenares de asesinatos selectivos , del desplazamiento de cientos de miles de personas de sus tierras y propiedades.

Ni ética, ni políticamente puede silenciarse esta otra parte de la tragedia colombiana, si de verdad se quiere construir una paz auténtica en el país.

Algunos medios de comunicación han pretendido precisamente hacer eso, correr una cortina sobre toda esta cruel realidad con el pretexto de no “perjudicar” al gobierno y a sus políticas de seguridad.

En el fondo lo que se desprende de este tipo de actitudes es que un buen sector de la élite política y económica de Colombia sigue manteniendo una concepción “Señorial” de la Historia y de la Política en nuestro país. Mientras rechazan con indignación los secuestros y extorsiones que cometen los grupos guerrilleros y que afectan en un altísimo porcentaje a las personas de más altos ingresos, en otras palabras a ellos mismos y a sus amigos y familiares, se niegan a reconocer los horrores que han sufrido millones de campesinos y de personas humildes del pueblo a manos de los paramilitares , porque en su mentalidad clasista y discriminatoria esas personas no tienen cabida en su mundo del poder y de la política.

El efecto de los ataques de los voceros del gobierno a las marchas del 6 de marzo y a sus organizadores se ha empezado a sentir criminalmente. En una sola semana fueron asesinados 4 dirigentes sindicales que habían participado en la promoción de esos eventos y se han multiplicado las amenazas contra la vida de los líderes de las marchas a nivel nacional, y contra muchas ONG’s y organizaciones sociales en medio de la indiferencia del Estado.
Los ataques y las amenazas se han atribuido a los nuevos grupos paramilitares que bajo el nombre de “Águilas Negras” están operando con plena impunidad en varias regiones de la nación, con el visto bueno de algunas autoridades del gobierno.

Los dirigentes sindicales del país siguen siendo víctimas de estas “fuerzas oscuras” , que actuan abiertamente en muchos departamentos . El año pasado, el 2007, fueron asesinados 78 sindicalistas y en el solo mes de enero del 2008 cinco más fueron muertos violentamente en regiones como Antioquia, Tolima, Arauca y Cauca.
A pesar de que entre 1994 y 2006 se asesinaron más de 1.200 sindicalistas solo 56 personas fueron juzgadas por estos crímenes y de estos 14 fueron efectivamente sentenciadas.

Los desplazamientos de población por la situación de guerra que se sufre en la nación han continuado en departamentos como Nariño , Cauca , Arauca, donde los enfrentamientos militares son más fuertes Un informe presentado ante la Corte Constitucional sobre las causas y consecuencias del desplazamiento en Colombia señala que el 45,5% de los desplazados han tenido que huir de sus tierras por amenazas directas contra sus vidas; el 17% por asesinatos cometidos contra vecinos y parientes y 10,7% presionados por los combates en sus lugares de residencia.

Quizás el dato más diciente es el que habla de los grupos responsables del desplazamiento y que ubica a los paramilitares como los responsables del 37% de tales casos; mientras las FARC son los responsables en el 29,8% y el ELN en el 3%.
El porcentaje restante es atribuido al Ejército oficial o no ofrece una respuesta clara al respecto.

A Bogotá en los dos primeros meses del año han llegado 10 mil desplazados, que se suman a los más de 600 mil que sobreviven difícilmente en la capital del país.
Las mal llamadas “minorías étnicas “ afroamericanas e indígenas figuran entre los sectores de población más afectados por el conflicto político militar que se vive en la nación. El 17% de la población desplazada es de origen afroamericano o negro y a esto debe agregársele que los ingresos económicos de este sector son 3 veces inferiores al del resto de los colombianos y el 76% se encuentra en la pobreza absoluta.

En los años de gobierno del actual presidente se han asesinado más de 600 miembros de comunidades indígenas, lo que da un promedio de un indígena asesinado cada tres días en el territorio nacional. Si le sumamos a este factor el desplazamiento forzado que han sufrido decenas de comunidades en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó, Nariño, Antioquia y el despojo que se ha hecho de sus tierras ancestrales, se tendrá el resultado trágico de lo que ha significado para estos grupos de población la seguridad democrática y la presencia de los grupos armados legales e ilegales en sus comunidades.

Una muestra trágica de esta alianza es el llamamiento a juicio que ha hecho la Fiscalía de 15 militares del Ejército oficial involucrados en la matanza de ocho adultos y tres niños en la población de San José de Apartadó (Antioquia) cometida en 2005 en compañía de los “paras“ de “Don Berna” uno de los principales jefes de esos grupos en el país. El llamamiento a juicio se hizo gracias a la confesión de uno de los paramilitares autores de la masacre, quien narró, incluso, en forma detallada la forma como mataron a los niños. Lo peor del caso es que la Comunidad de San José, es una Comunidad de Paz que se había declarado neutral en el conflicto y para la cual la Corte Interamericana de Justicia había pedido al Estado Colombiano medidas de protección especiales.

Algunos grupos paramilitares están operando en zonas de frontera con Venezuela y es muy probable que sus incursiones criminales en el territorio del país vecino sirvan de combustible para crear nuevas crisis diplomáticas y enfrentamientos internacionales que faciliten la desestabilización del gobierno Chavista, meta que es una de las prioridades de la política de los Estados Unidos en América Latina.