¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

El modelo económico aplicado por el gobierno Uribe basado en la exportación de materias primas o “commodities” como petróleo, carbón, níquel, oro, bananos, café ; la llegada de capitales especulativos al país dispuestos a hacer ganancias rápidamente gracias a las altas tasas de intereses que se pagan en Colombia y el dominio de los grandes hacendados o empresarios agrícolas productores de caña de azúcar, palma de aceite y otros cultivos de los cuales se pueden sacar los valorizados biocombustibles, está mostrando serias señales o indicios de deterioro.

COYUNTURA COLOMBIANA
Para el periodo Abril – Junio de 2008
Por Félix Posada Rojas


ECONOMÍA

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

El modelo económico aplicado por el gobierno Uribe basado en la exportación de materias primas o “commodities” como petróleo, carbón, níquel, oro, bananos, café ; la llegada de capitales especulativos al país dispuestos a hacer ganancias rápidamente gracias a las altas tasas de intereses que se pagan en Colombia y el dominio de los grandes hacendados o empresarios agrícolas productores de caña de azúcar, palma de aceite y otros cultivos de los cuales se pueden sacar los valorizados biocombustibles, está mostrando serias señales o indicios de deterioro.

En meses anteriores la llegada masiva de dólares como consecuencia de los altos precios de los “commodities” como el petróleo, el carbón en los mercados internacionales y de las altas tasas de intereses vigentes en la banca colombiana y en el sector financiero en general , crearon una “bonanza “ artificial para ciertos grupos privilegiados de empresarios mineros, importadores de bienes de lujo y propietarios de tierras. El consumo desatado por estos sectores en compra de automóviles, hotelería y turismo , apartamentos y casas de lujo llevó a que el gobierno se jactara del gran éxito alcanzado por sus políticas económicas, ignorando que la creación de empleo productivo con garantías y seguridades sociales se había estancado en el país y que la inmensa mayoría de la población trabajadora , más del 67%, vivía en el subempleo o “rebusque diario” sin ninguna posibilidad de mejoría económica.

La llegada masiva de dólares causó la revaluación exagerada del peso colombiano, nuestra moneda nacional y la consiguiente pérdida de mercados de los productos industriales colombianos que se exportaban a otros países por el alto costo de los mismos. El dólar ha perdido cerca del 35% de su valor en pesos colombianos desde el año 2005.
Al mismo tiempo se empezó a disparar la inflación, el costo de la vida. En los primeros cinco meses de este año supera el 5,5% cuando el Banco de la República muy optimistamente la había pronosticado para todo el año en un 4,5%.

El precio de los alimentos está influyendo en el alza del costo de la vida y es lógico que eso ocurra porque el gobierno Uribe ha promovido una verdadera contrarreforma agraria con el fortalecimiento de los grandes empresarios agrícolas que no dedican sus tierras a cultivos que satisfagan la alimentación de la población y ha olvidado o ignorado a los pequeños y medianos propietarios campesinos quienes son en las práctica los que abastecen los mercados colombianos con los cultivos de pan coger.

Los campesinos han sufrido un doble castigo. Varios cientos de miles han perdido sus tierras gracias a la acción criminal de los grupos paramilitares y otro grupo bastante numeroso ha tenido que entregarlas a los bancos y a los prestamistas ante la imposibilidad de pagar los costos de las explotaciones agrícolas.

Todo esto ha traído como consecuencia la pérdida de la autonomía alimentaria del país , es decir , que tenemos que importar buena parte de los alimentos que consumimos diariamente. El problema se agrava porque el precio de estos alimentos en los mercados internacionales ha aumentado notablemente en los últimos meses debido a varios factores:
+La acción de los especuladores financieros que huyendo de la crisis de las hipotecas de las casas en los Estados Unidos le han apostado a invertir en la compra venta de cereales como trigo, arroz, maíz, soya elevando los precios de los mismos.

+El alto precio de los bio combustibles que se pueden sacar de cultivos como el maíz o la soya han hecho que buena parte de esas cosechas no se dediquen a la alimentación de la población , sino a la producción de esas sustancias , más ahora que los altos precios del petróleo están perjudicando las economías de Estados Unidos, Europa y Japón .

+Países que han surgido en la economía capitalista mundial como nuevas potencias tales como China, India, están consumiendo más alimentos en la actualidad.

Colombia vive entonces las consecuencias de la dependencia internacional de su actual modelo económico. El 67% del maíz , el 98% del trigo, el 100% de las lentejas, el 30% de los fríjoles, el 20% del arroz, el 95% de la avena, el 65% de la soya que consumimos son importadas de países como Estados Unidos , Canadá, México, Brasil. Incluso, se afirma, que paradójicamente se está importando café de Vietnam para abastecer el mercado interno.

Mientras tanto hay millones de tierras ociosas y hay más de 8 millones de campesinos en la extrema miseria porque no tienen tierras, ni dinero, ni apoyo estatal de ninguna clase para salir de esa situación y convertirse en actores productivos de la economía.

A todo esto se le suma que la revaluación del peso colombiano ha significado que los exportadores reciben cada vez menos pesos por los dólares que ganan en el extranjero, mientras al mismo tiempo suben los costos de la producción y la distribución: transportes, empaques, fertilizantes, insecticidas en el caso de los agricultores.

El sector cafetero ha perdido en el último año por esa causa más de un billón de pesos= cerca de 588 millones de dólares, lo que se ha traducido en mayores deudas, aumento del desempleo y de la delincuencia común en esas regiones.

Esta misma situación la padecen sectores como el bananero donde han salido de la producción más de mil hectáreas, el floricultor en el cual han sido despedidos 15 mil trabajadores colombianos de manera directa.

Las principales textileras y los confeccionistas de ropa están quebradas o al borde de la bancarrota como lo indica el caso más publicitado, el de la compañía “Coltejer” de Medellín. Más de 70 mil empleos de estos sectores están en juego como resultado del manejo de la economía por parte del actual gobierno.

Entre tanto, las grandes ganancias que dejan las exportaciones de carbón, de petróleo y de otros minerales no le corresponden ni al Estado, ni a los empresarios colombianos. La mayoría de estas explotaciones están en manos de compañías extranjeras y producen poco empleo directo. En el caso del petróleo el 80% de las ganancias pertenecen a gigantescas empresas como la British Petroleum, Oxy, Total-Elf, mientras el Estado debe conformarse con un mínimo 20% de esas utilidades.

El caso del carbón es más indignante. Compañías como la Drummond de Estados Unidos que explota los principales yacimientos ubicados en el departamento del Cesar en la práctica, según denuncias de la Contraloría Nacional, solo le reparte al Estado colombiano 3 dólares de utilidad de cada 100 dólares de ganancias que produce la venta de este mineral.

Estas inequidades y fallas del modelo económico actual se ven reflejadas en el aumento de las desigualdades sociales. Mientras las 4 millones de personas más ricas del país ganaron 95.760 millones de dólares el año pasado, los 4 millones más pobres solo recibieron 3.900 millones de dólares.

En otras palabras mientras un rico gana en promedio 22.270 dólares por año= más de 3 millones de pesos por mes aproximadamente, un pobre gana 715 dólares en ese mismo año , un promedio de cien mil pesos por mes, cifra muy similar a lo que ganan también en promedio los habitantes de Haití , el país más pobre de América Latina .


ÉCHELE CANDELA AL MONTE

Mientras la crisis económica se profundiza, el gobierno aumenta el gasto a cargo del presupuesto del Estado. En efecto, para el próximo año se anuncia un presupuesto de 136,5 billones de pesos= 86 mil millones de dólares, que representan un aumento del 12% con respecto a los gastos de este año 2008.

En ese nuevo presupuesto del 2009 los mayores aumentos están destinados a cubrir los gastos militares y el programa de subsidios y ayudas económicas a la población más pobre del país. Este programa es directamente manejado por la Presidencia y tendrá un aumento del 93% para el próximo año siguiendo los deseos de Uribe quien sabe que su campaña a una segunda reelección en el 2010 se puede ver muy beneficiada con las ayudas paternalistas y asistencialistas que quiere repartir entre 3 millones de familias de los sectores populares.

En otras palabras, más que crear empleo digno, productivo y estable el presidente ha optado por explotar el hambre y la miseria de la población con auxilios económicos efímeros que no cambian las situaciones de exclusión social que esas personas padecen.
Este gigantesco presupuesto se ha venido financiando con préstamos tanto a nivel interno , como externo. La deuda externa e interna del Estado colombiano asciende en la actualidad a 155 billones de pesos= más de 91 mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte, más de 115 billones de pesos= 67 mil millones de dólares se adeudan a bancos y prestamistas colombianos.

En síntesis, el Estado está hipotecado a los financistas y empresarios bancarios del país. Pero esta situación poco le importa al actual gobierno. La deuda ha venido creciendo en los seis años de la administración Uribe hasta convertirse en una de las más altas hablando en términos de porcentaje en América Latina. En efecto, cuando inició su segundo gobierno en el 2006 la deuda llegaba a unos 128 billones de pesos= 75 mil millones de dólares y ahora sube a los 155 billones de pesos como ya lo señalábamos anteriormente.

Lo peor del caso es que la mayoría de estos dineros no se están invirtiendo en educación, salud, vivienda para la población, sino en el mantenimiento del aparato militar del Estado, en el pago de los gastos de funcionamiento y en la amortización de la misma deuda que se tiene. El verdadero gasto en inversión social no alcanza el 12% del total del dinero del presupuesto.

De otro lado, el gobierno acosado por el aumento de la inflación, la revaluación del peso y la parálisis de muchos sectores exportadores ha decidido aplicar medidas parciales, que semejan pañitos de agua tibia para el cáncer que carcome el modelo económico. Se ha hablado, por ejemplo, de obligar a los inversionistas extranjeros a mantener por un mínimo de dos años sus dineros en Colombia para evitar la entrada de capitales que solo buscan una rápida ganancia en el país sin comprometerse en actividades verdaderamente productivas y que creen empleo a largo plazo. O también de fijarle nuevos impuestos a las explotaciones petroleras que hacen en el país las compañías extranjeras.

En realidad lo que se necesita es un cambio radical del modelo económico que se ha venido siguiendo en estos años. Un cambio que implica desmontar los privilegios de los grandes hacendados y empresarios agrícolas, promover una reforma agraria que favorezca de verdad al campesinado; impedir la entrada de capitales especulativos al país y proteger la producción colombiana tanto en la industria como en la agricultura y la minería frente a la inversión extranjera.

Todo esto tendría que estar complementado con una reducción del gasto militar y de los programas asistencialistas que dirige el propio presidente y un aumento en la inversión en la educación, la investigación científica , la salud y la seguridad social.

Pero como el actual modelo ha sido bastante exitoso para los círculos empresariales que apoyan las políticas de Uribe y que controlan los principales medios de comunicación del país, aunque la situación de la mayoría de la población empeore. Esa minoría se opondrá a cualquier cambio y seguirá por el contrario alimentando en los canales de televisión y en las cadenas de radio comerciales la imagen de un presidente providencial, honesto y trabajador que tiene toda la buena voluntad posible para solucionar los problemas de pobreza y miseria en que se debaten los sectores populares.


LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

El maridaje o alianza entre los dueños de los medios y el gobierno es evidente. Los dos canales comerciales nacionales de televisión que existen se han convertido en voceros oficiosos del presidente. El control que ejercen sobre ese lucrativo negocio gracias a la generosidad de la administración Uribe, les permitió embolsillarse en el año 2007 ingresos por más de 540 millones de dólares= cerca de un billón de pesos, lo que les representó una ganancia neta de más de 50 millones de dólares.

Uno de esos propietarios, Ardila Lulle , controla también la cadena de radio “RCN” , la segunda del país y es , a la vez , el primer productor de Etanol en Colombia a partir de los gigantescos cultivos de caña de azúcar que posee. Este combustible ha venido siendo subsidiado en su producción por el gobierno, que ha impuesto la venta del mismo al exigir que la gasolina corriente tenga un porcentaje del 10% de etanol.

Además están a punto de renovarse las licencias por otros diez años más para el funcionamiento de los canales y sus propietarios son los menos interesados en enemistarse con un presidente que les ha prestado tan señalados servicios y favores.

Julio Mario Santodomingo, dueño del canal “Caracol”, pudo también embolsillarse los 7 mil millones de dólares por los cuales vendió el monopolio cervecero de “Bavaria” a la multinacional inglesa “Sab Miller” sin pagar un solo peso de impuestos por esa venta al Estado colombiano gracias a la comprensión del gobierno de Uribe.

El grupo Español “Prisa” dueño de la primera cadena de radio del país “Caracol” está interesado en hacerse a la licencia del tercer canal nacional de televisión que el gobierno entregará a más tardar el año entrante. En el mismo plan están sus competidores del grupo Español “Planeta”, quienes recientemente compraron el principal diario del país “El Tiempo”. Esto explica que el cubrimiento noticioso en todos estos medios sea especialmente favorable y elogioso para el presidente, en perjuicio de la información crítica e independiente que necesita la ciudadanía.

A esto se le suma que los dueños de varios de los principales periódicos de Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga y Cartagena se han asociado con los españoles de “Prisa” para tratar de ganarse la concesión del tercer canal lo que le ha asegurado a Uribe el “teflón”, la sombrilla que necesita en estas épocas en que la economía da tumbos y los escándalos de corrupción y clientelismo salpican a muchos de sus principales socios y amigos políticos.

El año pasado, 2007 , las utilidades declaradas por las 100 empresas más grandes del país sumaron más de 9 mil millones de dólares y si se toman las 1.000 empresas más importantes esas ganancias totalizaron 13 mil millones de dólares, un aumento del 42% con relación a las utilidades logradas en el año 2006, siendo el sector más beneficiado el bancario.

En efecto, los 10 bancos más importantes del país ganaron más de 1.800 millones de dólares.
Pero mientras los de arriba se enriquecen, los de abajo se empobrecen aceleradamente.

El 65% de los colombianos no hacen las tres comidas básicas por falta de dinero y un 15% no recibe ninguna de las tres uno o varios días a la semana. Hay casos críticos como el de la población afroamericana en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó donde ese porcentaje llega al 35,4% de la misma.

Más del 60% de las mujeres embarazadas en el país sufren algún grado de desnutrición y cerca de 25 millones de colombianos tienen ingresos inferiores a cien mil pesos mensuales= 59 dólares aproximadamente. El 15% de los niñ@s en edad para entrar al primer año de escuela no lo pueden hacer y la deserción entre los que cursan los estudios de primaria y de bachillerato se acerca al 30%. En total de cada 100 niñ@s en el país solo 7 logran culminar sus estudios en la universidad.

POLÍTICA

EL PATRÓN: AQUÍ ESTÁ Y AQUÍ SE QUEDA

El presidente Uribe , apoyado por políticos y empresarios que se han beneficiado de su gobierno , está dando señales de querer buscar una tercera elección, aunque para ello tenga que cambiar nuevamente la Constitución del país, que prohibe ese tercer mandato. Pese a los escándalos que como el de la “Parapolítica” han golpeado especialmente a los partidos Uribistas con un saldo de más de 30 congresistas detenidos o condenados por la Corte Suprema de Justicia entre ellos su propio primo Mario Uribe, la maquinaria publicitaria que rodea al presidente lo sigue presentando como el hombre honesto y trabajador que salvó al país del “narcoterrorismo”.

Lo peor es que la misma Corte Suprema viene investigando las denuncias que hizo la ex congresista Yidis Medina, según las cuales ella recibió puestos públicos y otras gabelas para sus amigos políticos por parte de los ministros del Interior y de Protección social y de otros altos funcionarios de la Presidencia en el año 2005 a cambió de dar su voto favorable a la ley que permitía la reelección de Uribe para el siguiente período 2006-2010. Yidis involucró en sus denuncias a otros congresistas quienes recibieron dinero, notarías públicas y otros favores a cambio de su apoyo a la reelección.

Las pruebas fueron tan contundentes que la Corte encontró culpable del delito de cohecho a la ex congresista Medina y ordenó enviar copias del expediente a la Fiscalía Nacional para que se le abrieran investigaciones a los ministros y los otros funcionarios comprometidos en este ilícito y a la Comisión de acusaciones de la Cámara de representantes, entidad que legalmente es la encargada de procesar las denuncias contra los presidentes de la nación.

Sin embargo, pese a todos estos indicios contra Uribe, este continua siendo protegido por los grandes medios de comunicación que no se atreven a señalarlo directamente como culpable del ilícito y por el contrario han querido minimizar o ignorar la verdadera dimensión o magnitud de este escándalo.

Detrás del proyecto de un tercer período presidencial para Uribe está un grupo de poderosos empresarios que han financiado una acelerada campaña de recolección de firmas como un primer paso legal para obligar al Congreso a estudiar la aprobación de un Referendo o consulta que se le haría a la ciudadanía para preguntarle si está de acuerdo o no con que se autorice la presentación del presidente a una nueva reelección.

El Congreso donde los partidos Uribistas tienen el 70% de los parlamentarios seguramente aprobará la convocatoria del referendo. El problema para Uribe , a pesar de la popularidad que goza en muchos sectores , es lograr el mínimo legal de votantes que exige la Constitución para aprobar los resultados de ese tipo de consultas y que se calcula en no menos de 7 millones y medio de ciudadanos.

El problema se puede entender con más claridad si tomamos en cuenta los siguientes factores:

+Un sector del Establecimiento, de la clase política y empresarial que ha acompañado a Uribe en sus dos períodos presidenciales no juzga conveniente la perpetuación del gobernante en el poder. Quieren la continuidad de la llamada “Seguridad Democrática”, o sea las políticas de mano fuerte contra los grupos guerrilleros marxistas pero con nuevas caras que permitan oxigenar en algo la vida política del país, que ha sido absorbida en gran parte por la figura caudillista del presidente.

Además saben que traería muchas resistencias políticas en Estados Unidos y más si los Demócratas ganan la presidencia en noviembre próximo, el que Uribe intentara ser elegido para un tercer período consecutivo.

Se dificultarían aún más las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, los acuerdos de ayuda militar y en el mismo ambiente latinoamericano se reforzaría la imagen de un Uribe enemigo de las prácticas democráticas y en tránsito hacia una verdadera dictadura.

+Muchos de los principales aliados políticos de Uribe aspiran a sucederlo en el 2010 y una nueva candidatura del presidente seguramente rompería la alianza con algunos de esos aspirantes. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se ha propuesto ganar titulares y primeras planas en los medios informando de los operativos militares exitosos hechos contra el grupo guerrillero de las FARC en un esfuerzo claro por situarse como el heredero natural de Uribe en caso de que fracase la reelección del presidente.

El senador Germán Vargas Lleras , jefe del partido “Cambio Radical”, renunció a su curul en el Congreso y se fue a estudiar a España, mostrando así que tiene serias aspiraciones a ser el sucesor de Uribe en el 2010. El Partido Conservador de su lado, sigue insistiendo en la posibilidad de lanzar candidato propio para las futuras elecciones presidenciales.

+Si la situación económica del país se sigue deteriorando es muy dudoso que el presidente pese a los publicitados éxitos de la política de “Seguridad Democrática” pueda seguir evadiendo su responsabilidad en este aspecto clave de la vida social , que toca temas tan importantes como el empleo, el costo de la vida, la seguridad laboral, los servicios educativos y de salud. El deterioro de la economía puede verse reflejado en los niveles de votación del referendo para la reelección.

En caso de tener éxito el proyecto de la reelección y de ganar Uribe las elecciones en el 2010 lo más probable es que convocaría a una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Constitución y hacer otra a imagen y semejanza del modelo conservador y autoritario que él representa para tratar de perpetuar este programa de “democracia simulada” en el país.


PARA LÍO JUDICIAL

Uribe sorprendió a la opinión pública y a los propios Jefes paramilitares que se habían acogido a la ley de “justicia y Paz” extraditando a Estados Unidos a 14 de los líderes más célebres de esas organizaciones criminales con el pretexto de que seguían delinquiendo y manejando sus negocios “sucios” desde las cárceles violando las disposiciones de la ley.

De esta manera el presidente quería hacer una jugada política a varias bandas. En primer término al entregar estos capos a la justicia norteamericana que los reclamaba por delitos relacionados con el narcotráfico se sacaba de encima la presión del gobierno de Estados Unidos para que entregara a algunos de ellos y a la vez podía ganar puntos favorables ante algunos de los Congresistas Demócratas que se han opuesto a la firma del Tratado de Libre comercio con Colombia, entre otras cosas por el asesinato sistemático de sindicalistas que se ha producido en el país desde 1990 y al que no han sido ajenos los grupos paramilitares.

En segundo lugar, al extraditar a los principales capos podía aparecer ante gran parte de la opinión pública colombiana como un gobernante honesto, sin ningún tipo de vínculos con el paramilitarismo y al que no le tiembla la mano para imponer severos castigos a esos criminales.

Y en tercer lugar al sacar del país a los principales testigos en los procesos que se siguen contra los Congresistas Uribistas acusados de complicidad con el paramilitarismo, hacía más difíciles para la Corte Suprema de Justicia y para la Fiscalía la recolección de pruebas y la confrontación de testimonios en esos procesos. En otras palabras le tendía un “salvavidas “ a sus amigos y aliados políticos.

En realidad tras la apresurada extradición de los jefes paramilitares se ocultaba el deseo del presidente de deshacerse de las presiones y chantajes que algunos de estos capos estaban ejerciendo contra él amenazando con delatarlo y descubrir en los procesos judiciales las alianzas y complicidades que Uribe en años anteriores pudo tener con algunos de ellos.

De toda esta operación política del presidente las verdaderas perdedoras son las miles de víctimas del paramilitarismo , sus deudos , sus parientes , que estaban esperanzados en conocer de labios de los capos donde se encuentran las fosas comunes en las que fueron enterrados sus familiares , o cuales habían sido los empresarios y políticos que habían patrocinado las masacres, los asesinatos selectivos , los desplazamientos forzados realizados por los “paracos”.

Con la extradición de estos “capos” las esperanzas para que se de una reparación económica a las víctimas y a sus deudos por los abusos y violencias sufridas se hacen todavía más débiles. Solo los líderes extraditados tienen el conocimiento pleno de donde, a nombre de quien y en que circunstancias legales están las miles de propiedades que consiguieron en el transcurso de la guerra.
La Justicia de los Estados Unidos solo está interesada en juzgar los delitos relacionados con el narcotráfico. Para esos jueces los miles de crímenes atroces que cometieron los jefes paramilitares contra la población civil colombiana tienen una importancia secundaria, marginal. Con muchas dificultades y tardanzas se podrá lograr alguna colaboración del sistema judicial norteamericano, para esclarecer, para obtener la verdad sobre esos crímenes.

El gobierno colombiano ha tratado de disimular esta situación diciendo que tiene acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos que garantizan esa colaboración, pero una cosa es la que se puede pactar con el poder ejecutivo y otra la que quieran aceptar los jueces de esos pactos por la autonomía que tienen para ejercer sus funciones.

En la práctica, entonces, se le ha dado un golpe mortal a la ley de “Justicia y Paz” y , al mismo tiempo , se le han dado más argumentos a los líderes “paracos” que no han querido someterse a esa ley para que continúen alzados en armas en muchas regiones , contando en algunas de ellas con la complicidad de las autoridades locales.

Al mismo tiempo ha quedado en el limbo, en la incertidumbre, la situación jurídica de unos 19 mil paramilitares desmovilizados que formaban el grueso de las tropas de estos grupos criminales. Mientras el gobierno insiste en que se los considere culpables del delito de “concierto para delinquir simple”, que es excarcelable, la Corte Suprema y la Fiscalía insisten en acusarlos del delito de “concierto para delinquir agravado” que impone penas obligatorias de prisión a los culpables.


CORTE A LA CORTE

El presidente Uribe y su ministro del Interior, Carlos Holguín, no han disimulado la aversión, la antipatía que les produce la Corte Suprema de Justicia que ha impulsado con severidad ejemplar los procesos en contra de los Congresistas cómplices del paramilitarismo.

Uribe ha llegado a acusar de parcialidad y sesgo político en sus decisiones a la Corte y ha tratado de utilizar su maquinaria publicitaria en los medios para distorsionar e infamar el papel que están cumpliendo los magistrados. Se han reiterado por parte de periodistas amigos del gobierno acusaciones contra los miembros de ese tribunal, donde los señalan de tener amistades con gentes vinculadas al narcotráfico y de haberse beneficiado de regalos, viajes y fiestas patrocinadas por esos amigos.

A esto se le suma que la Corte Constitucional, donde ahora tienen mayoría los amigos del presidente, expidió una controvertida decisión que le ordena al Congreso tramitar una ley que obligue a la Corte Suprema de Justicia a adoptar la doble instancia en el juzgamiento de los Congresistas.

En otras palabras, que el magistrado o magistrados de la Corte Suprema que participen en la investigación judicial del procesado, no puedan participar en el juicio y la sentencia. La Corte Constitucional dice en su decisión que esta no tiene carácter retroactivo, es decir que los procesos que hasta ahora se venían haciendo por la antigua modalidad de una sola instancia no pierden su validez jurídica. Pero lo cierto es que este fallo facilita a los abogados defensores de los congresistas procesados presentar tutelas ante el Consejo de la Judicatura alegando que sus clientes tienen derecho a ser juzgados por una doble instancia y que los procesos hechos por el procedimiento anterior no son válidos.

Como el Consejo tiene una mayoría de magistrados simpatizantes con el gobierno es muy posible que acepte esas tutelas y que al aceptarlas haga fracasar buena parte del trabajo ejemplar de justicia y de restauración ética que venía cumpliendo la Corte Suprema.

Para completar el cuadro de impunidad el gobierno hizo fracasar la reforma política que se estudiaba en el Congreso que ordenaba entre otras cosas castigar a los partidos que tuvieran parlamentarios detenidos o involucrados en el proceso de la “parapolítica” con la pérdida de esa curul. Si la reforma se hubiera aplicado el Uribismo seguramente habría perdido las mayorías en el Congreso.

No satisfecho con el hundimiento de este proyecto, el gobierno también había decidido hacer fracasar en el Congreso la ley de reparación a las víctimas de todo tipo de violencias , incluyendo la ejercida por funcionarios y agentes del Estado , alegando , entre otras cosas, que no había dinero para pagar las indemnizaciones que pide ese proyecto de ley. A última hora el proyecto se salvó por el apoyo de un sector de los partidos Uribistas que no aceptaron en este caso excepcional seguir las instrucciones del Ministro Carlos Holguín.

Para confirmar la gravísima crisis humanitaria que vive el pais, la ACNUR, organismo de las Naciones Unidas, ubicó a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de población desplazada con más de 3 millones de personas afectadas. Colombia supera a Irak, Congo, Somalia y Uganda en estas tristes cifras y a su vez solo es superado por Sudán, que cuenta con 5 millones de desplazados.

Entre tanto los nuevos grupos paramilitares o “Águilas” continúan haciendo sus vuelos de muerte por varias regiones del país con el agravante, de un lado, que sus jefes no tienen el menor interés en desmovilizarse y gozar pacíficamente de sus ganancias. y , del otro, que ya no pretenden imponer o defender un determinado proyecto político como intentaron hacerlo algunos de los grupos anteriores.

Su única meta es el enriquecimiento rápido usando todos los medios a su disposición, meta en la que se hermanan con los carteles del narcotráfico. De hecho en la práctica unos y otros no tienen mayores diferencias lo que los ha llevado a hacer alianzas para compartir cultivos, “laboratorios” y rutas de embarque de la cocaína al exterior , o en otros casos enfrentarse a sangre y fuego por esas propiedades como está sucediendo en el sur de Córdoba, en el Urabá antioqueño, en el Catatumbo y en otras partes del país.

El dinero del narcotráfico seguirá estimulando la formación de grupos criminales mientras persistan en la nación fenómenos tales como la concentración de la propiedad agraria en manos de una minoría de terratenientes; la miseria y exclusión sociales de millones de campesinos; el desempleo y la falta de oportunidades de capacitación para la juventud de los sectores populares urbanos; el triunfo de la cultura mafiosa, de esa cultura del dinero fácil y del uso de todo tipo de trucos y de trampas para ascender social y políticamente , que este gobierno y sus aliados representan tan adecuadamente.

Y a todos estos factores debe sumársele uno más muy importante: La alta rentabilidad de este negocio fruto del carácter ilegal que tiene y que puede entregar ganancias de más del mil por ciento en su cadena de producción y comercialización.

Durante los años de gobierno de Uribe se han extraditado más de 750 narcotraficantes a los Estados Unidos y a pesar de esta situación los carteles de la droga bajo uno u otro nombre se renuevan, cambian de líderes, pero siguen ejerciendo su acción criminal y desestabilizadora en nuestra sociedad.


FARC…SA

Difícilmente un presidente conservador y autoritario como Uribe hubiera llegado al poder en Colombia sin la existencia de una organización subversiva como las FARC. Las FARC, su persecución y debilitamiento, se han convertido en la razón de ser de la política de la “Seguridad Democrática”, en base a la cual ha justificado su popularidad y su reelección el presidente.

Si los líderes de las FARC hubieran comprendido que el conflicto político militar de este país no tenía otra solución diferente a la de un arreglo negociado entre las partes y no hubieran desperdiciado la oportunidad histórica que se presentó en el gobierno de Pastrana, Uribe jamás hubiera llegado a ser el líder y caudillo de los sectores derechistas del país como lo es hoy en día.

De ahí que el gobierno y sus voceros traten de darle la mayor resonancia posible a todo tipo de operativos militares contra ese grupo guerrillero, en especial si en esos operativos mueren algunos de sus líderes como ha venido sucediendo en los meses recientes.

No cabe duda que las FARC han sido golpeadas fuertemente por la acción de las tropas del Estado y han perdido dirigentes muy importantes para sus planes. Difícilmente recuperarán la iniciativa estratégica en la guerra y en la práctica puede decirse que bajo las actuales circunstancias políticas nacionales e internacionales es imposible que se tomen por la vía armada el poder del Estado.

La muerte de su máximo líder y comandante Manuel Marulanda, “Tirofijo”, según el informe de las propias FARC a causa de un infarto y según el gobierno como consecuencia de los bombardeos que se hicieron en la zona donde se encontraba refugiado, es un reflejo de la etapa crítica que atraviesa la guerrilla.

Marulanda era el líder indiscutible de la organización. Su palabra y su figura eran acatadas por todos los integrantes porque su experiencia de más de 60 años de lucha en la vida guerrillera lo habían convertido en un símbolo de la resistencia campesina al despojo y a la violencia que desde el año 1946 aproximadamente se ha venido promoviendo por parte de terratenientes, paramilitares y autoridades del Estado.
La muerte del líder se da en el peor momento para las FARC, tras la pérdida de otros dirigentes importantes como Raúl Reyes, “el negro Acacio”, Martin Caballero e Iván Ríos, entre otros.

Fue nombrado como su sucesor “Alfonso Cano” un antropólogo Bogotano quien milita en el grupo desde los años 70 y lideraba los grupos guerrilleros en una zona de tradicional presencia de las FARC, el Sur del Tolima.. Cano evidentemente no tiene el carisma , ni la influencia de Marulanda dentro de la organización y le será difícil mantener la unidad de la misma , máxime si muchos frentes o grupos están aislados o han desaparecido por el acoso de las tropas del gobierno.

Ahora bien , una cosa es afirmar que las FARC están debilitadas y otra muy diferente decir que ya están derrotadas como lo pregonan algunos voceros del gobierno.
El gobierno Uribe a pesar de contar con el apoyo militar, económico y tecnológico de los Estados Unidos que ha sido clave para debilitar a las FARC, no tiene la capacidad militar para aplastar, para derrotar totalmente a los guerrilleros como lo pretende el presidente.

Lo que se avecina en el futuro próximo es una larga guerra de desgaste donde la verdadera perdedora seguirá siendo la población civil. Uribe no está interesado en realizar ninguna negociación de paz con las FARC y le apuesta a la guerra como la mejor herramienta para perpetuarse en el poder.

Mientras tanto la suerte de decenas de secuestrados que siguen en poder de las FARC, entre ellas la ex candidata presidencial Ingrid Betancur , seguirá en una angustiosa incertidumbre. Sin embargo, personas como el ex senador Luis Eladio Pérez, quien fue liberado por la mediación del presidente Chávez y el periodista Carlos Lozano hablan de que se producirá en corto tiempo la liberación de algunos de los secuestrados, lo que brinda algunas luces de esperanza a familiares , amigos e interesados en la solución de esta trágica situación.

El gobierno, de otro lado , le ha sacado el máximo jugo político a los computadores que se encontraron en el campamento de Raúl Reyes en el Ecuador tras la incursión de las tropas colombianas al vecino país que causaron no solo el asesinato del propio Reyes y de 23 personas más que estaban con él esa noche de marzo, sino un gravísimo incidente diplomático con Ecuador que todavía no se soluciona satisfactoriamente.

Con la asesoría de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, el gobierno Uribe se ha dedicado a “filtrar” archivos de los computadores a cadenas de radio y de televisión, a periódicos y revistas en Colombia, España y otros países en los que supuestamente se comprueba el patrocinio y complicidad de los presidentes del Ecuador, Rafael Correa y de Venezuela, Hugo Chávez con el grupo guerrillero.

Chávez y Correa han rechazado airadamente esas acusaciones, que denuncian como parte de un plan de desestabilización contra sus gobiernos promovido por los Estados Unidos con la complicidad del gobierno colombiano.

El director de “Interpol”, un organismo internacional que coordina investigaciones policiales en el mundo, consideró que no habían sido manipulados los archivos por el gobierno colombiano y con esta declaración le dio luz verde a la intensificación de la campaña norteamericana contra Chávez y Correa. Sin embargo, si se lee con cuidado el informe de esa agencia se advierte que allí se habla de más de 45 mil archivos que pudieron haber sido modificados durante los primeros tres días en que los computadores estuvieron en poder del Ejército y de la policía colombianas.

Además es evidente que judicialmente los archivos de esos computadores no pueden ser prueba contundente en ningún proceso judicial, porque no basta con que allí se hable de algunas personas y de posibles ayudas y colaboraciones. Es necesario comprobar que esas ayudas y colaboraciones si se dieron en la realidad. Pero en la práctica lo que les importa por ahora a Estados Unidos y al gobierno Uribe es poder difamar y poner en tela de juicio la conducta de gobiernos como el Ecuatoriano y el Venezolano que no han querido plegarse , aceptar , los planes imperialistas norteamericanos para América Latina.

Además se han “filtrado” otros archivos en los que se involucra a personas que han hecho gestiones de paz y de mediación a favor de los secuestrados que tienen los guerrilleros como la senadora Piedad Córdoba, el ex ministro Alvaro Leyva y el periodista Carlos Lozano.

La Fiscalía Colombiana ha hablado de iniciar un proceso judicial de la “Farcpolítica”, así como existe el de la “Parapolítica” para supuestamente castigar a los políticos y gestores de paz que se han “aprovechado “de esos cargos y gestiones para trabajar en beneficio de los grupos subversivos.

En realidad, tras estas publicitadas acusaciones, se advierte la necesidad del gobierno colombiano de tratar de minimizar ante la opinión pública las consecuencias del escándalo de la “Parapolítica” que ha afectado a una buena parte de sus aliados en el Congreso y lanzar una campaña de desprestigio y de satanización contra todo aquel que quiera seguir hablando en el país de la necesidad del intercambio humanitario y de un proceso de paz para solucionar el conflicto político militar que sufre Colombia desde hace varias décadas.


MOVIMIENTO POPULAR


POLO POLARIZADO

El Polo Democrático, el partido que agrupa la mayoría de las tendencias de la izquierda colombiana , está pasando por un período de tensiones y luchas de poder interna entre sus dirigentes. De un lado, pesan en estas tensiones las diferencias entre los sectores que como el que lidera el ex alcalde de Bogotá , Lucho Garzón, hablan de que el partido debe acercarse al “centro “ político para hacer coaliciones con otros grupos o movimientos que están en contra de la reelección de Uribe, pero que comparten sus políticas de “Seguridad Democrática”, y otras como las que orienta el actual presidente del Polo y ex candidato presidencial, Carlos Gaviria ,que proponen una oposición radical no solo contra la reelección Uribista, sino contra todas sus políticas de seguridad y defensa.

Entre esas tendencias extremas se mueven otras como las que dirige el Senador Gustavo Petro .Detrás de estas tensiones hay también el interés de los posibles interesados en la candidatura presidencial del partido para las elecciones de 2010 de asegurarse apoyos en los puestos de liderazgo del movimiento y tejer alianzas internas con miras a fortalecerse ,de un lado , en las elecciones de la nueva directiva que se harán en el Congreso nacional del Polo que se realizará en Febrero de 2009 y , del otro , a la consulta popular para elegir el candidato de la agrupación.

Carlos Gaviria como presidente del partido , y el secretario general Daniel García Peña , aliado de Garzón, tuvieron una serie de enfrentamientos por asuntos como el manejo de los dineros que se gastaron en las pasadas elecciones de alcaldes y de gobernadores de 2007 y los mediocres resultados obtenidos a nivel nacional, con excepción de Bogotá y el departamento de Nariño. Estas tensiones se resolvieron parcialmente con la salida de García Peña de la Secretaría.

Todas estas diferencias están tratando de ser estimuladas, radicalizadas, por grupos amigos del gobierno a quienes les interesa dividir y debilitar a un partido que como el Polo ya demostró que tiene credibilidad y apoyo entre grandes sectores de la opinión pública y cuyo candidato puede ser el gran rival del Uribismo en las elecciones del 2010 , siempre y cuando se logre conservar la unidad del movimiento.

Pero es justo también decir que algunos líderes del partido como Lucho Garzón que vienen haciendo declaraciones sobre una posible coalición con el Liberalismo y otros grupos independientes por encima , incluso, de las orientaciones y directivas del Polo están estimulando estas especulaciones , sembrando el camino para divisiones que pueden ser irreconciliables en el movimiento.


REPARTIENDO SEGURIDAD

Los cabildos indígenas del Cauca vienen exigiéndole al gobierno el cumplimiento de acuerdos hechos con el Estado hace varios años para la entrega de más de 350 mil hectáreas que están en poder de grandes hacendados y pertenecen legítimamente a las comunidades indígenas. El ejemplo más claro se ubica en el municipio de Caloto, donde los cabildos reclaman la devolución de una hacienda de 15 mil hectáreas, que el Estado había prometido entregar como reparación o indemnización de la masacre cometida en 1991 en la población de El Nilo. En lugar de resolver el reclamo , el gobierno ha decidido reprimir las justas protestas de los cabildos utilizando las fuerzas militares del Estado, lo que ha resultado en un saldo de decenas de heridos entre los indígenas reclamantes.

La militarización obedece al deseo del presidente de defender la propiedad de los hacendados a toda costa, ya que buena parte de esas haciendas están dedicadas a la producción de caña de azúcar con la que se sostiene la producción del biocombustible etanol en los ingenios o fábricas vecinas, algunos de ellos propiedad del magnate y socio político de Uribe, Carlos Ardila Lulle , dueño de la cadena de radio y el canal de televisión RCN.

A esta injusta situación se le suma la satanización que las autoridades civiles y militares del departamento vienen haciendo de los líderes de los resguardos y cabildos señalándolos como cómplices de los grupos subversivos, olvidándose del compromiso de neutralidad ante los diferentes grupos armados que las comunidades indígenas han asumido desde hace varios años y que han hecho respetar a riesgo de la propia vida de sus integrantes que han recibido amenazas y presiones de paramilitares, guerrilleros y tropas del Estado para que rompan esa neutralidad.

En otros departamentos como el Chocó , Risaralda y Antioquia decenas de miembros de las comunidades Emberá han debido abandonar sus tierras y refugiarse como desplazados en ciudades como Bogotá, Medellín y Pereira, acosados por el hambre , las enfermedades y las peligros de los enfrentamientos armados entre el ejército oficial y los grupos guerrilleros . Lo más insólito de esta injusta situación es que los funcionarios del Estado se niegan a reconocerles su condición de desplazados y a prestarles los servicios y ayudas que en calidad de tales merecen , alegando que en esas zonas no se han registrado combates y que simplemente “quieren dedicarse a vivir de la mendicidad en las ciudades.”

Las universidades estatales no se han salvado de recibir su cuota de “Seguridad Democrática”. De una parte, en la principal universidad del país, la Universidad Nacional el rector expidió un nuevo estatuto para regular las relaciones de estudiantes, profesores y directivos dentro de ese centro académico. Ese estatuto plantea nuevas condiciones académicas a los estudiantes para adelantar sus estudios que acaban con una serie de garantías y ventajas que antes tenían.

El conflicto por el Estatuto ha originado una huelga de parte del estudiantado y una serie de enfrentamientos con las fuerzas policiales especialmente en las afueras de las instalaciones de la universidad en Bogotá.

Así mismo en otra Universidad Estatal de Bogotá, la Pedagógica, se originó otro conflicto entre el rector y los estudiantes que terminó en protestas y enfrentamientos de estos con la policía y en el cierre de la Universidad.

Desgraciadamente en estas protestas se ha hecho costumbre que participen individuos o que no pertenecen a las universidades o que militan en grupos extremistas cuya real ideología e intereses políticos son difíciles de descifrar, que cometen actos vandálicos, que son, a su vez, utilizados por los medios y por el propio gobierno para desacreditar a las universidades públicas e ir creando el ambiente para una privatización de las mismas.

Aprovechando estos actos vandálicos el presidente dio la orden a la policía en todo el país de entrar por la fuerza a las instalaciones de las universidades y detener a quienes participan en las protestas dejando a un lado la figura de la autonomía universitaria que los últimos gobiernos siempre habían respetado y que los inhibía o impedía entrar a esas instalaciones.

La aplicación de esta orden puede traducirse en un futuro cercano en detenciones de gran número de estudiantes, condenas en la cárcel por terrorismo para muchos de ellos y la reaparición de nuevas formas de intimidación en las aulas universitarias bajo el pretexto de estar aplicando las políticas de seguridad del gobierno.


EL ROBO DE LA INFANCIA

Una de las más crueles realidades del conflicto, de la guerra que se vive en el país es la participación de los niñ@s en los diferentes grupos armados y toda la serie de violencias que se ejercen sobre ellos por parte de los adultos que hacen las veces de sus comandantes o líderes. Se habla, por ejemplo, que un 40% de los integrantes de grupos guerrilleros como las FARC son menores de 15 años y que inclusive se cuenta en las filas de ese grupo con niñós de 8,9 y 10 años de edad, al estilo de los ejércitos que se improvisaron en las sangrientas guerras civiles de países africanos como Sierra Leona y Liberia.

Un informe reciente de la UNICEF, organismo mundial creado para defender y proteger a la infancia, señala que la edad promedio de reclutamiento de los niñ@s es de 12,8 años y que desde el 2001 se nota una reducción en las edades de reclutamiento.
De los niñ@s que han pertenecido a grupos armados y que han sido capturados o se han desmovilizado, el 52% pertenecían a las FARC, el 31% a los paramilitares y el 1,5% al ELN.

Paradójicamente la principal razón de las niñas para vincularse a estos grupos era huír de los maltratos que sufrían en sus familias. Paradójicamente decimos porque al entrar a esos grupos se han convertido en botín o presa sexual de sus jefes y comandantes. La mitad de las niñas manifestaron haber estado embarazadas entre los 11 y los 14 años de edad y una tercera parte reconoció haber tenido al menos un aborto.

Sobra decir que el reclutamiento de niñ@s viola el Derecho internacional Humanitario y las Convenciones de los derechos del niñ@ y de los derechos humanos.

Pero también sobra decir que mientras continúe la guerra y esa continuación sea el pretexto para justificar poderes y privilegios políticos estas situaciones aberrantes se seguirán dando en medio de la indiferencia de una parte de la población a quien no le importa, ni le interesa la suerte de ese pueblo pobre y excluido al que desprecian e ignoran como triste herencia cultural de nuestro pasado colonial español.