SOMBRAS NADA MÁS

La bonanza económica que supuestamente vivía el país y que le permitía al gobierno jactarse o vanagloriarse de su gestión financiera es claramente cosa del pasado. Esa bonanza, como lo está demostrando la presente coyuntura, obedecía no al buen manejo de la economía por parte de la administración Uribe sino a causas externas como el alto precio de las materias primas como el carbón, el petróleo, el hierro en los mercados internacionales o a la debilidad del dólar norteamericano y las bajas tasas de interés que se pagaban en los Estados Unidos.

COYUNTURA COLOMBIANA y L. A.
Para el periodo julio – agosto - septiembre de 2008
Por Félix Posada Rojas


COLOMBIA
ECONOMÍA

SOMBRAS NADA MÁS

La bonanza económica que supuestamente vivía el país y que le permitía al gobierno jactarse o vanagloriarse de su gestión financiera es claramente cosa del pasado. Esa bonanza, como lo está demostrando la presente coyuntura, obedecía no al buen manejo de la economía por parte de la administración Uribe sino a causas externas como el alto precio de las materias primas como el carbón, el petróleo, el hierro en los mercados internacionales o a la debilidad del dólar norteamericano y las bajas tasas de interés que se pagaban en los Estados Unidos.

Además la pasada bonanza solo benefició a un puñado de empresarios, financistas y sectores de la clase media, mientras el resto de la población sufría las consecuencias del desempleo, el empleo informal o “rebusque”, el alza del costo de la vida. Ahora la situación internacional ha cambiado. La recesión o estancamiento de la economía de los Estados Unidos, la economía más grande del planeta, ha “contagiado” no solo a las economías Europeas, sino también a las del Asia incluyendo Japón, China y la India.
Japón, China y la India tienen su principal mercado de exportación en los Estados Unidos y aunque en el caso de la China sus productos han invadido todo el mundo, el estancamiento del consumo en los Estados Unidos ha terminado también por afectar a sus economías.

Algunos analistas pronosticaban que las economías emergentes de China y de la India eran lo suficientemente poderosas como para no ser afectadas por los problemas de la economía de los Estados Unidos, pero las realidades de la globalización económica mundial han terminado por imponerse.

Al reducirse el consumo en los países desarrollados, se reduce también la demanda de materias primas esenciales para la industria como el petróleo, el carbón y demás metales y minerales y en consecuencia bajan sus precios internacionales. Esta baja de precios termina afectando a países exportadores de estas materias primas como Colombia.

Así mismo, la caída de la producción en Europa y Japón ha hecho que los inversionistas y especuladores financieros vuelvan a refugiarse en el dólar previendo una subida de las tasas de interés en el mercado norteamericano. En épocas de crisis mundial es más seguro para ellos apelar a la moneda de la primera potencia mundial, pese a todos los problemas que arrastra consigo la economía de los Estados Unidos.

Y esto, a su vez, hace menos atractivas las inversiones en mercados como el colombiano.

A todo esto se suma el aumento notable en los precios de los alimentos especialmente de aquellos de los que pueden extraerse los mal llamados “bio combustibles” como el maíz, la soya , por ejemplo. Este aumento notable también ha perjudicado a Colombia ya que en la última década se ha reducido la producción de alimentos en nuestro país y hemos perdido la llamada “autosuficiencia alimentaria” como consecuencia de las políticas que han favorecido la propiedad terrateniente, la expulsión de campesinos por la doble vía de la violencia paramilitar y la extrema pobreza y los cultivos agro industriales.

El modelo económico promovido por el Gobierno basado en la exportación de materias primas o “commodities”, las inversiones especulativas y la gran propiedad agrícola se está desfondando, está haciendo agua. Esto explica que asociaciones y gremios muy vinculados al presidente acepten que los pronósticos de crecimiento económico para lo que resta de este año sean bastante sombríos. Los más optimistas hablan de una tasa del 4,5 % o 5% para el 2008 cuando en el año anterior la cifra había pasado del 7%.
El desempleo, según datos de oficinas del gobierno, ha aumentado y se sitúa en el 12,3% , uno de los porcentajes más altos de América Latina. Si a este porcentaje se le agrega el porcentaje de subempleo o empleo disfrazado que reconocen esas mismas oficinas, que es más del 30%, tendremos que un 50% de la población trabajadora en el país carece de un empleo con estabilidad laboral y seguridad social.
Un estudio de la Universidad Nacional confirma la magnitud, la dimensión de esta verdadera “hecatombe social”. En efecto, de los más de 17 millones de empleados y trabajadores que hay en el país , solo 6.700.000 están efectivamente cotizando para su seguridad social. El 87% de los que cotizan ganan menos de 2 salarios mínimos legales, es decir menos de un millón de pesos por mes= 530 dólares aproximadamente.
Esta situación explica que en la actualidad solo el 17% de las personas mayores de 65 años estén gozando de una pensión de jubilación.

Y esta realidad de pobreza y de exclusión explica, igualmente, que el 20% de los niñ@s del país tengan que trabajar para sobrevivir en cualquier actividad de “rebusque”. En la sola capital, Bogotá, hay 88 mil niñ@s trabajadores.

Para enfrentar estas situaciones el gobierno Uribe ha optado por la vía de las ayudas paternalistas a sectores empobrecidos de la población que se manejan directamente desde la presidencia de la república a través de programas como el de “Familias en acción”. Este programa llega hoy a 1.500.000 familias y en el 2009, año pre electoral, el presidente Uribe aspira a que cubra a 3 millones de hogares en Colombia.
Las ayudas entregadas no llegan a los 50 dólares mensuales por familia y con ellas lo que se busca es disfrazar las situaciones de exclusión y de marginalidad que se viven como consecuencia de un modelo económico que no crea empleo productivo a largo plazo y que, por el contrario, cada vez facilita más el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.

En lugar de promover reformas que democraticen la propiedad de la tierra, del crédito bancario, del capital financiero e industrial, se agudiza más la concentración de la propiedad de los llamados medios de producción. Recordemos, por ejemplo, que el 0,40% de los accionistas registrados en las grandes empresas del país controlan más del 75% de los capitales de esas sociedades.

Y que el 0,006% de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 53,3% de la misma.

Entre tanto sectores que tradicionalmente son creadores de empleo en el país como el de la industria de la construcción se han ido a pique y el atraso en el pago de las deudas por créditos de consumo con bancos, cadenas de grandes almacenes, han aumentado notoriamente en estos últimos meses como otros síntomas o señales de la verdadera situación económica existente.

La inflación o costo de la vida también ha aumentado peligrosamente en este período llegando a casi un 7% anual, lo que significa en términos reales la pérdida de poder adquisitivo para toda la población asalariada.

La inflación está alimentada por varias causas o factores. Uno de ellos es el aumento de los precios de los alimentos que debe importar el país. Otro, y no menor, es el aumento del gasto del gobierno especialmente en dos sectores, el de los programas asistencialistas coordinados por el presidente y el de la defensa y seguridad.

Precisamente en lo militar el gobierno planea gastar 20,3 billones de pesos para el año 2009= cerca de 10. 600 millones de dólares. De esa plata 7,75 billones de pesos= más de 4 mil millones de dólares se destinarán a pagar los más de 456 mil miembros de las fuerzas armadas y de policía que hoy por hoy hacen parte de la nómina oficial.
Lo peor es que aparte de los 20,3 billones de pesos, el gobierno se propone gastar 3,3 billones de pesos más= más de 1.700 millones de dólares en compra de armas, compra que hará parte del rubro de “inversión social” del Estado para el año entrante.



EL PATRÓN Y LOS PATRONES


El dinero del narcotráfico sigue permeando, invadiendo, todos los sectores de la economía y la vida social del país como lo demuestran los nuevos escándalos registrados en los medios de comunicación y que comprometen a gente conectada con las “altas” finanzas y la elite empresarial del departamento de Antioquia. La alianza entre paramilitarismo, narcotráfico y políticos y empresarios que de una u otra manera ha resultado triunfante con los gobiernos de Uribe se ha beneficiado y ha ayudado a consolidar el modelo económico neoliberal imperante en el país.

No menos de 7 mil millones de dólares circulan anualmente como producto de las actividades del narcotráfico en Colombia, de acuerdo a un análisis hecho por el jefe paramilitar Mancuso, quien habla de mil toneladas anuales de cocaína pura producidas en el país y más de 150 mil hectáreas sembradas de coca en la nación.
Estas cifras son más significativas si se toman en cuenta las realidades de la economía legal que no está creando puestos de trabajo estables y bien remunerados y , por el contrario, está reduciendo cada vez más los ingresos salariales de los trabajadores haciendo más precarias sus condiciones de vida.

De cada 100 colombianos, 64 se encuentran en la pobreza y 16 de estos en la extrema miseria.

En la práctica la dinámica de nuestra economía legal ha girado en estos años alrededor de dos sectores claves. De un lado, la minería en la que los capitales extranjeros tienen el control casi total de la explotación y exportación del carbón, el níquel , el oro, el petróleo . En el caso del carbón se informa de nuevos contratos que le siguen entregando a compañías como la Drummond de los Estados Unidos los yacimientos más importantes con que cuenta la nación en departamentos como el Cesar, a cambio de unas regalías o utilidades minúsculas para el Estado colombiano. De los 120 dólares promedio a que se vende la tonelada de carbón en el exterior, nuestro Estado se queda apenas con unos 2 dólares de esa cifra de dinero en calidad de regalías.
Cada vez exportamos más carbón y más oro y más níquel pero cada vez es mayor la proporción de las ganancias de esas exportaciones que se quedan en bolsillos del exterior.

En el caso del oro los intereses dominantes son los canadienses. Varias compañías del Canadá han entrado en Colombia aprovechando las facilidades legales que les brinda el gobierno y se han apoderado de las principales minas de este metal. Son compañías como la “Goldfield” que han comprado por 23 millones de dólares las minas de Marmato (Caldas) arrasando con los pequeños mineros artesanales que las explotaban y que a cambio esperan sacar un mínimo de 5 millones de onzas de oro que les va a compensar decenas de veces la “inversión” hecha.

Los capitales canadienses también son visibles en la explotación del petróleo con “Petrobank” en el departamento del Putumayo o en el carbón con “Coalcorp” en el departamento del Cesar.

Consorcios Europeos y Australianos como la Glencore,, XStrata, Billinton , tienen bajo su control la mina de carbón a cielo abierto más grande del país como es la del Cerrejón en la Guajira, los yacimientos de níquel en Montelíbano (Córdoba) y la refinería de petróleo de Cartagena que cubrirá el mercado de plásticos y otros derivados químicos de ese combustible en Colombia.

Estas explotaciones mineras, en general, no crean mucho empleo productivo y , por el contrario , las pocas regalías que dejan al Estado alimentan el clientelismo y la corrupción política como ha sucedido en departamentos como Arauca y Casanare donde las clases gobernantes se han especializado en todo tipo de desfalcos y chanchullos en contra de las tesorerías de los departamentos y municipios para enriquecerse rápidamente , dejando de atender las verdaderas necesidades de las poblaciones locales. No menos de 2 billones de pesos= 1.050 millones de dólares se pierden anualmente en este tipo de ilícitos de los dineros estatales en el país.

Colombia sigue anclada en el viejo modelo exportador que viene del siglo 19 que ha perpetuado la dependencia y el atraso en nuestra sociedad. En efecto, de las 10 más grandes empresas exportadoras, 9 corresponden al sector minero y la relación no puede ser más desproporcionada entre las exportaciones de materias primas y las exportaciones de artículos industriales, manufacturados. Mientras, que por ejemplo, en el año 2007 exportamos vehículos, productos químicos y ropa por valor de 1.121 millones de dólares, al mismo tiempo exportamos petróleo, carbón, café y níquel por valor de 12.207 millones de dólares.
De otro lado, la economía ha alimentado un poderoso grupo de especuladores bancarios y financieros que han visto multiplicadas las utilidades de sus inversiones gracias a las garantías y facilidades que les brinda el Estado, el cual , hay que recalcarlo, es el principal cliente de ese grupo. En efecto, el presupuesto del gobierno para el año 2009 llegará a unos 140 billones de pesos= 73.600 millones de dólares, pero de esa enorme cantidad solo unos 85 billones de pesos se conseguirán a través de los dineros que se recaudan por impuestos y rentas propias del Estado. El resto se tendrá que conseguir por medio de préstamos, de nuevos endeudamientos con la banca colombiana e internacional, especialmente con la primera.

La deuda interna del Estado colombiano, es decir la plata que el Estado le debe a los bancos y financistas colombianos, asciende a más de 108 billones de pesos = 56.800 millones de dólares y es mucho mayor a la que se adeuda a los financistas de otros países que llega a unos 29 mil millones de dólares.

De los 140 billones de pesos del presupuesto del año entrante cerca de 45 billones tendrán que ser pagados en calidad de intereses y de amortizaciones de capital a los banqueros e inversionistas que le han prestado dinero al Estado colombiano. En otras palabras esta deuda se ha convertido en una deuda eterna, que tiene hipotecada las finanzas del gobierno a los grandes banqueros del país.
La gran banca del país está en la actualidad dominada por cuatro grupos colombianos, a saber:
Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país , quien controla cinco bancos y el 30% del capital financiero de la nación. Este grupo tuvo utilidades en el 2007 por más de 1,1 billones de pesos= 606 millones de dólares;

Grupo Empresarial Antioqueño, antiguo Grupo Suramericana , propietario del Bancolombia , que por el total de ganancias es el primer banco del país, con más de 800 mil millones de pesos de utilidades el año pasado= 424 millones de dólares;

Grupo Bogotá, propietario del Banco Davivienda que se fusionó con los bancos Cafetero y Superior registrando utilidades de más de 326 mil millones de pesos en el 2007= 172 millones de dólares;

Grupo Social, propietario de los bancos Caja Social y Colmena hoy fusionados o unidos en una sola entidad, que marcó utilidades por 94 mil millones de pesos= 49 millones de dólares


Fuera de estos grupos colombianos tienen redes bancarias en el país grupos españoles como el BBVA, Santander, norteamericanos como el Citibank y el Colpatria
o Ingleses como el HSBC. Estos grupos extranjeros registraron utilidades por más de 554 mil millones de pesos en el 2007= 294 millones de dólares.

En síntesis, el modelo económico basado en las explotaciones mineras y la especulación bancaria se ha traducido en los siguientes aspectos:
Una mayor revaluación del peso colombiano frente al dólar encareciendo nuestros productos industriales de exportación haciéndolos perder mercados internacionales; aumento de las tasas de interés y encarecimiento del crédito para los pequeños y medianos empresarios;
pérdida de empleos formales y aumento del subempleo y el rebusque; fortalecimiento de la corrupción gubernamental y de los aparatos clientelistas en muchas regiones del país y aceleración del empobrecimiento de buena parte de la población.



CON TRATADO O SIN TRATADO, MALTRATADOS

Pese a las presiones del gobierno Bush sobre el Congreso de los Estados Unidos dominado por la oposición es muy improbable que el Tratado de Libre Comercio firmado con el gobierno colombiano sea ratificado en lo que resta del año. Todo tipo de tácticas y de maniobras políticas se han esgrimido por parte del presidente Uribe y sus socios en la administración Bush para lograr esa aprobación , incluyendo entre ellas los éxitos militares del gobierno contra la guerrilla de las FARC, la vecindad de gobiernos enemigos de los Estados Unidos como el de Venezuela y Ecuador y la necesidad de darle un apoyo , un respaldo completo a un aliado incondicional de los intereses norteamericanos en América Latina como el presidente colombiano.

En realidad la aprobación del Tratado no cambiará el actual modelo económico colombiano exportador de materias primas y promotor de la especulación financiera. Antes bien lo reforzará y hará más evidentes y gravosas la presencia e influencia de los capitales de Estados Unidos en el país.

Al contrario de lo que dicen sus defensores el Tratado en vez de crear empleo productivo, hará perder empleos en muchos sectores haciendo más crítica la situación de buena parte de la población. Así mismo, fortalecerá la propiedad terrateniente y legitimará la acción violenta del paramilitarismo al favorecer la exportación a los Estados Unidos de productos como el aceite de palma africana, cuyos cultivos han originado en varias regiones del país la expulsión y despojo sangriento de los pequeños campesinos de sus tierras. Recordemos, por ejemplo, informes que hablan sobre las tierras propiedad de los 20 capos o jefes más importantes del paramilitarismo que sumarían más de 2 millones de hectáreas en las zonas más fértiles de Colombia.

Las exportaciones de aceite de palma han venido creciendo enormemente en los últimos años. Mientras en el 2006 sumaron 78 millones de dólares , en el 2007 se duplicaron y llegaron a más de 178 millones de dólares, lo que prueba la extensión e influencia que están teniendo este tipo de cultivos y este tipo de propiedad terrateniente en la agricultura colombiana.

Así mismo se verán favorecidos con el tratado los grandes propietarios de cultivos de caña de azúcar. Esto explica en buena medida las medidas represivas que el gobierno ha tomado en zonas del norte del departamento del Cauca para impedir que los cabildos indígenas recuperen sus tierras hoy en poder de latifundistas asociados a los ingenios o fábricas de azúcar y del combustible etanol que existen en la zona. Buena parte de estas industrias son propiedad del multi millonario Ardila Lulle gran amigo y favorecedor político del presidente a través de sus cadenas de radio y televisión “RCN”.

La pérdida de la autosuficiencia alimentaria tiende a convertirse en un hecho irreversible con la ratificación del tratado , pues este permite la libre importación de alimentos de los Estados Unidos, alimentos cuya producción está subsidiada por el gobierno norteamericano y que por sus precios bajos terminarían de arruinar a los pequeños campesinos locales.

Todos estos hechos apuntan en una sola dirección, que es el favorecimiento de la gran propiedad agrícola, de la gran hacienda agro industrial en perjuicio del pequeño productor campesino. El Ministerio de Agricultura ha venido apuntalando, fortaleciendo esta estrategia , promoviendo leyes como la del agua o la forestal que permiten la libre explotación de nuestras tierras, aguas y biodiversidad a los grandes capitales nacionales e internacionales.

O favoreciendo descaradamente la concentración de tierras y capitales agrarios a través de medidas como la prohibición de la venta de leche cruda que afectan al pequeño finquero , que no tiene el dinero, los locales físicos y la motivación cultural para instalar equipos de pasteurización o procesado de esa leche cruda y que tendría que vender vacas y tierras acosado por las medidas falsamente protectoras de la salud pública impulsadas desde el gobierno.
Todas estas estrategias o planes terminan también favoreciendo la expansión de los cultivos de coca , que con tanta firmeza dice perseguir el gobierno. Es apenas lógico que el pequeño campesino opte por ese tipo de cultivos en muchas regiones del país ante la imposibilidad de ganarse la vida en la explotación de las actividades agrícolas legales.

O que expulsado de sus tierras y refugiado en las llamadas zonas de colonización, abandonado del Estado, termine trabajando para los empresarios del narcotráfico. No de otra manera puede explicarse el aumento de las hectáreas cultivadas de coca en el país, pese a las costosas y publicitadas campañas de erradicación y fumigación de tales cultivos que el gobierno colombiano adelanta con el patrocinio de los Estados Unidos.
Mientras aumentan de 78 mil a 102 mil las hectáreas cultivadas de coca, al mismo tiempo han venido disminuyendo las hectáreas sembradas de cultivos de pan coger o alimenticios en el país. En los años 80 había más de 5 millones de hectáreas sembradas y hoy esa cifra no llega a las 3 millones setecientas mil hectáreas.

La ganadería extensiva, por el contrario, que ocupa poca mano de obra se ha apoderado de las tierras en la nación con más de 38 millones de hectáreas en su poder.



POLÍTICA

EL ROMANCE DEL CACIQUE Y LOS CAUTIVOS

El presidente navega cada vez más decidido por las aguas del autoritarismo y el caudillismo. Poco interesado en respetar los límites que la Constitución le fija a su poder ha convertido el Congreso, gracias a las mayorías que allí maneja, en una caja de resonancia de los deseos y órdenes que salen de la presidencia.

Con el visible propósito de defender a los políticos amigos que están siendo procesados por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía por sus relaciones con los grupos paramilitares ha atacado la posición independiente de la Corte en repetidas ocasiones y no ha vacilado en favorecer maniobras que intentan enlodar o desprestigiar a los magistrados de ese tribunal. Los ataques verbales han llegado a extremos tales como el de señalar a dichos magistrados como favorecedores del terrorismo y de acusarlos de patrocinar un “cartel de testigos” para perjudicar al gobierno y a sus aliados en los procesos judiciales.

La Corte Suprema ha respondido con dignidad a los ataques presidenciales exigiendo respeto para sus procedimientos y decisiones. Pero antes que lograr ese respeto, el presidente y sus amigos en algunos medios de comunicación han multiplicado los ataques directos o encubiertos contra ese tribunal.

Las presiones del presidente parece que están haciendo efecto en los procesos judiciales que lleva la Fiscalía. Hay que aclarar que muchos de los congresistas detenidos han preferido renunciar a su curul en el Congreso para no ser juzgados por la Corte Suprema y ser en cambio procesados por la Fiscalía pensando que así serán tratados con más laxitud, con más blandura.

Y no está muy equivocados, porque varios de ellos han salido absueltos o se les ha otorgado la libertad condicional como en el caso del ex senador y pariente cercano del presidente, Mario Uribe, pese a las graves acusaciones que la Corte había logrado acumular contra ellos.

Por esta razón algunos observadores han hablado sobre la posible terminación de los procesos que la prensa ha llamado de la “parapolítica”, pero la reciente visita del Fiscal de la Corte Penal de Justicia, Luis Moreno, ha servido para que el gobierno y sus aliados tomen nota del interés de ese tribunal porque se haga cumplida justicia y reparación a las víctimas de los miles de crímenes cometidos por los grupos paramilitares.

El Fiscal Moreno lanzó otra advertencia que seguramente no ha dejado muy tranquilos al presidente y sus asesores: Si por algún motivo no se puede procesar debidamente a los responsables de estos crímenes y a los autores intelectuales y beneficiarios políticos de los mismos en Colombia, la Corte Internacional entrará a suplir , a reemplazar al sistema judicial de nuestro país en esos procesos que no lograron liderar y encauzar debidamente.

Aunque el presidente creyó que al extraditar a catorce de los principales jefes paramilitares a los Estados Unidos estaba ganando por partida doble , porque por un lado se deshacía de personas que estaban presionándolo con las supuestas revelaciones políticas que harían en sus declaraciones a la Fiscalía y a los medios de comunicación en contra de él y de algunos de sus amigos y allegados , y , por el otro, reforzaba ante un buen sector de la población su imagen de hombre duro y valiente que ha enfrentado y castigado sin temor a todo tipo de criminales, la realidad parece ser distinta.

De un lado varios de los capos extraditados están negociando arreglos o rebaja de las condenas con los fiscales y jueces de sus procesos a cambio de delatar cómplices, redes de comercialización, “caletas” o escondites de dinero producto de los negocios del narcotráfico. Las duras sentencias que presuntamente se les iban a aplicar en los Estados Unidos y que sirvieron de apoyo a su extradición no resultarían ciertas.

De otro lado, tampoco está resultando muy cierta la presunta facilidad que la Justicia norteamericana se habría comprometido a dar para que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía Colombianas pudieran adelantar los procesos de la ley de “Justicia y Paz “ y de la parapolítica contando con el testimonio de los capos extraditados.

En Estados Unidos cada juez es autónomo para conceder ese tipo de facilidades y los mismos paramilitares colombianos detenidos y sus abogados tienen libertad para aceptar o no las solicitudes de la Justicia colombiana.

En la práctica muchos procesos claves para averiguar la real autoría de los asesinatos , de las masacres, de las desapariciones cometidas en años anteriores por los grupos paramilitares , del tejido de complicidades y encubrimientos pactado con empresarios , hacendados y políticos regionales y nacionales , de la localización de las fosas comunes donde fueron enterradas miles de víctimas han quedado paralizados o fuertemente afectados por no contar con los testimonios de los extraditados.

La Justicia de los Estados Unidos solo está interesada en investigar y castigar los delitos relacionados con el narcotráfico y poca o ninguna importancia le está dando a los miles de crímenes cometidos contra la población civil colombiana por los capos del paramilitarismo.

Y si los procesos por esos crímenes de lesa humanidad no pueden ser adelantados debidamente por la Justicia colombiana, la Corte Penal Internacional intervendrá y lo que para el presidente Uribe parecía ser una habilidosa jugada política , puede convertírsele en una pesadilla en los próximos años porque podría ser acusado ante esa misma Corte de haber querido entorpecer la marcha de esos procesos con su decisión de extraditar a los capos del paramilitarismo a los Estados Unidos.



SIN QUERER QUERIENDO

El presidente no ha querido pronunciarse abiertamente sobre si aspira o no a un tercer período como gobernante. Sin embargo, ha permitido que sus amigos financien una campaña nacional de recolección de firmas para apoyar la convocatoria de un referendo que cambie nuevamente la Constitución para permitir una segunda reelección.
Por “debajo de cuerda” Uribe fiel a su estilo politiquero ha presionado a sus amigos en el Congreso para que le aprueben simultáneamente el Referendo de la reelección y las reformas política y judicial.

Si el Congreso aprueba el referendo y luego la Corte Constitucional lo declara ajustado a la legalidad, la votación del mismo debe registrar un número no inferior a los 7 millones de electores para que se considere válida la decisión tomada con ese acto político.

Todo este complejo proceso sumirá, llevará al país a una polarización aún más extrema de la que se vive hoy en día y prácticamente paralizará el debate político con miras a la campaña presidencial del 2010 , mientras se verifican todas las etapas legales para autorizar la nueva reelección.
Además, sin duda alguna una nueva reelección de Uribe como bien lo han señalado destacados medios de comunicación de los Estados Unidos es totalmente inconveniente para Colombia porque desequilibra definitivamente todos los controles y pesos constitucionales entregándole un poder casi total al presidente, lo que es ni más y menos que el comienzo de una verdadera dictadura en el país.

El presidente tendría bajo su control los organismos de vigilancia del Estado incluyendo Procuraduría, Contraloría, Fiscalía; podría nombrar una junta de bolsillo en el Banco de la República , banco que maneja muchas de las políticas económicas del Estado y aplastaría con el poder reunido los partidos y movimientos de oposición abusando , como ya lo ha demostrado, del acceso ilimitado que tiene a las cadenas de radio y de televisión que tienen los más altos índices de sintonía y de la repartición de puestos, contratos y prebendas de todo tipo en la burocracia oficial a sus amigos y aliados.

Algunos sectores empresariales no están de acuerdo con una nueva reelección del presidente y son conscientes que el proyecto conservador en política y neoliberal en economía que ellos defienden podría ser mejor liderado por otro dirigente de los partidos Uribistas , que no despierte tantos rechazos , prevenciones y tensiones políticas como las que despierta el actual presidente.

Pero algunos asesores de Uribe alientan la nueva campaña reeleccionista afirmando que no existe ningún dirigente dentro de esos partidos que pueda orientar la lucha contra la guerrilla como lo ha hecho el actual presidente poniendo en práctica la política de la Seguridad Democrática con su misma firmeza y eficacia.
En realidad tal vez Uribe con la nueva propuesta de reelección lo que estaría buscando es “atornillarse” en la silla presidencial para eludir , para evadir los procesos judiciales que seguramente deberá enfrentar de llegar las investigaciones de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares a la Corte Penal Internacional en los próximos años.

Pese a la gran popularidad del presidente en muchos sectores sociales producto del hábil manejo que ha hecho de los medios de comunicación, de la proyección de una imagen de líder fuerte y trabajador, del uso de un lenguaje paternalista y de la utilización de mecanismos demagógicos y clientelistas es difícil apostarle a que pueda conseguir los votos necesarios en el referendo para asegurarse la posibilidad de una tercera reelección.

Hay desgastes como el de la gestión económica, de los servicios sociales como el del sistema de salud privatizado por su gobierno, los escándalos de corrupción que nunca han faltado en su gobierno, que pueden de alguna manera pasarle la cuenta de cobro electoral al presidente.


CORRUPCIÓN EN EL PALACIO DE NARI

El presidente ha promovido en el congreso sendos proyectos de reformas al sistema de justicia y a la organización de los partidos políticos y la mecánica electoral presentándolas como reformas “necesarias “ para la vida institucional de la nación.
Pero las reformas presentadas distan mucho de responder a los verdaderos problemas que se registran en esos sectores. La Reforma judicial, como bien lo han declarado los magistrados de varias Cortes, no enfrenta el problema principal del sistema que es el de ofrecer una justicia pronta y eficaz al ciudadano del común, que le permita tener confianza en la acción del Estado y no apelar a las vías de hecho de la llamada Justicia Privada.

Por el contrario la Reforma presentada por el gobierno habla de cómo se eligirían los magistrados de las diferentes Cortes y algunos funcionarios del sistema judicial, quitándole, entre otras cosas, la facultad a la Corte Suprema de juzgar a los congresistas como hasta ahora venía sucediendo en una clara retaliación o venganza contra esa institución y en un claro acto de favorecimiento a los amigos políticos del presidente que hoy están siendo procesados por sus delitos. Lo peor es que el Ministro de gobierno , Fabio Valencia, quien tiene la misión de defender esa reforma en el Congreso es la persona menos indicada para hacerlo.

Su hermano, antiguo coordinador de Fiscales en el departamento de Antioquia, fue destituído del cargo tras una serie de denuncias presentadas en varios medios de comunicación que comprobaban a través de varias llamadas telefónicas la amistad íntima y los favores que el ex fiscal desde su cargo le hacía a varios miembros de la organización de narcotraficantes encabezada por “Don Mario”.

El ministro se ha negado a renunciar a su alto puesto alegando que él no tiene responsabilidades legales en este escándalo. Lo cierto es que su hermano había conservado su puesto de fiscal no gracias a sus dotes profesionales, sino a las influencias clientelistas de su hermano, el Ministro, que se han hecho célebres en el país.

Mientras se aprueba la reforma, el presidente, con la complicidad de sus aliados en el Congreso , ha ido nombrando clientelistamente como magistrados del Consejo de la Judicatura a representantes de los diversos partidos Uribistas en medio de escándalos por los antecedentes de corrupción que presentan varios de ellos. Lo más grave del asunto es que de aprobarse la Reforma serían estos magistrados del Consejo de la Judicatura quienes juzgarían en segunda instancia a los congresistas acusados de haber cometido cualquier clase de delito, entre ellos los relacionados con el paramilitarismo.

La Reforma Política defendida por el gobierno apunta , igualmente , no a democratizar y sanear la vida política del país , sino a fortalecer la coalición de partidos Uribistas que hoy controla el Congreso gracias en buena parte a las prebendas clientelistas que le entrega el presidente.

El caso de la llamada “Yidispolítica” es un buen botón de muestra de este clientelismo. La ex representante Yidis Medina, miembro del Partido Conservador , aceptó ante la Corte Suprema haber recibido puestos públicos , incluyendo una notaría y otras gabelas a cambio de haber apoyado con su voto en el Congreso la ley que permitía la reelección del presidente para el actual período 2006-2010. Yidis acusó a varios ministros, congresistas y a altos funcionarios de la presidencia de haber participado en esa “negociación”, advirtiendo que no le habían “cumplido” en todos los ofrecimientos que le habían hecho.
La Corte la condenó por el delito de cohecho a 4 años de cárcel en prisión domiciliaria y envió copias del proceso a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se iniciaran procesos contra los funcionarios comprometidos en el escándalo.

Sobra decir que los medios de comunicación amigos del Uribismo calificaron en los peores términos a la ex congresista Yidis y el propio presidente reaccionó airadamente en contra de las acusaciones a sus subalternos.

Cuando se habla de cohecho, se habla de que hay dos partes comprometidas en el delito, la que ofrece dinero y prebendas a cambio de algo ilícito y la que recibe esas prebendas. La Corte condenó a una de las partes, ahora resta que la Fiscalía y la Procuraduría siendo consecuentes con esa condena apliquen también la ley contra los ministros , ex ministros y demás funcionarios del régimen culpables de haber orquestado la compra de la reelección en el congreso.


Como para no dejar dudas sobre los métodos que utiliza el gobierno para perseguir y hacer daño a quienes considera sus enemigos, gracias a la denuncia de algunos periodistas se logró saber que en el propio Palacio de Gobierno, “el Palacio de Nari” como lo llaman algunos de esos delincuentes, se recibió a dos delegados del capo del narcotráfico y el paramilitarismo “Don Berna”, hoy extraditado a los Estados Unidos.

Estos querían ofrecerle a los secretarios de Prensa y Jurídico de la Presidencia, supuestas pruebas que confirmarían la compra de testigos que la Corte Suprema de Justicia venía haciendo para enlodar el prestigio político de Uribe, a cambio de un trato de favor para “Don Berna” con relación a su extradición.

Las tales pruebas resultaron no tener mayor consistencia, ni utilidad para el gobierno pero , sin embargo , la documentación fue filtrada en parte a medios de comunicación amigos de la presidencia y no se entregó como ordena la ley a las autoridades judiciales para realizar las investigaciones correspondientes.


MAMBRÚ SIGUE EN LA GUERRA

El triunfo político que para el presidente Uribe significó el rescate de algunos de los rehenes políticamente más valiosos que las FARC tenían en su poder como Ingrid Betancur y los tres contratistas norteamericanos, le sirvió para quitarse la presión internacional para que realizara el intercambio humanitario que exigían los guerrilleros y para seguir impulsando su estrategia militarista, guerrerista basada en la cual ha ganado popularidad ante grandes sectores de la población colombiana.

Desgraciadamente tras la liberación de estos secuestrados ha cesado el ruido en los medios de comunicación sobre este tema y el gobierno ha aprovechado ese silencio para descartar cualquier mediación de paz internacional con las FARC. Los cientos de secuestrados que siguen en poder de los grupos insurgentes han vuelto a quedar en un limbo , librados a su propia suerte para obtener la libertad.

Tras el operativo de rescate exitoso que el gobierno quiso presentar como perfecto y ejemplar se esconden muchas verdades poco presentables que poco a poco se están sabiendo. Por ejemplo se ha confirmado que los militares colombianos usaron abusivamente los símbolos de la Cruz Roja Internacional para engañar a los guerrilleros, abuso que es castigado por el Derecho Internacional Humanitario.

Así mismo se usaron logotipos de canales de televisión como el Canal Chavista venezolano “Tevesur” y de ONG´s Españolas para completar el engaño.
También se habla de gruesas sumas de dinero entregadas a algunos desertores de la guerrilla para garantizar el éxito de la operación.

Por ahora lo cierto es que el presidente ha aprovechado este triunfo para continuar los operativos militares con el ánimo de derrotar completamente a la guerrilla de las FARC. Este grupo en meses recientes ha tenido una serie de fracasos que señalan su debilitamiento en muchas zonas del país. Estos fracasos incluyen la muerte de su segundo líder Raúl Reyes en el operativo que el ejército colombiano realizó en territorio del Ecuador y que originó una gravísima crisis diplomática con ese país que todavía no se soluciona , la pérdida de varios comandantes regionales claves en ataques de las Fuerzas Armadas oficiales, la muerte por enfermedad de su máximo líder Manuel Marulanda y el rescate de los secuestrados políticamente más valiosos que esta guerrilla tenía en su poder.

Si bien las FARC están debilitadas y algunos de sus frentes o batallones de combate se encuentran diezmados , es muy aventurado decir como lo afirman algunos voceros oficiales que está prácticamente derrotada. En algunas regiones continua teniendo influencia y control territorial y esta realidad presagia o anuncia la continuación de la guerra en un largo desgaste de sangre y muerte para la población civil.

La sensatez, el realismo político, impondrían la búsqueda de una solución negociada al conflicto, pero el gobierno ha rechazado de plano esta posibilidad y, más aún , ha presionado a la Fiscalía para que inicie un proceso judicial llamado por los medios “la Farcpolítica” . Este proceso está basado en los supuestos mensajes hallados en los computadores de Raúl Reyes y pretende antes que nada castigar a las personas que se atrevieron a hacer gestiones de paz ante esa guerrilla.

Han sido acusados de complicidad con las FARC personas como el ex candidato Alvaro Leyva, el periodista Carlos Lozano , la senadora Piedad Córdoba que han sido estigmatizadas y perseguidas por el presidente y sus asesores en una clara muestra de cómo el presidente entiende los procesos de paz en el país.

Para completar este panorama el segundo grupo guerrillero, ELN, desistió de seguir las conversaciones que había iniciado desde años anteriores con el gobierno al no encontrar respuestas por parte de los voceros del presidente Uribe a sus solicitudes políticas para iniciar un verdadero camino hacia la paz.


Y LA MAFIA AHÍ

En estos meses el país ha sido testigo de una serie de luchas entre diferentes organizaciones criminales vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico para hacerse al control de los negocios que han dejado a la deriva los capos o jefes extraditados a los Estados Unidos.
Han empezado a proliferar los mal llamados “ajustes de cuentas “ con asesinatos selectivos y masacres en departamentos como Córdoba, Antioquia, Sucre, Risaralda, Nariño , así como la lucha entre bandas o pandillas por el control de territorios en barriadas populares de Bogotá, Medellín, Cali , alentadas por los nuevos jefes que desean tomar el poder que tenían los antiguos capos.

Se habla de nuevos carteles en los que se mezclan el paramilitarismo y el narcotráfico sin que ya nadie pueda hacer separación alguna entre uno y otro fenómeno. Incluso varios de esos carteles u organizaciones criminales han entrado en alianzas con grupos guerrilleros en departamentos como Cauca, Nariño demostrándose así que el conflicto político militar que vive el país parece haber entrado en otra etapa más compleja y a la vez más degradada.

La complejidad de esta realidad también se reafirma cuando se descubren relaciones de apoyo y complicidad de miembros de la élite política , policial, judicial con los nuevos Señores de la guerra.

Toda esta crítica realidad demuestra que pese a lo que afirmaba el presidente el paramilitarismo no se ha desmontado y por el contrario a través de nuevas organizaciones y líderes continúa sometiendo a vastas regiones del país a su imperio de terror.

En la práctica esta situación es apenas consecuente con los intereses económicos y sociales que representa el régimen autoritario y conservador de Uribe. Son los mismos intereses que apoyados en las acciones criminales del paramilitarismo permitieron el pregonado éxito de la política gubernamental de Seguridad Democrática.

Por ejemplo, el proceso judicial por complicidad con el paramilitarismo que se anuncia en contra del General en retiro Rito Alejo del Río, comandante de la brigada de Urabá (Antioquia) cuando se logró la “pacificación “ a sangre y fuego de esa región durante la gobernación de Alvaro Uribe (1995-97) , puede ayudar a destapar la autoría intelectual o los beneficiarios políticos de esos crímenes comprometiendo a las altas autoridades del Estado.


MOVIMIENTO POPULAR

EL TURISMO, SEGÚN JOSÉ OBDULIO

El más allegado asesor del presidente, José Obdulio Gaviria, ha tenido el cinismo de negar la realidad del fenómeno del desplazamiento de millones de personas como consecuencia del conflicto social y político que se vive en el país. José Obdulio ha calificado a los desplazados como “turistas” que quieren conocer las ciudades y vivir más cómodamente en ellas. Estos “turistas “ son bastante numerosos , porque desde la década de los 80 hasta el presente suman casi 4 millones , haciendo de Colombia el segundo país del mundo con más desplazados internos o “turistas”, según un informe de las Naciones Unidas.

Los departamentos que en estos últimos años tienen mayor número de desplazados son en su orden Antioquia con 371.893, Valle con 159.565, Bolívar con 155.994. Bogotá, la capital, tiene 216.043.

Estas cifras son contundentes porque muestran como la “reorganización “de la propiedad agraria continua violentamente con la complicidad de las autoridades del Estado y el apoyo armado de organizaciones criminales. El triángulo entre terratenientes, grupos criminales y autoridades cómplices es una constante de la realidad política colombiana desde hace varios años, constante que no ha desaparecido como intentan mostrarlo los líderes del gobierno, minimizando o tratando de desfigurar problemas sociales tan dolorosos como el del desplazamiento forzado. Las oleadas de desplazados que se han presentado en departamentos como el Cauca y Nariño en estos meses son una buena muestra de esta realidad.

Esto explica que la Corte Constitucional le haya exigido al gobierno un plan de acción con medidas concretas que alivien en algo la situación de los millones de desplazados, so pena de que los funcionarios se enfrenten a destituciones y otros castigos judiciales por su inoperancia e indiferencia ante esta tragedia social.

La Ley de Justicia y Paz publicitada por el presidente como el instrumento adecuado para ofrecerle justicia, verdad y reparación a los miles de víctimas y de familiares de las víctimas del conflicto se ha quedado más que corta en sus alcances. De los millones de víctimas solo se han inscrito 147 mil para tener el derecho a una reparación económica ante el Estado. En las audiencias que la Fiscalía ha organizado para que se escuchen los testimonios de los jefes paramilitares apenas han participado 10.500 de esas víctimas y solo 2.000 cuentan con abogado que las represente en esos procesos judiciales.

Los capos del paramilitarismo , que están obligados por la ley a reparar a sus víctimas, solo han entregado propiedades por un valor de 2 millones de dólares , cuando se calcula que sus bienes suman más de 5 mil millones de dólares.


Mientras tanto en varios departamentos y en la propia capital continua el asesinato de líderes sindicales, de dirigentes indígenas y campesinos, asesinatos que son ignorados en los grandes medios de comunicación tal vez porque en varios de ellos es visible la autoría o complicidad de miembros de las fuerzas armadas y policiales.


EL POLO, CON EL POLO A TIERRA

Lucho Garzón , el ex alcalde de Bogotá, se ha convertido en una especie de francotirador dentro del partido que une a los principales sectores de izquierda del país, el Polo Democrático. En repetidas ocasiones ha declarado su inconformidad con la orientación política que le está dando al mismo su presidente Carlos Gaviria .Más aún ha manifestado que de no darse un cambio en el liderazgo en la dirección que según él le conviene al Polo preferiría salirse del partido y buscar acercamientos con otros sectores que hacen oposición al gobierno de Uribe como el Partido Liberal o los grupos que siguen al ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, al ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus o al ex gobernador del Valle , Angelino Garzón.

Lucho sostiene que el Polo tiene que unirse a las otras fuerzas de la Oposición en una gran coalición de centro izquierda que pueda hacerle contrapeso electoral al presidente Uribe o al candidato que el Uribismo presente en el 2010. De lo contrario los resultados electorales pueden ser catastróficos no solo para el Polo, sino para toda la oposición. Esto significa que los sectores de izquierda radical del Polo que según él lidera Carlos Gaviria deben ser derrotados en el próximo Congreso Nacional del Partido por los sectores moderados entre los que se cuentan los de los senadores Gustavo Petro , Jaime Dussán y Parmenio Cuellar y el que Garzón mismo orienta para que puedan darle vía libre a la coalición con el Liberalismo y otras fuerzas políticas.

Garzón puede tener razón en su planteamiento de que la Oposición tiene que ir unida en una gran coalición para el 2010, pero lo que censuran muchos sectores del Polo es el lenguaje despectivo y excluyente que utiliza para referirse al presidente del partido Carlos Gaviria y a los sectores que no están de acuerdo con su visión política . Además el ex alcalde no disimula el afán de protagonismo que tiene y que lo ha hecho incurrir en choques con sus propios aliados dentro del movimiento.

Así como Lucho critica a los sectores radicales porque según él están atados a una visión de la izquierda y de la oposición que no encaja con los nuevos tiempos de la política en el país, estos le critican los tratos y relaciones demasiado amistosas que tiene con sectores de la clase política tradicional y las actitudes demasiado complacientes que ha mostrado ante ciertas políticas de Uribe como las de la Seguridad Democrática.

En síntesis, lo que menos podría convenirle al Polo en esta coyuntura sería un rompimiento, una división que solo favorecería a los sectores que están empeñados en prolongar el proyecto Uribista para los próximos años. Quien se lance a dividir el movimiento está haciéndole el juego al modelo conservador y autoritario que lidera el presidente. El Polo debe conservar la unidad si la izquierda y los sectores progresistas aspiran a ser protagonistas en los próximos años de la vida política nacional.

Pero también es claro que sin una gran coalición de todas las fuerzas de la oposición será imposible enfrentar la maquinaria política, social, económica y clientelista que se ha formado alrededor de la figura de Uribe y que representa a todas las fuerzas empeñadas o comprometidas en perpetuar el atraso y la exclusión sociales en el país bajo uno u otro pretexto











COYUNTURA LATINOAMERICANA,
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

EN MÉXICO SE IMPONE LA LEY DEL MONTE

La guerra que el gobierno del presidente Mexicano Felipe Calderón desató contra las mafias del narcotráfico no puede ir de peor manera. Los carteles de la droga han demostrado que tienen demasiado poder, tanto que se han atrevido a desafiar a las autoridades militares y policiales con decenas de asesinatos, muchos de los cuales han sido cometidos contra miembros de las agencias de seguridad del Estado.

En lo corrido del año se han producido más de 3.000 asesinatos en el país y a esta suma debe agregársele el altísimo número de secuestros que se están registrando y que han convertido a México en la nación del mundo donde ocurre el mayor número de estos delitos.

El poder de los carteles y de la delincuencia en general está basado en buena parte en las redes de corrupción que estos grupos han creado y que comprometen a sectores policiales, militares , judiciales, políticos y periodísticos por igual. No en vano las mafias mexicanas se han convertido en los socios dominantes dentro del negocio de la exportación de cocaína en los Estados Unidos , en el que también están comprometidos organizaciones criminales colombianas y centroamericanas lo que les ha aumentado los capitales financieros con que cuentan para defender sus imperios mafiosos.

Estados Unidos, copiando el modelo puesto en práctica en Colombia, ha diseñado un plan de ayuda al gobierno mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico, que comprende desde la creación de grupos especializados en el Ejército y en la Policía, hasta la extradición de los capos o jefes mexicanos que sean capturados. Pero pocos le apuestan al éxito de este modelo, entre otras cosas, porque el propio gobierno de Calderón está muy cuestionado por sectores sociales que apoyaron en la pasada campaña al opositor izquierdista Andrés Manuel López y siguen creyendo que hubo fraude en el resultado final de esas votaciones.

El gobierno, el Congreso, los gobernadores de los Estados mexicanos, han firmado un pacto o acuerdo para combatir a la delincuencia en todo el país y se han registrado movilizaciones de la ciudadanía para rechazar el secuestro, pero las mismas condiciones de corrupción administrativa, desempleo , extremos de pobreza y de riqueza, se han convertido en un caldo de cultivo para que prosperen todo tipo de grupos criminales así como desgraciadamente ha sucedido en Colombia.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega enfrenta nuevas protestas de la oposición contra su gobierno. La oposición sindica al gobierno de corrupto y clientelista y de ser incapaz de poner en práctica planes de empleo y desarrollo efectivo para el país.
Ortega, de su lado, continúa firmemente la alianza con el presidente venezolano Hugo Chávez en el pacto comercial y político del “Alba”, y ahora cuenta con un nuevo aliado de este pacto en Centroamérica, el presidente Manuel Zelaya, presidente de Honduras.

Además , el presidente nicaragüense ha entrado en un agrio enfrentamiento con el gobierno colombiano por haberle concedido asilo político a las presuntas guerrilleras de las FARC que lograron salvarse de la incursión armada colombiana en territorio ecuatoriano que le costó la vida al jefe subversivo Raúl Reyes y a varios de sus compañeros. Ortega afirma que esa incursión fue un verdadero acto terrorista y a pesar de los reclamos diplomáticos de este país continua insistiendo en que es necesaria la mediación internacional para resolver el conflicto que vive Colombia.

En El Salvador se adelanta la campaña presidencial y el claro favorito es el candidato del Frente” Farabundo Martí “, Mauricio Funes. Los gobiernos conservadores que durante más de 20 años han dirigido al país no han logrado resolver ninguno de los graves problemas que sufre esa nación como el desempleo , el aumento de la criminalidad , el poder de las “maras “ o pandillas juveniles, la pobreza de grandes sectores de la población. El desgaste de la gestión del actual presidente Elías Zafra es evidente y a pesar de la campaña orquestada en los principales medios de comunicación contra Funes es muy difícil que el resultado de las elecciones del próximo año no sea favorable a la coalición de centro izquierda que lidera el “Farabundo Martí”.


ZONA ANDINA

VENEZUELA: SE AGITA EL CAÑAVERAL

Las próximas elecciones regionales serán decisivas para conocer si el pueblo venezolano continúa apoyando al gobierno del coronel Chávez a pesar del fracaso sufrido por el presidente en el pasado referendo que pretendía impulsar una serie de grandes cambios en el sistema político del país.

La campaña por las gobernaciones de los Estados y las alcaldías municipales se ha venido dando en un clima de intensa polarización entre las fuerzas que respaldan al gobierno y los sectores de oposición. En la oposición militan los grandes empresarios, las jerarquías de la Iglesia Católica, los viejos líderes de los antiguos partidos políticos y grandes capas o estratos de la clase media que influenciados por la ideología del capitalismo neoliberal y por un mal escondido sentido de discriminación social, rechazan visceralmente las políticas populistas y el lenguaje y las maneras chabacanas de Chávez y de buena parte de su equipo.

Con cierta dosis de razón acusan al gobierno de despilfarrar los recursos del Estado y de promover iniciativas sociales que terminan frustradas por la corrupción y el clientelismo. Hablan del desempleo y de la inflación en el país, pero se olvidan oportunistamente del país que le entregaron al Chavismo en 1999: Un país arruinado, saqueado por los partidos políticos tradicionales y en el que la pobreza había crecido enormemente en esa década de los años 90, con un sistema bancario en quiebra y una altísima deuda externa.

A pesar de los defectos que justamente se le señalan a la gestión de Chávez, el coronel puede mostrar programas sociales efectivos para los más pobres en salud , educación , alimentación , y un país con liderazgo y reconocimiento internacional más allá de los excesos verbales y las salidas populistas que se le critican al Coronel.
Ha despertado indignación entre los opositores el paquete de leyes habilitantes que le otorgan nuevos poderes al gobierno para regular sectores administrativos, áreas de la producción, asuntos delincuenciales como el de los secuestros, que en parte corresponden a las facultades que pedía el presidente en el Referendo que perdió y que han alimentado aún más, si se puede, la polarización política en el país.

De todas maneras hay problemas que merecerían un replanteamiento eficaz del gobierno porque conspiran en contra de su estabilidad política como el de la altísima criminalidad que se ha desatado en ciudades como Caracas, el desempleo y la inflación.

El panorama político se ha hecho más complejo con la expulsión del embajador de los Estados Unidos en el país por órdenes del Coronel Chávez, en solidaridad con el gobierno de Evo Morales en Bolivia y tras anunciarse el descubrimiento de una conspiración para asesinar al presidente en la que aparecen comprometidos militares en retiro de alta graduación.

ECUADOR: CORREA EN LA ZONA DE CANDELA

La Asamblea Constituyente terminó su tarea y ahora le corresponde al pueblo ecuatoriano la decisión de aprobar o no la nueva Constitución. Este proyecto ha sido duramente atacado por los dirigentes políticos tradicionales y por la cúpula o jerarquía de la iglesia Católica. Los unos hablan de que a través de ella se le conceden poderes dictatoriales al presidente, mientras los obispos la condenan por reconocer entre otros derechos la libertad de la mujer para abortar.

La nueva Constitución sin ser un texto perfecto consagra un grupo de derechos sociales y políticos para la población en general que representan un avance sobre los anteriores textos legales. El presidente Rafael Correa se ha jugado su prestigio para conseguir el apoyo ciudadano a este proyecto enfrentando, también, la oposición de los principales medios de comunicación.

En el plano internacional la crisis diplomática con Colombia continúa pese a las gestiones del ex presidente norteamericano Carter para mediar en el asunto. Correa exige de su colega colombiano, Alvaro Uribe, una revisión completa de las políticas sociales y de las estrategias militares que ha venido aplicando en la frontera entre los dos países, solicitud que no ha merecido respuesta satisfactoria.

La frontera entre los dos países es un verdadero polvorín porque allí se mezclan los cultivos de coca, el contrabando de armas, los desplazados y refugiados colombianos y todo tipo de grupos armados.

Otro punto importante marcado por Correa es que ha ratificado la decisión ecuatoriana de terminar la presencia de los militares de los Estados Unidos en la base de Manta, donde supuestamente se habían establecido para ayudar a combatir el narcotráfico en la región.




PERÚ: ALAN, UN MERCENARIO EN APUROS

El gobierno de Alan García que se ha puesto al servicio incondicional de los grandes empresarios y de la llamada globalización económica ,está cosechando el justo rechazo popular a esas políticas que agravan la exclusión y la pobreza en el Perú.

Múltiples protestas populares de diferentes sectores sociales se han producido en estos meses y quizás la más destacada de ellas fue la liderada por los pueblos indígenas de la Amazonia que rechazaban una ley promovida por el gobierno que permitía la compra de las tierras de esas comunidades por parte de empresarios particulares.

Mientras los índices de la gran economía muestran un país próspero en el cual los grandes propietarios y un sector de las clases medias gozan de la riqueza y del consumo, por el lado de las mayorías populares la situación no puede ser más deprimente. El desempleo y el “rebusque” mandan en el mercado laboral, en tanto más del 60% de la población se encuentra en la pobreza más absoluta.


BOLIVIA: EVO NO SE RINDE

Los referendos realizados recientemente en el país para reafirmar o destituír al presidente Evo Morales y a los prefectos o gobernadores de los departamentos dejaron varios hechos en claro. De un lado , el triunfo de Evo Morales quien obtuvo un 67% de los votos depositados como respaldo a su gestión, aumentando ese respaldo con relación a cuando fue elegido presidente ,ocasión en la que sacó un 52% .
Con esta ratificación el pueblo boliviano ha expresado que Evo Morales es el único líder nacional con que cuenta actualmente el país. Este hecho ha querido ser minimizado o distorsionado por los medios de prensa internacionales.

De otro lado, los referendos sobre los prefectos marcaron en primer término en los departamentos que se han alineado con el reclamo de autonomía administrativa como Santa Cruz, Tarija, Beni, el triunfo de esos prefectos sin que esto pueda interpretarse obligadamente como un rechazo a la gestión presidencial de Evo.

En tercer lugar, y es otro hecho que no han destacado mucho los medios de comunicación, los prefectos de dos de los departamentos más importantes, La Paz y Cochabamba, enemigos del presidente ,perdieron sus cargos.

La complejidad de la situación política ha sido aprovechada por la clase empresarial y los políticos enemigos del proyecto social y político del presidente , para impulsar a través de las campañas de apoyo a las autonomías departamentales un clima de polarización, de deterioro del orden público , que facilite conspiraciones y maniobras para derrocar al gobierno.

Todo esto se ha traducido en enfrentamientos violentos entre amigos y enemigos del gobierno nacional en los departamentos que reclaman la autonomía con un saldo de muertos, heridos que es bastante preocupante y que puede llevar a un conflicto de mayores dimensiones.

Tras todas estas maniobras se encuentran sin duda los dineros y los intereses de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Esto explica que el presidente Morales haya ordenado la expulsión del embajador de ese país acusándolo de fomentar los enfrentamientos y las divisiones en Bolivia.

En la práctica la crisis política que vive Bolivia gira alrededor de cual tipo de proyecto social se impondrá en el país: Si el proyecto de carácter comunitario, reivindicador de los pueblos indígenas que son mayoría en la nación y no alineado con el capitalismo neoliberal que lidera Morales, o el proyecto capitalista neoliberal dominado por el consumismo y el individualismo , que defienden los empresarios y sectores de clase media especialmente ubicados en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.


CONO SUR

PARAGUAY: EMPIEZA LA GALOPERA

El ex obispo Católico Fernando Lugo se posesionó como nuevo presidente del país , liderando una coalición de centro izquierda que ha desalojado del poder al Partido Colorado , agrupación conservadora que manejó a su amaño el Paraguay por más de 60 años consecutivos.
El Partido Colorado impuso en la nación un régimen corrupto , clientelista , incluso dictatorial y la herencia social que deja no puede ser peor. Paraguay es uno de los países más empobrecidos del continente con profundas desigualdades sociales y una tradición de corrupción en la administración pública. El ingreso anual por habitante es de 1802 dólares, uno de los cinco más bajos en América Latina.
Lugo entra con muchas expectativas populares a su favor y una primera promesa que hizo al posesionarse fue la de que no robaría, ni dejaría robar los dineros públicos durante su gobierno.

Se enfrenta a un Congreso dominado por la oposición, oposición que no se acostumbra a sentirse fuera del poder y que ya ha entrado a conspirar para intentar derribar el nuevo gobierno progresista. El ex presidente Nicanor Duarte y el ex general golpista Lino Oviedo fueron denunciados por el propio presidente Lugo de estar reuniéndose presuntamente para derrocarlo.
Lugo ha recibido gran solidaridad internacional y nacional ante este peligro. Su presencia oxigena , le da aire a la política paraguaya y fortalece las intensas búsquedas que los pueblos latinoamericanos están haciendo para encontrarle salidas políticas a la crisis social generada por el capitalismo neoliberal.


ARGENTINA: A CRISTINA NO LA DEJAN GOBERNAR

El enfrentamiento de la presidenta Cristina Kirchner con los empresarios agrícolas por el alza de impuestos decretada por el gobierno a las exportaciones de soya, maíz y otros productos, terminó creándole una gran crisis política a la gobernante.

Durante meses los empresarios desarrollaron paros y protestas buscando que el gobierno echara para atrás la medida. El gobierno , a su vez , alegaba que los altos precios de los cereales en los mercados internacionales justificaban el aumento de los impuestos, porque , además , los nuevos dineros recogidos servirían para financiar programas de ayuda social a los argentinos más pobres , que suman más del 35% del total de la población.

Finalmente la crisis se resolvió de manera inesperada con una votación en el Senado donde se discutía la anulación del decreto del gobierno. El propio vicepresidente del país resolvió el empate en votos que se presentaba entre los senadores votando en contra del gobierno y de la presidenta Kirchner.

Sobra decir que esta traición se convirtió en un verdadero “bombazo” para la credibilidad de la presidenta, hecho que han aprovechado al máximo los sectores conservadores de oposición, que se sienten ahora capaces de desafiar al régimen de los esposos Kirchner que hasta hace algunos meses veían como demasiado fuerte.

Tal vez el principal error del gobierno en el caso de los impuestos agrícolas fue haber intentado hacer pagar por igual esos impuestos a los pequeños y a los grandes cultivadores, no haciendo diferencia entre unos y otros. Si hubiera hecho la diferencia seguramente el frente opositor se habría debilitado.


BRASIL: LULA STAR

La economía del Brasil se ha fortalecido gracias al aumento de precios mundiales en los alimentos, en los combustibles y en minerales, de todos los cuales es uno de los principales productores mundiales. Esto ha permitido que los negocios prosperen y que haya un clima de optimismo en el país del cual ha sacado provecho político el presidente Lula.

Lula es reconocido, incluso, en los círculos políticos de los países desarrollados como uno de los líderes mundiales más prestigiosos y ha servido también para que muchos analistas conservadores lo presenten como un socialista serio con el que sí se pueden hacer negocios.
En realidad el gobierno de Lula no ha tenido nada de socialista. Es un gobierno con tintes o características progresistas pero que ha trabajado dentro del sistema capitalista buscando promover algunas reformas y programas sociales que beneficien a los sectores más empobrecidos. En este sentido sus programas han tenido impacto, aunque no todo el que se esperaba.

Brasil sigue siendo una nación con grandes diferencias sociales que arrastra lacras y problemas como la gran criminalidad urbana , el auge de las bandas asociadas al narcotráfico y la miseria extrema que golpea por lo menos a un 20% de su población.